**Instituto Federal Electoral. Estudio Sobre abstencionismo. http://deceyec.ife.org.mx/estudio_sobre_abstencionismo_en_.htm
El documento disponible es un avance de una investigación promovida por el IFE. En él, se analiza el fenómeno del abstencionimso como una variable dependiente de otras variables.
El estudio tiene el objetivo de analizar el fenómeno del abstencionismo a manera de variable dependiente que estaría determinada por un amplio número de variables. Es decir, se intenta buscar las condiciones sociodemográficas, históricas y estructurales que pueden afectar los niveles de participación electoral.
En primer lugar, realiza un estudio comparado entre Estados Unidos, Chile y España, anotando las distintas variaciones existentes para explicar el abstencionismo en cada uno de estos países. El texto señala como razones del abstencionismo el hecho de que no todos los inscritos puedan votar por distintos factores. También apuntan lo ya visto en clase, que el costo de votar tiene que ver con el tiempo y esfuerzo por registrarse en el padrón, el tiempo y esfuerzo de ir a la casilla y los costos para hacerse de información para distinguir entre los candidatos.
En el caso mexicano, divide los estados en cinco grupos según su tendencia histórica al abstencionismo. De igual forma, realiza regresiones para explicar el abstencionismo según escolaridad, grupos de edad, lugar de origen (urbano, rural), ingreso.
Al término del trabajo, se establece una evaluación de las tareas del IFE sobre educación cívica y promoción del voto, y su impacto en el nivel de abstención en las elecciones de 1997. Finalmente, el artículo establece ciertas dificultades al intentar explicar el abstencionismo en México.
Nuestra primer crítica va enfocada al análisis comparativo realizado en un inicio. Las comparaciones son muy superficiales y en algunos países utiliza herramientas que en otros no. El análisis de Estados Unidos es muy grande comparado con el chileno y el español. Esto ocasiona que le falten algunos datos duros para sustentar las aseveraciones que expone.
En otro sentido, el análisis tiene errores en el análisis de algunas variables. Existe colinearidad muy marcada en al menos dos variables: ingreso y vivienda, porque a pesar de que claramente uno influye en otro (a mayor ingreso generalmente mejor tipo de vivienda), las toma como dos variables independientes y aisladas.
Por último, el objetivo de este análisis es determinar las causas de fondo del abstencionismo, mas sólo analiza el perfil del abstencionista. En algunas ocasiones los datos presentados reflejan más de lo que el autor expone, por lo que quizá faltó una observación más detallada de sus datos. Nos parece que este análisis es bueno en términos personales, mas le falta incluir variables globales que puedan determinar otras causas del abstencionismo, como malos gobiernos anteriores, desconfianza general en la elección o si una contienda es cerrada.
**Aguilar José Antonio, “Cultura política y capital social en México: una interpretación crítica”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/capital_social.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)
El artículo hace en primer lugar, un resumen sobre las causas a las que históricamente se le atañen la creación y formación de regímenes democráticos.
Hace una breve descripción de la investigación de Robert Putnam, cuya conclusión es que la diferencia entre el norte y sur de Italia, lugares donde el funcionamiento de la democracia es abruptamente distinta, se centra sobre la organización de redes horizontales de participación ciudadana, una condición que genera confianza en la sociedad y la hace mejorar su gobierno. Esto recibe el nombre de capital social.
Aclara que su trabajo no intentará repetir algo similar a lo hecho por Putnam por no ser su objetivo y por la ausencia de datos en México referente al tema de la asociación de individuos. Por este motivo, su análisis lo hará respaldado en una encuesta realizada en el 2001.
El artículo realiza una investigación sobre la forma de asociarse en México y propone algunas circunstancias características de la manera en que los grupos de la ciudadanía se organizan.
Destaca la necesidad de cierto nivel de desconfianza para asegurar que los derechos serán respetados y evitar un estado de naturaleza por la confianza desmedida. Establece que en una democracia, cierto grado de escepticismo dentro de la sociedad es saludable.
Sin embargo, México tiende al lado contrario al que explica la teoría sobre la asociación de las personas. Mientras para Tocqueville la asociación sirve para colaborar con el gobierno y quitar obstáculos de los caminos, en México la organización de las personas sirve para colocar trabas en el camino. Las marchas y movilizaciones son hechas para incomodar a las personas como medio de presión ante el gobierno. Igualmente señala que una gran minoría de la población (alrededor del 3%) es parte de alguna organización civil, lo cual refleja que una minoría es la que presiona al gobierno para sacar un beneficio que recae en un pequeño sector.
En otro sentido, señala que mientras para Putnam la importancia de las asociaciones es su carácter horizontal, en México la asociación es de carácter vertical, por lo que puede resultar ser perjudicial para el desarrollo del gobierno.
Finalmente establece que antes que capital social en México, debe pensarse en una reforma del sistema que permita derechos liberales efectivos.
La primera crítica se refiere al hecho de utilizar una encuesta para desprender su análisis. Si bien no hay datos en México, algunas preguntas tienen complicaciones en su formulación como para generar conclusiones tajantes. La pregunta sobre si alguna persona se encuentra asociada con la ciudadanía permite un sesgo. La mejor formulación sería plantear diversas opciones sobre colaboración en varias ramas, pues para algunos pertenecer a algo necesario (como un sindicato) quizá no lo vean como formas de asociarse.
En segundo lugar, lo que establece como capital social mal enfocado, referente a que obstruye pero no construye nos parece algo simplista. Toda marcha tiene como último fin protestar para evitar que se tomen nuevas medidas o que se mantenga el status quo, buscan obstruir para construir algo mejor.
Finalmente, establece que deben crearse derechos liberales efectivos antes de crear capital social. Sin embargo, quizá el buscar la creación de capital social fomentaría el establecimiento de derechos liberales efectivos. Son cosas que pueden buscarse paralelamente y no una como consecuencia de otra.
lunes, mayo 09, 2005
RL Reforma en el sector eléctrico nacional
Reporte crítico del articulo “Nuestra postura ante la nación, la industria eléctrica no está en venta” de José Humberto Montes de Oca Luna[1].
En este artículo se argumentan los puntos en contra de la privatización del sector eléctrico. El primer argumento afirma que la reforma eléctrica, a través de su apoyo a los permisionarios privados, genera violaciones a la Constitución y a la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y, por ende, daños al patrimonio nacional y a los recursos estratégicos del país. El segundo argumento menciona que la política de desmantelamiento de las empresas públicas del sector energético, mediante los recortes presupuéstales y el apoyo federal hacia la inversión privada, condena a éstas a padecer fuertes restricciones operativas, una mayor desaceleración de sus obras de expansión y acumulados rezagos tecnológicos en materia de modernización. A esto hay que sumar el sobreendeudamiento de las empresas públicas, la manipulación de sus estados financieros y la política fiscal depredadora que no les deja utilizar sus propios recursos. Teniendo como resultado que se vean afectados los intereses de los agentes locales, incluyendo la situación de los trabajadores.
El tercer argumento indica que no hay crisis en el sector eléctrico, que no es necesario privatizar la CFE y LFC para garantizar el abasto de energía eléctrica, y que son falsas las cifras del Gobierno. El Gobierno se obstina en favorecer, aun en contra del Estado de Derecho, los intereses particulares de las grandes empresas trasnacionales, sin tomar en cuenta que el modelo de privatización de los energéticos constituye un rotundo fracaso para los países en vías de desarrollo.
Contra-argumentos
Primero, la reforma que se busca no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad para defender los intereses soberanos del país. La reestructuración del sector eléctrico reafirma el liderazgo del gobierno, en un escenario de mayor competencia y apertura, para lograr que todos los ciudadanos se vean beneficiados. La iniciativa de reforma en nada atenta contra la soberanía, al contrario, la fortalece ya que a) se está llevando conforme a la ley —en el proceso de modificación constitucional participan tanto el legislativo como el ejecutivo y b) la reforma propuesta responde a las demandas del desarrollo económico, teniendo como regulador al gobierno.
