Las preguntas más importantes de esta literatura son: ¿cómo deben ser reguladas las campañas en cuanto a dinero?¿Debe prohibir el Estado las contribuciones a las campañas políticas? ¿El financiamiento debe ser sólo público? ¿Debe haber una cantidad límite de gastos de campaña? Y la principal pregunta que todo académico que trate de resolver alguna de las anteriores se debe plantear es ¿cuál es el efecto de la propaganda y de la cantidad que se gasta en ella sobre el número de votos que recibe un candidato?
Los enfoques teóricos dominantes en este tema son dos. Uno a nivel macro que consiste en un análisis estadístico que establece una simple relación positiva, pero no significante entre gasto de campaña y votos obtenidos, y que con base en esto concluye que el que el financiamiento sea público es irrelevante. Y su rival que es el enfoque que más enfatiza este capítulo, el modelo a nivel micro que evalúa la conveniencia de la regulación de las contribuciones con base en los supuestos: los votantes son racionales, los candidatos gastan el dinero que reciben para sus campañas sólo en ellas, hay dos candidatos; uno de buena calidad y uno de mala, éstos y los grupos de presión saben cuál es cuál. Este enfoque, a su vez, se divide en otros dos. Uno donde la propaganda electoral transmite información de la calidad del candidato de forma indirecta; de modo que lo grupos de presión sólo ofrecen contribuciones al candidato de buena calidad, a cambio de que implemente cierta política. El electorado ve que sólo a uno de los dos le ofrecen contribuciones y de ahí deduce que ése es el de buena calidad y éste gana. Y otro donde la información se transmite directamente. En éste, la lógica se repite y al enterarse el electorado cuál candidato es de buena calidad, vota por él y éste gana. Así que de ambos enfoques micro se concluye que el beneficio en información que las contribuciones de campaña permiten, pueden ser menores que los costos de que el candidato tenga que prometer ciertas políticas, dependiendo de cuánto valora el electorado la calidad del candidato ganador frente a lo perjudicial de su política. Pero si el financiamiento es público, se pueden capturar las ventajas de la información y propaganda de las campañas, sin por ello recibir el perjuicio de los favores políticos prometidos.
Según el enfoque macro de este tema, deberíamos observar que en la realidad los candidatos que ganan las elecciones, no necesariamente son de partidos con grandes prepuestos para sus campañas. Es decir, que ya que el gasto no es relevante, el monto de su financiamiento no les otorga ningún tipo de ventaja y posiblemente de esto se sigue que tendríamos que observar que el monto de su presupuesto de campaña no es un tema relevante para los partidos.
Según los enfoques micro, deberíamos poder ver que en los países en que las contribuciones están prohibidas y el financiamiento es totalmente público, los candidatos que triunfan son de buena calidad y además, la población en general (el votante mediano) no ve implementadas políticas que la perjudican, pues además, no hay promesas de favores políticos. Y dado que el financiamiento público presenta tantas ventajas, deberíamos esperar que cada vez más países lo implementaran, excepto aquellos en donde las políticas que un candidato lleva a cabo son sumamente irrelevantes aun para los afectados por ellas.
El hallazgo empírico más común en este tema es que la variable gasto de campaña no es significativa en la determinación de los votos que recibe un candidato y que por ello, el financiamiento público no tiene caso. Pero es una afirmación controversial porque los enfoques micro encuentran que prohibir las contribuciones de campaña beneficia al votante mediano, pues impide que los votantes lleguen al callejón de elegir entre un buen candidato con una mala política y un candidato de mala calidad con una buena política. Por lo que el financiamiento público es muy importante ya que permite que los votantes ganen al tener más información gracias a la propaganda, sin que por ello pierdan porque el candidato de buena calidad que ganó tenga que implementar las políticas que benefician a los grupos de presión.
Los conocimientos respecto a este tema aún son muy pocos. Aún está muy pobre de teorías que traten de profundizar en el tema de cómo legislar el financiamiento y gasto de las campañas fundadas a nivel micro. Se necesita más investigación que produzca más modelos que estudien el tema como un equilibrio en una especie de juego de tres actores racionales (candidatos, grupos de presión y electorado) y que puedan sopesar los resultados en bienestar. Es decir, que pongan en una balanza los costo y los beneficios que para la población implican las diferentes legislaciones de financiamiento electoral que el país puede implementar. La pregunta más apremiante de si debemos prohibir o no las contribuciones, sigue sin ser estudiada con la amplitud necesaria y por lo tanto, sigue sin ser resuelta.
Una teoría afirma una relación positiva entre gasto de campaña y votos recibidos, pero controla bien el comportamiento de los grupos de presión y los favores que los candidatos prometen a éstos. Estos enfoques tienen como supuesto que los candidatos gastan todo lo que reciben como contribución en sus campañas. Y en general, los estimadores reportan que el gasto de campaña no es muy significante en la determinación del número de votos obtenidos y que por lo tanto, no tiene caso el financiamiento público porque la variable gasto no es muy significativa.
Bibliografía
Prat, A. 2002. “Campaign Advertising and Voter Welfare.” Review of Economic Studies 69: 997-1017.
Coate, S. 2004. “Pareto Improving Campaign Finance Policy.” American Economic Review 94:625-655.
Gerber, A. 1998. “Estimating the Effect in Campaign Spending on Senate Election Outcomes.” American Political Science Review 92: 401-411.