Segundo, el gobierno federal ha manifestado que respetara los derechos de los trabajadores de la CFE y de LFC, garantizados por los contratos colectivos de trabajo y por la ley, tanto activos como jubilados. La reforma eléctrica busca mayor dinamismo en el sector, creando con esto mayores y mejores oportunidades de empleo. Además, no se contempla despido alguno de trabajadores, las condiciones laborales en el futuro escenario, serán las mismas que las que existen actualmente, ya que por disposición de la ley operará la figura de sustitución patronal.
Tercero, se menciona que no hay crisis en el sector eléctrico, como si el argumento del ejecutivo se sustente en una situación de emergencia extrema. El propósito de la reforma es justamente anticiparse a una situación que genere un estado de crisis. Así, se busca evitar que haya aumentos inesperados en la demanda, que superen nuestra capacidad de respuesta. En general, lo que se pretende es buscar soluciones necesarias para evitar la aparición de escenarios con desabasto de electricidad y con perdida de competitividad de nuestra oferta eléctrica por complicaciones en los costos o en la calidad de suministro.
[1] Pro Secretario del Trabajo en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
En este artículo se argumentan los puntos en contra de la privatización del sector eléctrico. El primer argumento afirma que la reforma eléctrica, a través de su apoyo a los permisionarios privados, genera violaciones a la Constitución y a la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y, por ende, daños al patrimonio nacional y a los recursos estratégicos del país. El segundo argumento menciona que la política de desmantelamiento de las empresas públicas del sector energético, mediante los recortes presupuéstales y el apoyo federal hacia la inversión privada, condena a éstas a padecer fuertes restricciones operativas, una mayor desaceleración de sus obras de expansión y acumulados rezagos tecnológicos en materia de modernización. A esto hay que sumar el sobreendeudamiento de las empresas públicas, la manipulación de sus estados financieros y la política fiscal depredadora que no les deja utilizar sus propios recursos. Teniendo como resultado que se vean afectados los intereses de los agentes locales, incluyendo la situación de los trabajadores.
El tercer argumento indica que no hay crisis en el sector eléctrico, que no es necesario privatizar la CFE y LFC para garantizar el abasto de energía eléctrica, y que son falsas las cifras del Gobierno. El Gobierno se obstina en favorecer, aun en contra del Estado de Derecho, los intereses particulares de las grandes empresas trasnacionales, sin tomar en cuenta que el modelo de privatización de los energéticos constituye un rotundo fracaso para los países en vías de desarrollo.
Contra-argumentos
Primero, la reforma que se busca no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad para defender los intereses soberanos del país. La reestructuración del sector eléctrico reafirma el liderazgo del gobierno, en un escenario de mayor competencia y apertura, para lograr que todos los ciudadanos se vean beneficiados. La iniciativa de reforma en nada atenta contra la soberanía, al contrario, la fortalece ya que a) se está llevando conforme a la ley —en el proceso de modificación constitucional participan tanto el legislativo como el ejecutivo y b) la reforma propuesta responde a las demandas del desarrollo económico, teniendo como regulador al gobierno.
Segundo, el gobierno federal ha manifestado que respetara los derechos de los trabajadores de la CFE y de LFC, garantizados por los contratos colectivos de trabajo y por la ley, tanto activos como jubilados. La reforma eléctrica busca mayor dinamismo en el sector, creando con esto mayores y mejores oportunidades de empleo. Además, no se contempla despido alguno de trabajadores, las condiciones laborales en el futuro escenario, serán las mismas que las que existen actualmente, ya que por disposición de la ley operará la figura de sustitución patronal.
Tercero, se menciona que no hay crisis en el sector eléctrico, como si el argumento del ejecutivo se sustente en una situación de emergencia extrema. El propósito de la reforma es justamente anticiparse a una situación que genere un estado de crisis. Así, se busca evitar que haya aumentos inesperados en la demanda, que superen nuestra capacidad de respuesta. En general, lo que se pretende es buscar soluciones necesarias para evitar la aparición de escenarios con desabasto de electricidad y con perdida de competitividad de nuestra oferta eléctrica por complicaciones en los costos o en la calidad de suministro.
[1] Pro Secretario del Trabajo en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
domingo, mayo 08, 2005
RL – Lógica de programas anti-pobreza
Jenny Guardado y Sandra Ley
Díaz-Cayeros, Alberto, “El federalismo y los límites políticos de la redistribución”, Gestión y Política Pública, Vol. 13, No. 3, 2004, pp. 663-687.
Este artículo analiza los sistemas federales y sus efectos redistributivos en los sistemas de transferencias para los casos de Brasil, México y Venezuela. Aunque nosotros estudiaremos las transferencias a municipios mediante los programas Progresa y Oportunidades, y este estudio se enfoca en las transferencia federales para los estados, el artículo resulta útil e interesante por el modelo que construido para analizar los factores políticos y económicos determinantes en las transferencias para el caso mexicano.
Tras analizar el año de 1998 en México, el autor afirma que las transferencias mexicanas no son redistributivas, sino que estaban destinadas a premiar a los bastiones políticos. Esta afirmación la hace a partir de una regresión MCO, cuyas variables independientes para cada estado son: el logaritmo del PIB, el inverso de la población, titularidad del estado (calculada mediante la estabilidad histórica de los ejecutivos estatales desde 1935), la variable PAN (estados gobernados por un gobierno de oposición en ese año) y el porcentaje de votos recibidos por el PRI. Las variables que resultan significativas para la explicación son: PIB, población y Voto, las tres con un signo positivo. El hecho de que la variable voto del PRI sea positiva y significativa sugiere que se premiaba a aquellos estados donde el partido era más fuerte. No obstante, Díaz-Cayeros acepta que no es posible distinguir los efectos atribuibles al apoyo partidario de los relacionados con dar ciertas cantidades fijas a cada estado, sin importar la población.
Si bien el argumento del artículo en general apoya nuestra hipótesis de que existen determinantes políticos en las transferencias federales, la forma en que se construyó el modelo para tal explicación, así como la forma en que se escogieron las variables es algo cuestionable. Por un lado, al elegir la variable PAN como medida de la oposición que gobernaba un estado en 1998 se omiten casos en los que el PRD estaba gobernando. Si bien los estados bajo un gobierno perredista no eran numerosos, la inclusión de esos casos podía haber explicado mejor si los gobiernos de oposición realmente recibían un trato diferente cuando se trataba de transferencias. Por otro lado, calcular la variable ‘titularidad’ mediante la estabilidad de los ejecutivos desde 1935 resulta algo cuestionable. ¿Por qué desde 1935, si es obvio que el PRI era prácticamente la única opción? Tal vez habría sido más congruente hacer el cálculo a partir de la década de los setenta u ochenta. Finalmente, la afirmación de que el PRI creó “fórmulas que, si bien parecían redistributivas, de hecho estaban encaminadas a premiar a sus bastiones” es difícil de confirmar porque es complicado medir lo “no-redistributivo”. Es probable que la lógica político-electoral en administración Zedillista fuera un factor importante en las transferencias a estados. Sin embargo, también es probable que eso no determinara todo el programa en general como para pensar que sólo se encaminaba a premiar a los estados priístas. Tal vez habría sido necesario añadir otras variables de control que ayudaran a medir el efecto que las transferencias tenían en la mejoría social de los estados, independientemente del partido del gobernador.
Díaz-Cayeros Alberto, Beatriz Magaloni y Federico Estévez, “The erosion of party hegemony, clientelism and portfolio diversification: The Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) in México”, Documento de Trabajo, Stanford University, 2004.
El artículo propone un modelo que explica las circunstancias bajo las cuales un partido en el poder recurriría al clientelismo con el fin de maximizar la cantidad de votos recibidos. El clientelismo es definido como la transferencia de bienes privados excluibles a particulares, en oposición a los bienes públicos, los cuales, una vez provistos, no son susceptible de impedir a nadie su gozo. Este artículo tiene la cualidad de simplificar, mediante el uso de una variable: el riesgo asociado al bien provisto, si se recurrirá el clientelismo o a la provisión de bienes públicos. A su vez, este riesgo está determinado por el nivel de competencia política en un municipio (si es un municipio bastión ó swing), y su nivel de desarrollo económico (modernización): a mayor competencia mayor clientelismo; a mayor desarrollo económico, mayor costo del voto, menor clientelismo.
Algunas consideraciones deben hacerse con respecto al modelo. En primer lugar, el modelo no distingue entre distintas formas de “clientelismo”, ya que existen diversas maneras de realizar transferencias de bienes privados a particulares, que varían en el nivel de “compromiso” generado hacia el partido, así como en sus efectos en la economía (distorsión de precios, etc). No es lo mismo conceder una despensa básica que un puesto público (si consideramos este como un bien privado no excluible), ya que no solo se trata de una diferencia en costos, sino en los distintos efectos que tiene para la eficiencia. Asimismo, la definición de “clientelismo” utilizada es lo suficientemente amplia como para incluir un amplio espectro de actividades. Ello dificulta la distinción entre lo que serían las políticas de un partido en el poder para promover su plataforma o programa, y las políticas que emprende con fines clientelares. No obstante, uno de los objetivos de la investigación que proponemos es hacer explícitas estas diferencias. Es necesario “ampliar” el modelo en el sentido de que además de la compra de votos, existen políticos preocupados por las distorsiones que el programa pueda tener en el economía, así como por su imagen política. Por lo tanto, existen ciertos tipos de clientelismo son preferidos sobre otros. En cuarto lugar, hay una línea muy tenue entre los bienes públicos que en teoría son “públicos”, pero cuyo acceso pudiera ser limitado a ciertos grupos (i.e. parque público cuyo acceso se logra a través de una carretera de cuota) y los bienes privados, por lo que la provisión de un bien público podría únicamente beneficiar a cierto grupo de personas. En quinto lugar, el modelo implicaría que en el extremo no le conviene al partido hegemónico proveer de bienes públicos que contribuyan al crecimiento económico, por ende este debería complementarse con el modelo del dictador olsoniano. Así, los bienes públicos, si bien encarecen el voto, aumentarían la renta del partido. El modelo es útil como punto de referencia de nuestra investigación, aunque tomando en cuenta las limitaciones anteriormente señaladas, para analizar las características del clientelismo.
Díaz-Cayeros, Alberto, “El federalismo y los límites políticos de la redistribución”, Gestión y Política Pública, Vol. 13, No. 3, 2004, pp. 663-687.
Este artículo analiza los sistemas federales y sus efectos redistributivos en los sistemas de transferencias para los casos de Brasil, México y Venezuela. Aunque nosotros estudiaremos las transferencias a municipios mediante los programas Progresa y Oportunidades, y este estudio se enfoca en las transferencia federales para los estados, el artículo resulta útil e interesante por el modelo que construido para analizar los factores políticos y económicos determinantes en las transferencias para el caso mexicano.
Tras analizar el año de 1998 en México, el autor afirma que las transferencias mexicanas no son redistributivas, sino que estaban destinadas a premiar a los bastiones políticos. Esta afirmación la hace a partir de una regresión MCO, cuyas variables independientes para cada estado son: el logaritmo del PIB, el inverso de la población, titularidad del estado (calculada mediante la estabilidad histórica de los ejecutivos estatales desde 1935), la variable PAN (estados gobernados por un gobierno de oposición en ese año) y el porcentaje de votos recibidos por el PRI. Las variables que resultan significativas para la explicación son: PIB, población y Voto, las tres con un signo positivo. El hecho de que la variable voto del PRI sea positiva y significativa sugiere que se premiaba a aquellos estados donde el partido era más fuerte. No obstante, Díaz-Cayeros acepta que no es posible distinguir los efectos atribuibles al apoyo partidario de los relacionados con dar ciertas cantidades fijas a cada estado, sin importar la población.
Si bien el argumento del artículo en general apoya nuestra hipótesis de que existen determinantes políticos en las transferencias federales, la forma en que se construyó el modelo para tal explicación, así como la forma en que se escogieron las variables es algo cuestionable. Por un lado, al elegir la variable PAN como medida de la oposición que gobernaba un estado en 1998 se omiten casos en los que el PRD estaba gobernando. Si bien los estados bajo un gobierno perredista no eran numerosos, la inclusión de esos casos podía haber explicado mejor si los gobiernos de oposición realmente recibían un trato diferente cuando se trataba de transferencias. Por otro lado, calcular la variable ‘titularidad’ mediante la estabilidad de los ejecutivos desde 1935 resulta algo cuestionable. ¿Por qué desde 1935, si es obvio que el PRI era prácticamente la única opción? Tal vez habría sido más congruente hacer el cálculo a partir de la década de los setenta u ochenta. Finalmente, la afirmación de que el PRI creó “fórmulas que, si bien parecían redistributivas, de hecho estaban encaminadas a premiar a sus bastiones” es difícil de confirmar porque es complicado medir lo “no-redistributivo”. Es probable que la lógica político-electoral en administración Zedillista fuera un factor importante en las transferencias a estados. Sin embargo, también es probable que eso no determinara todo el programa en general como para pensar que sólo se encaminaba a premiar a los estados priístas. Tal vez habría sido necesario añadir otras variables de control que ayudaran a medir el efecto que las transferencias tenían en la mejoría social de los estados, independientemente del partido del gobernador.
Díaz-Cayeros Alberto, Beatriz Magaloni y Federico Estévez, “The erosion of party hegemony, clientelism and portfolio diversification: The Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) in México”, Documento de Trabajo, Stanford University, 2004.
El artículo propone un modelo que explica las circunstancias bajo las cuales un partido en el poder recurriría al clientelismo con el fin de maximizar la cantidad de votos recibidos. El clientelismo es definido como la transferencia de bienes privados excluibles a particulares, en oposición a los bienes públicos, los cuales, una vez provistos, no son susceptible de impedir a nadie su gozo. Este artículo tiene la cualidad de simplificar, mediante el uso de una variable: el riesgo asociado al bien provisto, si se recurrirá el clientelismo o a la provisión de bienes públicos. A su vez, este riesgo está determinado por el nivel de competencia política en un municipio (si es un municipio bastión ó swing), y su nivel de desarrollo económico (modernización): a mayor competencia mayor clientelismo; a mayor desarrollo económico, mayor costo del voto, menor clientelismo.