Levitt, S. “Policy Watch: Congressional Campaign Finance Reform.” Journal of Economic Perspectivas 9: 183-194.
Coate, S. 2004. “Political Competition with Campaign Contributions and Informative Advertising.” Journal of the European Economic ssociation 2:772-804.
Los enfoques teóricos dominantes en este tema son dos. Uno a nivel macro que consiste en un análisis estadístico que establece una simple relación positiva, pero no significante entre gasto de campaña y votos obtenidos, y que con base en esto concluye que el que el financiamiento sea público es irrelevante. Y su rival que es el enfoque que más enfatiza este capítulo, el modelo a nivel micro que evalúa la conveniencia de la regulación de las contribuciones con base en los supuestos: los votantes son racionales, los candidatos gastan el dinero que reciben para sus campañas sólo en ellas, hay dos candidatos; uno de buena calidad y uno de mala, éstos y los grupos de presión saben cuál es cuál. Este enfoque, a su vez, se divide en otros dos. Uno donde la propaganda electoral transmite información de la calidad del candidato de forma indirecta; de modo que lo grupos de presión sólo ofrecen contribuciones al candidato de buena calidad, a cambio de que implemente cierta política. El electorado ve que sólo a uno de los dos le ofrecen contribuciones y de ahí deduce que ése es el de buena calidad y éste gana. Y otro donde la información se transmite directamente. En éste, la lógica se repite y al enterarse el electorado cuál candidato es de buena calidad, vota por él y éste gana. Así que de ambos enfoques micro se concluye que el beneficio en información que las contribuciones de campaña permiten, pueden ser menores que los costos de que el candidato tenga que prometer ciertas políticas, dependiendo de cuánto valora el electorado la calidad del candidato ganador frente a lo perjudicial de su política. Pero si el financiamiento es público, se pueden capturar las ventajas de la información y propaganda de las campañas, sin por ello recibir el perjuicio de los favores políticos prometidos.
Según el enfoque macro de este tema, deberíamos observar que en la realidad los candidatos que ganan las elecciones, no necesariamente son de partidos con grandes prepuestos para sus campañas. Es decir, que ya que el gasto no es relevante, el monto de su financiamiento no les otorga ningún tipo de ventaja y posiblemente de esto se sigue que tendríamos que observar que el monto de su presupuesto de campaña no es un tema relevante para los partidos.
Según los enfoques micro, deberíamos poder ver que en los países en que las contribuciones están prohibidas y el financiamiento es totalmente público, los candidatos que triunfan son de buena calidad y además, la población en general (el votante mediano) no ve implementadas políticas que la perjudican, pues además, no hay promesas de favores políticos. Y dado que el financiamiento público presenta tantas ventajas, deberíamos esperar que cada vez más países lo implementaran, excepto aquellos en donde las políticas que un candidato lleva a cabo son sumamente irrelevantes aun para los afectados por ellas.
El hallazgo empírico más común en este tema es que la variable gasto de campaña no es significativa en la determinación de los votos que recibe un candidato y que por ello, el financiamiento público no tiene caso. Pero es una afirmación controversial porque los enfoques micro encuentran que prohibir las contribuciones de campaña beneficia al votante mediano, pues impide que los votantes lleguen al callejón de elegir entre un buen candidato con una mala política y un candidato de mala calidad con una buena política. Por lo que el financiamiento público es muy importante ya que permite que los votantes ganen al tener más información gracias a la propaganda, sin que por ello pierdan porque el candidato de buena calidad que ganó tenga que implementar las políticas que benefician a los grupos de presión.
Los conocimientos respecto a este tema aún son muy pocos. Aún está muy pobre de teorías que traten de profundizar en el tema de cómo legislar el financiamiento y gasto de las campañas fundadas a nivel micro. Se necesita más investigación que produzca más modelos que estudien el tema como un equilibrio en una especie de juego de tres actores racionales (candidatos, grupos de presión y electorado) y que puedan sopesar los resultados en bienestar. Es decir, que pongan en una balanza los costo y los beneficios que para la población implican las diferentes legislaciones de financiamiento electoral que el país puede implementar. La pregunta más apremiante de si debemos prohibir o no las contribuciones, sigue sin ser estudiada con la amplitud necesaria y por lo tanto, sigue sin ser resuelta.
Una teoría afirma una relación positiva entre gasto de campaña y votos recibidos, pero controla bien el comportamiento de los grupos de presión y los favores que los candidatos prometen a éstos. Estos enfoques tienen como supuesto que los candidatos gastan todo lo que reciben como contribución en sus campañas. Y en general, los estimadores reportan que el gasto de campaña no es muy significante en la determinación del número de votos obtenidos y que por lo tanto, no tiene caso el financiamiento público porque la variable gasto no es muy significativa.
Bibliografía
Prat, A. 2002. “Campaign Advertising and Voter Welfare.” Review of Economic Studies 69: 997-1017.
Coate, S. 2004. “Pareto Improving Campaign Finance Policy.” American Economic Review 94:625-655.
Gerber, A. 1998. “Estimating the Effect in Campaign Spending on Senate Election Outcomes.” American Political Science Review 92: 401-411.
Levitt, S. “Policy Watch: Congressional Campaign Finance Reform.” Journal of Economic Perspectivas 9: 183-194.
Coate, S. 2004. “Political Competition with Campaign Contributions and Informative Advertising.” Journal of the European Economic ssociation 2:772-804.
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