Algunas consideraciones deben hacerse con respecto al modelo. En primer lugar, el modelo no distingue entre distintas formas de “clientelismo”, ya que existen diversas maneras de realizar transferencias de bienes privados a particulares, que varían en el nivel de “compromiso” generado hacia el partido, así como en sus efectos en la economía (distorsión de precios, etc). No es lo mismo conceder una despensa básica que un puesto público (si consideramos este como un bien privado no excluible), ya que no solo se trata de una diferencia en costos, sino en los distintos efectos que tiene para la eficiencia. Asimismo, la definición de “clientelismo” utilizada es lo suficientemente amplia como para incluir un amplio espectro de actividades. Ello dificulta la distinción entre lo que serían las políticas de un partido en el poder para promover su plataforma o programa, y las políticas que emprende con fines clientelares. No obstante, uno de los objetivos de la investigación que proponemos es hacer explícitas estas diferencias. Es necesario “ampliar” el modelo en el sentido de que además de la compra de votos, existen políticos preocupados por las distorsiones que el programa pueda tener en el economía, así como por su imagen política. Por lo tanto, existen ciertos tipos de clientelismo son preferidos sobre otros. En cuarto lugar, hay una línea muy tenue entre los bienes públicos que en teoría son “públicos”, pero cuyo acceso pudiera ser limitado a ciertos grupos (i.e. parque público cuyo acceso se logra a través de una carretera de cuota) y los bienes privados, por lo que la provisión de un bien público podría únicamente beneficiar a cierto grupo de personas. En quinto lugar, el modelo implicaría que en el extremo no le conviene al partido hegemónico proveer de bienes públicos que contribuyan al crecimiento económico, por ende este debería complementarse con el modelo del dictador olsoniano. Así, los bienes públicos, si bien encarecen el voto, aumentarían la renta del partido. El modelo es útil como punto de referencia de nuestra investigación, aunque tomando en cuenta las limitaciones anteriormente señaladas, para analizar las características del clientelismo.
martes, mayo 03, 2005
BC- APN
Miguel Bonilla, Rodrigo Riestra.
**Aguilar José Antonio, “Cultura política y capital social en México: una interpretación crítica”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/capital_social.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)
**Buendía Jorge, “Determinantes de participación electoral en México”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/determinantes_participacion.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)
**Cajas Juan, Educación cívica no formal en EE.UU. Fundaciones y ONG's, Experiencias de promoción ciudadana y participación democrática, Estudios e Investigaciones IFE, http://deceyec.ife.org.mx/educacion_civica_no_formal.pdf (1 de mayo 2005)
Para el autor, la creación de una sociedad política democrática requiere de una ciudadanía responsable y activa. Sin ella, las reformas sociales, políticas o económicas, carecen de sentido: son demasiado vulnerables.
El artículo consta de tres partes. En la primera se desarrolla una visión general sobre el origen de las ONG’s sin fines de lucro. En la segunda sección, delimita los campos de acción y el grupo de impacto en la sociedad. En la última parte, trata de rescatar lo más valioso de los casos estudiados.
Algo importante del artículo es la diferencia que marca entre el caso de la participación política y ciudadana en Estados Unidos, comparado con América Latina. Establece que la asociación entre ciudadanos en Latinoamérica muchas veces sólo hace énfasis en deberes y derechos ciudadanos, principalmente en la promoción del ejercicio del voto. El autor da a entender que quizá la costumbre de vivir en una cultura democrática, hace que en Estados Unidos ya no se hagan énfasis en estas situaciones, por las que la gente se asocia en pos de otros objetivos.
**Coleman, James, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), S95 –S120.
Este autor es uno de los primeros en utilizar el término de capital social. Término referido a la asociación de la ciudadanía para mejorar su status quo general.
La explicación utilizada por el autor es sencilla de entender: Si A se relaciona con B y cree que B en un futuro tendrá una relación recíproca con A, crea en A una expectativa y en B una obligación. Si A se relaciona con más individuos, las obligaciones y expectativas serán mayores a nivel global, lo cual ocasiona una mayor relación entre los individuos.
Explicando el capital social, se identificaron tres formas de él: obligaciones y expectativas, capacidad de informar a la estructura social y normas acompañadas de sanciones.
El capital social puede ser promovido por la familia o por la sociedad en general. La familiar es más fácil de obtener, sin embargo depende de factores que no son fácilmente controlados o promovidos a nivel global.
Si bien todas las relaciones y estructuras sociales promueven el capital social, para verdaderamente promover la relación entre las personas, se depende principalmente de que exista confianza en el ambiente social, para garantizar la cooperación sostenible en el tiempo.
**Grzybowsky Cándido, “Democracia, Sociedad Civil y Política en América Latina: Notas para un debate”, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, Buenos Aires, 2004.
El autor estudia lo que deben contar los países de América Latina para consolidar su democracia. Para él, con la democratización crece la sociedad civil organizada y en este proceso se produce la ampliación del espacio público y se busca la descentralización de la política.
Para el autor, la democracia se mide por el carácter de sus instituciones, por las relaciones y procesos que ella permite moldear en todas las esferas de la vida de un país.
Establece como un punto crucial en el análisis del proceso de democratización , los cambios que ocurren en la sociedad civil, entendiendo como sociedad civil el conjunto de prácticas sociales con sus relaciones, procesos, normas, valores, percepciones y actitudes, instituciones, organizaciones, formas y movimientos no encuadradas como económicas.
Una de las novedades fundamentales en la consolidación de la democracia son: la irrupción de las mujeres de forma organizada, la desigualdad étnico racial para construir nuevos organismos, el movimiento ambientalista, la búsqueda por el respeto de los derechos humanos de manera organizada, entre otras.
A ojos de este autor, el cisma entre gobiernos y sociedad civil ocurrió no por un distanciamento de la sociedad civil, sino porque el poder estatal se ha olvidado de su base real en la sociedad.
En América Latina, la base de la mayoría de las ONG es producto de una tensión política, en búsqueda por mayor participación y representatividad. Esto permite una conexión entre democracia participativa y representativa.
**Información Oficial de las APN. Instituto Federal Electoral. “Agrupaciones Políticas Nacionales”, http://www.ife.org.mx/InternetCDA/AgrupacionesPoliticas/index.jsp.
De esta página pretendemos tomar la parte más amplia de nuestra investigación. Esta página incluye directorio de las APN, requisitos para constituirse como APN, fiscalización a las APN, financiamiento por parte del Estado, así como requisitos para evaluar el contenido de sus trabajos.
**Instituto Federal Electoral. Estudio Sobre abstencionismo. http://deceyec.ife.org.mx/estudio_sobre_abstencionismo_en_.htm
El documento disponible es un avance de una investigación promovida por el IFE. En él, se analiza el fenómeno del abstencionimso como una variable dependiente de otras variables.
El estudio tiene el objetivo de analizar el fenómeno del abstencionismo a manera de variable dependiente que estaría determinada por un amplio número de variables. Es decir, se intenta buscar las condiciones sociodemográficas, históricas y estructurales que pueden afectar los niveles de participación electoral.
En primer lugar, realiza un estudio comparado entre Estados Unidos, Chile y España, anotando las distintas variaciones existentes para explicar el abstencionismo en cada uno de estos países. El texto señala como razones del abstencionismo el hecho de que no todos los inscritos puedan votar por distintos factores. También apuntan lo ya visto en clase, que el costo de votar tiene que ver con el tiempo y esfuerzo por registrarse en el padrón, el tiempo y esfuerzo de ir a la casilla y los costos para hacerse de información para distinguir entre los candidatos.
En el caso mexicano, divide los estados en cinco grupos según su tendencia histórica al abstencionismo. De igual forma, realiza regresiones para explicar el abstencionismo según escolaridad, grupos de edad, lugar de origen (urbano, rural).
Al término del trabajo, se establece una evaluación de las tareas del IFE sobre educación cívica y promoción del voto, y su impacto en el nivel de abstención en las elecciones de 1997. Finalmente, el artículo establece ciertas dificultades al intentar explicar el abstencionismo en México.
**Buendía Jorge, “Determinantes de participación electoral en México”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/determinantes_participacion.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)
**Cajas Juan, Educación cívica no formal en EE.UU. Fundaciones y ONG's, Experiencias de promoción ciudadana y participación democrática, Estudios e Investigaciones IFE, http://deceyec.ife.org.mx/educacion_civica_no_formal.pdf (1 de mayo 2005)
Para el autor, la creación de una sociedad política democrática requiere de una ciudadanía responsable y activa. Sin ella, las reformas sociales, políticas o económicas, carecen de sentido: son demasiado vulnerables.
El artículo consta de tres partes. En la primera se desarrolla una visión general sobre el origen de las ONG’s sin fines de lucro. En la segunda sección, delimita los campos de acción y el grupo de impacto en la sociedad. En la última parte, trata de rescatar lo más valioso de los casos estudiados.
Algo importante del artículo es la diferencia que marca entre el caso de la participación política y ciudadana en Estados Unidos, comparado con América Latina. Establece que la asociación entre ciudadanos en Latinoamérica muchas veces sólo hace énfasis en deberes y derechos ciudadanos, principalmente en la promoción del ejercicio del voto. El autor da a entender que quizá la costumbre de vivir en una cultura democrática, hace que en Estados Unidos ya no se hagan énfasis en estas situaciones, por las que la gente se asocia en pos de otros objetivos.
**Coleman, James, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), S95 –S120.
Este autor es uno de los primeros en utilizar el término de capital social. Término referido a la asociación de la ciudadanía para mejorar su status quo general.
La explicación utilizada por el autor es sencilla de entender: Si A se relaciona con B y cree que B en un futuro tendrá una relación recíproca con A, crea en A una expectativa y en B una obligación. Si A se relaciona con más individuos, las obligaciones y expectativas serán mayores a nivel global, lo cual ocasiona una mayor relación entre los individuos.
Explicando el capital social, se identificaron tres formas de él: obligaciones y expectativas, capacidad de informar a la estructura social y normas acompañadas de sanciones.
El capital social puede ser promovido por la familia o por la sociedad en general. La familiar es más fácil de obtener, sin embargo depende de factores que no son fácilmente controlados o promovidos a nivel global.
Si bien todas las relaciones y estructuras sociales promueven el capital social, para verdaderamente promover la relación entre las personas, se depende principalmente de que exista confianza en el ambiente social, para garantizar la cooperación sostenible en el tiempo.
**Grzybowsky Cándido, “Democracia, Sociedad Civil y Política en América Latina: Notas para un debate”, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, Buenos Aires, 2004.
El autor estudia lo que deben contar los países de América Latina para consolidar su democracia. Para él, con la democratización crece la sociedad civil organizada y en este proceso se produce la ampliación del espacio público y se busca la descentralización de la política.
Para el autor, la democracia se mide por el carácter de sus instituciones, por las relaciones y procesos que ella permite moldear en todas las esferas de la vida de un país.
Establece como un punto crucial en el análisis del proceso de democratización , los cambios que ocurren en la sociedad civil, entendiendo como sociedad civil el conjunto de prácticas sociales con sus relaciones, procesos, normas, valores, percepciones y actitudes, instituciones, organizaciones, formas y movimientos no encuadradas como económicas.
Una de las novedades fundamentales en la consolidación de la democracia son: la irrupción de las mujeres de forma organizada, la desigualdad étnico racial para construir nuevos organismos, el movimiento ambientalista, la búsqueda por el respeto de los derechos humanos de manera organizada, entre otras.
A ojos de este autor, el cisma entre gobiernos y sociedad civil ocurrió no por un distanciamento de la sociedad civil, sino porque el poder estatal se ha olvidado de su base real en la sociedad.
En América Latina, la base de la mayoría de las ONG es producto de una tensión política, en búsqueda por mayor participación y representatividad. Esto permite una conexión entre democracia participativa y representativa.
**Información Oficial de las APN. Instituto Federal Electoral. “Agrupaciones Políticas Nacionales”, http://www.ife.org.mx/InternetCDA/AgrupacionesPoliticas/index.jsp.
De esta página pretendemos tomar la parte más amplia de nuestra investigación. Esta página incluye directorio de las APN, requisitos para constituirse como APN, fiscalización a las APN, financiamiento por parte del Estado, así como requisitos para evaluar el contenido de sus trabajos.
**Instituto Federal Electoral. Estudio Sobre abstencionismo. http://deceyec.ife.org.mx/estudio_sobre_abstencionismo_en_.htm
El documento disponible es un avance de una investigación promovida por el IFE. En él, se analiza el fenómeno del abstencionimso como una variable dependiente de otras variables.
El estudio tiene el objetivo de analizar el fenómeno del abstencionismo a manera de variable dependiente que estaría determinada por un amplio número de variables. Es decir, se intenta buscar las condiciones sociodemográficas, históricas y estructurales que pueden afectar los niveles de participación electoral.
En primer lugar, realiza un estudio comparado entre Estados Unidos, Chile y España, anotando las distintas variaciones existentes para explicar el abstencionismo en cada uno de estos países. El texto señala como razones del abstencionismo el hecho de que no todos los inscritos puedan votar por distintos factores. También apuntan lo ya visto en clase, que el costo de votar tiene que ver con el tiempo y esfuerzo por registrarse en el padrón, el tiempo y esfuerzo de ir a la casilla y los costos para hacerse de información para distinguir entre los candidatos.
En el caso mexicano, divide los estados en cinco grupos según su tendencia histórica al abstencionismo. De igual forma, realiza regresiones para explicar el abstencionismo según escolaridad, grupos de edad, lugar de origen (urbano, rural).
Al término del trabajo, se establece una evaluación de las tareas del IFE sobre educación cívica y promoción del voto, y su impacto en el nivel de abstención en las elecciones de 1997. Finalmente, el artículo establece ciertas dificultades al intentar explicar el abstencionismo en México.
lunes, mayo 02, 2005
BC - Ambulantaje, Rent Seeking y corrupción
Oscar Javier Garduño
Luz María González
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Bibliografía Comentada
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Ariza, Marina y Juan Manuel Ramírez (SF: 2003), “Urbanización, mercados de trabajo, y escenarios sociales en el México finisecular”, en línea: http://www.prc.utexas.edu/urbancenter/documents/ArizayRamirez51.pdf
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Este paper analiza muchos de los problemas a los que se enfrentan las ciudades en México en la actualidad. Como uno de los problemas, se encuentra el comercio informal. Debido al gran número de personas que viven del comercio informal, los autores construyeron un modelo logit para explicar las características sociodemográficas y ocupacionales que determinan la pertenencia en este sector. La visión sociológica estadística contenida en este trabajo, nos permite tener una perspectiva mucho más amplia, nos acercamos a nuestros sujetos de estudio –ambulantes y líderes de ambulantes- a través de sus características socioeconómicas. Las regresiones y los modelos demuestran que un nivel de educación bajo, una edad avanzada (a partir de los 35 y especialmente después de los 55) y no ser jefe de familia, son condiciones favorables a la selección del trabajo informal como fuente de ingreso. Basados en la Encuesta Nacional de Micronegocios, los autores afirman que actualmente el 34% de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal de la economía. En conclusión, este paper es muy útil para conocer las causas individuales para ser ambulante, y la proporción de la población que participa en la economía informal.
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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, “La economía subterránea en México”, en J. Achatan, D. Paas y A. Orsatti (comp.), El sector informal en América Latina, CIDE, 1991, pp. 297-330.
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En este artículo se define a la economía subterránea como aquella que no está registrada, o sólo parcialmente registrada, en las estadísticas oficiales. Surge y se desarrolla fundamentalmente por: altos impuestos, excesivo reglamentismo, prohibiciones administrativas y corrupción burocrática. Como resultado de este tipo de economía se genera un cuadro distorsionado de la realidad económica en las estadísticas agregadas. Consecuencia de esto es la reducida efectividad en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Por tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se propone en este trabajo conocer, aproximadamente, la magnitud de la economía subterránea "legal" en nuestro país. Para realizar esta medición el CEESP utilizó los métodos de la ecuación de demanda de efectivo y métodos del uso del insumo físico. El resultado de este trabajo es que para finales de la década de los ochentas la magnitud de la economía subterránea en México fluctuaba entre el 23% y 33% del PIB. Este estudio, primera aproximación al conocimiento del fenómeno del comercio informal, fue una exhortación a las autoridades hacendarias para distribuir más equitativamente la carga fiscal. De modo que se dieran incentivos a la economía formal como son: reducir la carga impositiva a empresas, reducir el excesivo reglamentismo, y disminuir el peso de la burocracia (vista como origen de la corrupción). En conclusión, este trabajo es un buen punto de partida para analizar cuál es la actitud de la iniciativa privada frente al problema de la economía informal, así como sus posibles soluciones.
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Daron Acemoglu, y Thierry Verdier, (Mar., 2000) “The Choice between Market Failures and Corruption” The American Economic Review, Vol. 90, No. 1 pp. 194-211.
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INEGI (2000), “Experiencias en la medición del sector informal en México”, en El mercado de valores, Año LX, agosto, edición en español, pp.18-24.
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González Ibarra, Miguel, “Política hacia el comercio informal en la Ciudad de México”, en Cabrero, Enrique (coord.) Gerencia Pública Municipal. Conceptos Básicos y Estudios de Caso, CIDE, 1999, pp. 405-440.
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El problema del ambulantaje ha existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, en las últimas dos décadas se ha incrementado debido a las sucesivas crisis económicas que afectaron los empleos regulares. En la Ciudad de México, se han intentado todo tipo de soluciones, pero difícilmente se ha llegado a acuerdos, principalmente porque el ambulantaje y la corrupción están íntimamente ligados ente ellos. A principios de los noventa, los vendedores ambulantes hicieron presión para recibir un trato justo y regular la situación en la que se encontraban. Sus métodos iban desde negociaciones con los representantes de algunas Delegaciones del Distrito Federal, hasta marchas nudistas. Por su parte, el gobierno intentó poner en marcha varios planes que incluían la negociación y la reubicación de puestos de ambulantes. La mayoría de los partidos políticos incluyó en sus plataformas electorales de 1992-1993, posibles soluciones a los conflictos con los vendedores ambulantes, casi todas eran inflexibles, e intentaba proteger a la economía formal, sin embargo, en el Distrito Federal se criticó mucho la relación entre el PRI y los ambulantes en temporada preelectoral. Por último, en 1992 se firmaron algunos acuerdos con ambulantes, aunque sin mucho éxito.
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Jusidman, Clara (1993), El sector informal en México, Cuadernos del Trabajo 2, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, D.F.
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Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer y Robert W. Vishny (May, 1993) "Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?" American Economic Review 83(2), 409-414.
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Pries, Ludger (1993), “Movilidad en el empleo: una comparación de trabajo asalariado y por cuenta propia en Puebla”, Estudios Sociológicos, 11:32, mayoagosto, pp.475-496.
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Shleifer, Andrei, y Robert W. Vishny (1993) "Corruption" Quarterly Journal of Economics 108(3), 599-617.
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Subsecretaría de Capacitación, Productividad y Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2000), “El empleo en el sector informal de la economía. Comportamiento reciente y políticas públicas en México”, en El mercado de valores, Año LX, agosto, edición en español, pp.3-17.
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Tevfik F. Nas, Albert C. Price; Charles Teber, (Mar., 1986) “A Policy-Oriented Theory of Corruption” The American Political Science Review, Vol. 80, No. 1 pp. 107-119.
BC – El costo de las políticas públicas: caso “Hoy No Circula”
Uriel Alcantara
Sofia Becerra
1. Acemoglu, Daron and Verdier, Thierry, “The Choice between Market Failures and Corruption”, The American Economic Review, Vol. 90, No.1, pp. 194-211
Para estos autores la intervención gubernamental a través de políticas públicas genera casi inevitablemente un mercado de corrupción; el gobierno es un principal que necesita transferir dinero y lo hace a través de burócratas/agentes. A través de un modelo, los autores prueban que el gobierno puede de hecho mitigar o hasta desaparecer la corrupción por medio de dos instrumentos: el tamaño de la burocracia y sus salarios. Una burocracia relativamente grande tiene el efecto de delegar cada vez menos responsabilidades en los agentes, de modo que éstos cada vez tienen menos oportunidad de ser corruptibles (piensen en el “staff” del alcoholímetro). A su vez, un salario más alto puede funcionar como incentivo para que el burócrata no sea corrupto. El problema es que ambas medidas cuestan. Si el costo de mitigar la corrupción hace que el costo de la política pública exceda al costo de la falla de mercado, puede ser que lo óptimo sea permitir un poco de corrupción (para bajar el costo de la política pública), Bajo esta lógica, y suponiendo que los burócratas son heterogéneos, puede existir un nivel “óptimo” de corrupción.
2. Becker, Gary S. and Stigler, George J. "Law Enforcement, Malfeassance and the Compensation of Enforcers" Journal of Legal Studies, January 1975, 3(1), pp.1-19
3. Onursal, B. And S.P. Gautam, Contaminación atmosférica por vehículos automotores; Experiencias recogidas en siete centros urbanos de America Latina., World Bank Technical Paper no. 373., Washington D.C., 1997.
Este libro profundiza en el problema de la contaminación del aire a causa de los contaminantes que producen los vehículos. Da una extensa descripción de las normas y medidas internacionales que se han tomado para intentar solucionar el problema. Específicamente nos interesa el capítulo que trata de la regulación estadounidense para los vehículos (qué regulación fue implementada y en qué año), para ver si pudo tener algún efecto sobre el mercado de vehículos mexicano. Así mismo el capítulo que trata específicamente sobre el caso mexicano, puede arrojar luz acerca de qué otras variables influyeron en la emisión de contaminantes de coches en el periodo que nos interesa estudiar; el estudio contiene datos acerca de la calidad de la gasolina, la inversión que se requirió para mejorarla, la cantidad de coches existente y su aumento después del programa “Hoy No Circula”, la tecnología de los catalizadores durante este periodo, las modificaciones que sufrieron los diferentes programas ecológicos a causa de sus ineficiencias originales, así como el costo monetario de los mismos y los prestamos que obtuvo el gobierno para subsanar estos costos.
4. Molina, Luisa T. and Molina, Mario J., Air Quality in the Mexico Megacity; An Integrated Assessment, Kluwer Academia Publishers, The Netherlands, 2002.
5. Nice C., David, “The Political Consequences of Political Corruption”, Political Behavior, Vol. 8, No. 3 (1986), pp. 287-295.
El documento que nos presenta David C. Nice intenta aclarar algunos puntos divergentes en la teoría sobre la corrupción y que han sido argumentados por numerosos investigadores. Por un lado encontramos la visión de que la corrupción afecta a los más pobres al socavar la eficiencia de las políticas públicas, porque al hacer más difícil el cambio del status quo (a través de sobornos a líderes de ciertos movimientos) evitan posibles mejoras a los que requieren más ayuda del gobierno. Pero el otro lado de la moneda puede ser que la corrupción ayude a solucionar problemas de dispersión y hacer más eficientes las políticas públicas a través de los agentes. Una última visión es que la corrupción aumenta los costos de las políticas y por tanto resulta en menos beneficios. Después de mostrar porqué resulta difícil medir los daños de la corrupción, analiza a través de regresiones la evidencia empírica en estados americanos, llegando a la conclusión de que no hay argumentos contundentes a favor o en contra de alguna de las opciones mencionadas.
6. Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W. “Corruption”, Quarterly Journal of Economics, August 1993, 108(3), pp. 599-618.
7. Programa para mejorar la calidad del aire en el valle de Mexico 1995-2000, Secretarìa del Medio Ambiente del Distrito Federal, México D.F., 1996.
Este documento es una publicación que contiene todo el programa vehicular proyectado para la ciudad de México del 95 al 2000. Es difícil, dada su naturaleza, extensión y terminología elaborar una revista adecuada. En general, se trata de cada uno de los programas específicos que se planeó implementar con un único fin, tener una cuenca urbana más libre de contaminantes. En primer lugar analiza las condiciones atmosféricas actuales y planea las proyectadas basándose en las normas de calidad de aire y salud ambiental tanto locales como de otros países. Posteriormente fija las metas del programa, donde las principales son: industrias limpias, vehículos más limpios, un nuevo orden urbano y transportes menos contaminantes, así como un sistema de recuperación ecológica. El apartado posterior fija las estrategias a utilizar: desde los incentivos individuales (como un aumento a algunos impuestos) hasta los empresariales, así como los costos y posibles financiamientos de cada una de las etapas del programa. Se trata en fin de un estudio muy completo creado dentro de un marco muy comprensivo de políticas públicas que termina explorando las implicaciones económicas y ecológicas de todo el programa que pretendían implantar.
Sofia Becerra
1. Acemoglu, Daron and Verdier, Thierry, “The Choice between Market Failures and Corruption”, The American Economic Review, Vol. 90, No.1, pp. 194-211
Para estos autores la intervención gubernamental a través de políticas públicas genera casi inevitablemente un mercado de corrupción; el gobierno es un principal que necesita transferir dinero y lo hace a través de burócratas/agentes. A través de un modelo, los autores prueban que el gobierno puede de hecho mitigar o hasta desaparecer la corrupción por medio de dos instrumentos: el tamaño de la burocracia y sus salarios. Una burocracia relativamente grande tiene el efecto de delegar cada vez menos responsabilidades en los agentes, de modo que éstos cada vez tienen menos oportunidad de ser corruptibles (piensen en el “staff” del alcoholímetro). A su vez, un salario más alto puede funcionar como incentivo para que el burócrata no sea corrupto. El problema es que ambas medidas cuestan. Si el costo de mitigar la corrupción hace que el costo de la política pública exceda al costo de la falla de mercado, puede ser que lo óptimo sea permitir un poco de corrupción (para bajar el costo de la política pública), Bajo esta lógica, y suponiendo que los burócratas son heterogéneos, puede existir un nivel “óptimo” de corrupción.
2. Becker, Gary S. and Stigler, George J. "Law Enforcement, Malfeassance and the Compensation of Enforcers" Journal of Legal Studies, January 1975, 3(1), pp.1-19
3. Onursal, B. And S.P. Gautam, Contaminación atmosférica por vehículos automotores; Experiencias recogidas en siete centros urbanos de America Latina., World Bank Technical Paper no. 373., Washington D.C., 1997.
Este libro profundiza en el problema de la contaminación del aire a causa de los contaminantes que producen los vehículos. Da una extensa descripción de las normas y medidas internacionales que se han tomado para intentar solucionar el problema. Específicamente nos interesa el capítulo que trata de la regulación estadounidense para los vehículos (qué regulación fue implementada y en qué año), para ver si pudo tener algún efecto sobre el mercado de vehículos mexicano. Así mismo el capítulo que trata específicamente sobre el caso mexicano, puede arrojar luz acerca de qué otras variables influyeron en la emisión de contaminantes de coches en el periodo que nos interesa estudiar; el estudio contiene datos acerca de la calidad de la gasolina, la inversión que se requirió para mejorarla, la cantidad de coches existente y su aumento después del programa “Hoy No Circula”, la tecnología de los catalizadores durante este periodo, las modificaciones que sufrieron los diferentes programas ecológicos a causa de sus ineficiencias originales, así como el costo monetario de los mismos y los prestamos que obtuvo el gobierno para subsanar estos costos.
4. Molina, Luisa T. and Molina, Mario J., Air Quality in the Mexico Megacity; An Integrated Assessment, Kluwer Academia Publishers, The Netherlands, 2002.
5. Nice C., David, “The Political Consequences of Political Corruption”, Political Behavior, Vol. 8, No. 3 (1986), pp. 287-295.
El documento que nos presenta David C. Nice intenta aclarar algunos puntos divergentes en la teoría sobre la corrupción y que han sido argumentados por numerosos investigadores. Por un lado encontramos la visión de que la corrupción afecta a los más pobres al socavar la eficiencia de las políticas públicas, porque al hacer más difícil el cambio del status quo (a través de sobornos a líderes de ciertos movimientos) evitan posibles mejoras a los que requieren más ayuda del gobierno. Pero el otro lado de la moneda puede ser que la corrupción ayude a solucionar problemas de dispersión y hacer más eficientes las políticas públicas a través de los agentes. Una última visión es que la corrupción aumenta los costos de las políticas y por tanto resulta en menos beneficios. Después de mostrar porqué resulta difícil medir los daños de la corrupción, analiza a través de regresiones la evidencia empírica en estados americanos, llegando a la conclusión de que no hay argumentos contundentes a favor o en contra de alguna de las opciones mencionadas.
6. Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W. “Corruption”, Quarterly Journal of Economics, August 1993, 108(3), pp. 599-618.
7. Programa para mejorar la calidad del aire en el valle de Mexico 1995-2000, Secretarìa del Medio Ambiente del Distrito Federal, México D.F., 1996.
Este documento es una publicación que contiene todo el programa vehicular proyectado para la ciudad de México del 95 al 2000. Es difícil, dada su naturaleza, extensión y terminología elaborar una revista adecuada. En general, se trata de cada uno de los programas específicos que se planeó implementar con un único fin, tener una cuenca urbana más libre de contaminantes. En primer lugar analiza las condiciones atmosféricas actuales y planea las proyectadas basándose en las normas de calidad de aire y salud ambiental tanto locales como de otros países. Posteriormente fija las metas del programa, donde las principales son: industrias limpias, vehículos más limpios, un nuevo orden urbano y transportes menos contaminantes, así como un sistema de recuperación ecológica. El apartado posterior fija las estrategias a utilizar: desde los incentivos individuales (como un aumento a algunos impuestos) hasta los empresariales, así como los costos y posibles financiamientos de cada una de las etapas del programa. Se trata en fin de un estudio muy completo creado dentro de un marco muy comprensivo de políticas públicas que termina explorando las implicaciones económicas y ecológicas de todo el programa que pretendían implantar.
BC- POLÍTICA ANTIDROGAS
Rodrigo Hernández Flores
Tania Hernández Gordillo
Tania Hernández Gordillo
Bagley, Bruce, “"The New Hundred Years War? US National Security and the War on Drugs in Latin America"”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 30, No.1, (Spring 1988), 161-182
_____, “"US Foreign Policy and the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure”", Journal of Interamerican Studies and World Affairs , Vol. 30, No. 2/3, Special Issue: Assessing the Americas' War on Drugs (Summer, 1988), pp. 189-212
Becker, Gary and Kevin Murphy, "A Theory of Rational Adiction", Journal of Political Economy, August, 1988, 675-700
Duke, Steven B. and Albert C. Gross, America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs, G.P Putnam's Sons, New York, 1993
Krauss, Melvyn B. and Edward P. Lazear(edit.), Searching for Alternatives, Drug Control Policy in the United States, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford California, 1991
Este libro es una compilación de 25 ensayos escritos por 33 autores reconocidos en el tema de la legislación sobre las drogas. Tiene seis apartados, de los cuales los relativos a las implicaciones económicas, los costos sociales del uso de drogas y las implicaciones legales son los que más nos interesan. Es además un libro interesante porque da visiones divergentes sobre el tema, además de que ofrece importantes datos empíricos y examina tanto la efectividad de la legislación existente en los Estados Unidos así como las posibles consecuencias de algunas propuestas sobre la despenalización.
Meier, Keneth, “"The Politics of Drug Abuse: Laws, Implementation, and Consequences"”, The Western Political Quarterly, Vol. 45, No. 1 (Mar., 1992), 41-69
Este es un estudio de Política Comparada hecho entre varios estados de EU. En este paper, el autor busca los elementos que se encuentran detrás de la implementación de políticas antidrogas en los diversos estados norteamericanos. Así, usa como variables independientes a la legislación estatal, el tamaño de la industria del alcohol y el tabaco, el tamaño de la burocracia, el tamaño de las dependencias antinarcóticos, la visibilidad de los consumidores, el partido que gobierna el estado y estadísticas de arrestos.
Miron, Jeffrey A.and Jeffrey Zwiebel, "Alcohol Consumption During Prohibition", American Economic Review, May 1991, 242-247
_____,“"The Economic Case Against Drug Prohibition”", The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, (Autumn, 1995), 175-192
Después de hacer un recuento de las políticas antidrogas vigentes, los autores llegan a la conclusión de que un libre mercado de drogas es por mucho superior a las políticas actuales de la prohibición de drogas, porque aunque puede que incremente el número de consumidores también es cierto que produciría un decremento sustancial en los efectos dañinos del uso de drogas, tales como violencia, crimen, etc. Así, lo que ellos sugieren es que los costos sociales de la prohibición son mucho mayores que los beneficios.
Model, Karyn, “"The Effect of Marijuana Decriminalization on Hospital Emergency Room. Drug Episodes: 1975-1978"”, Journal of American Statistical Association, Vol. 88, No. 423 (Sep., 1993), 137-142
En este paper Karyn analiza los resultados de la despenalización en el uso y posesión de marihuana en 12 estados de EU durante el periodo de 1975 a 1978. Para ello se revisan las estadísticas de los reportes de hospitales sobre las declaraciones de los pacientes. Lo que el autor encuentra es que la despenalización produjo un incremento en el número de los pacientes que mencionan haber consumido marihuana, pero también provocó un decremento en el número de pacientes que mencionó haber consumido drogas duras y alcohol.
United Nations, World Drug Report 2004, Office of Drugs and Crime, 2004
http://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/volume_1.pdf
Vellinga, Menno, The Political Economy of the Drug Industry, University Press of Florida, Florida, 2004
En este libro el autor describe y da un diagnóstico sobre las políticas publicas antidrogas implementadas en Colombia, Perú, Bolivia, México, EUA y Ecuador. En este libro él analiza tales políticas caso por caso y posteriormente evalúa la legislación sobre drogas en Los Países Bajos. El análisis se enfoca en los procesos de producción, la flexibilidad de las cadenas de producción y la dificultad de atacar a la oferta. Lo que el autor descubre es que dichas cadenas son muy flexibles: desde el simple agricultor los beneficios que obtiene son más altos en comparación con cualquier otro cultivo. Así, no importa qué estrategia se tome, ya sea combate, compensaciones económicas, migración, uso de pesticidas, etc., la producción siempre es capaz de mantenerse.
Young, Stephen, Maximizing Harm, Losers and Winners in the Drug War, Writer'’s Showcase (presented by Writer'’s Digest), New York, 2000
La tesis principal de este libro es que la actual política antidrogas en los Estados Unidos no sólo no está disminuyendo el consumo o la distribución, sino que además está empeorando la situación. Esto se agrava por la existencia de grupos de interés que, concientes de la situación real, hacen caso omiso de tal información y la mantienen alejada del publico. En breves capítulos, el autor da fuertes argumentos sobre la ineficiencia de la actual política, hace un balance de los ganadores y perdedores en la guerra contra las drogas, explica por qué ésta se ha mantenido si es ineficiente y finalmente hace un recuento de los grupos que combaten la actual política antidrogas así como de sus propuestas.
(De este libro hay una versión electrónica ampliada que puede ser consultada en www.maximizingharm.com)
_____, “"US Foreign Policy and the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure”", Journal of Interamerican Studies and World Affairs , Vol. 30, No. 2/3, Special Issue: Assessing the Americas' War on Drugs (Summer, 1988), pp. 189-212
Becker, Gary and Kevin Murphy, "A Theory of Rational Adiction", Journal of Political Economy, August, 1988, 675-700
Duke, Steven B. and Albert C. Gross, America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs, G.P Putnam's Sons, New York, 1993
Krauss, Melvyn B. and Edward P. Lazear(edit.), Searching for Alternatives, Drug Control Policy in the United States, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford California, 1991
Este libro es una compilación de 25 ensayos escritos por 33 autores reconocidos en el tema de la legislación sobre las drogas. Tiene seis apartados, de los cuales los relativos a las implicaciones económicas, los costos sociales del uso de drogas y las implicaciones legales son los que más nos interesan. Es además un libro interesante porque da visiones divergentes sobre el tema, además de que ofrece importantes datos empíricos y examina tanto la efectividad de la legislación existente en los Estados Unidos así como las posibles consecuencias de algunas propuestas sobre la despenalización.
Meier, Keneth, “"The Politics of Drug Abuse: Laws, Implementation, and Consequences"”, The Western Political Quarterly, Vol. 45, No. 1 (Mar., 1992), 41-69
Este es un estudio de Política Comparada hecho entre varios estados de EU. En este paper, el autor busca los elementos que se encuentran detrás de la implementación de políticas antidrogas en los diversos estados norteamericanos. Así, usa como variables independientes a la legislación estatal, el tamaño de la industria del alcohol y el tabaco, el tamaño de la burocracia, el tamaño de las dependencias antinarcóticos, la visibilidad de los consumidores, el partido que gobierna el estado y estadísticas de arrestos.
Miron, Jeffrey A.and Jeffrey Zwiebel, "Alcohol Consumption During Prohibition", American Economic Review, May 1991, 242-247
_____,“"The Economic Case Against Drug Prohibition”", The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, (Autumn, 1995), 175-192
Después de hacer un recuento de las políticas antidrogas vigentes, los autores llegan a la conclusión de que un libre mercado de drogas es por mucho superior a las políticas actuales de la prohibición de drogas, porque aunque puede que incremente el número de consumidores también es cierto que produciría un decremento sustancial en los efectos dañinos del uso de drogas, tales como violencia, crimen, etc. Así, lo que ellos sugieren es que los costos sociales de la prohibición son mucho mayores que los beneficios.
Model, Karyn, “"The Effect of Marijuana Decriminalization on Hospital Emergency Room. Drug Episodes: 1975-1978"”, Journal of American Statistical Association, Vol. 88, No. 423 (Sep., 1993), 137-142
En este paper Karyn analiza los resultados de la despenalización en el uso y posesión de marihuana en 12 estados de EU durante el periodo de 1975 a 1978. Para ello se revisan las estadísticas de los reportes de hospitales sobre las declaraciones de los pacientes. Lo que el autor encuentra es que la despenalización produjo un incremento en el número de los pacientes que mencionan haber consumido marihuana, pero también provocó un decremento en el número de pacientes que mencionó haber consumido drogas duras y alcohol.
United Nations, World Drug Report 2004, Office of Drugs and Crime, 2004
http://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/volume_1.pdf
Vellinga, Menno, The Political Economy of the Drug Industry, University Press of Florida, Florida, 2004
En este libro el autor describe y da un diagnóstico sobre las políticas publicas antidrogas implementadas en Colombia, Perú, Bolivia, México, EUA y Ecuador. En este libro él analiza tales políticas caso por caso y posteriormente evalúa la legislación sobre drogas en Los Países Bajos. El análisis se enfoca en los procesos de producción, la flexibilidad de las cadenas de producción y la dificultad de atacar a la oferta. Lo que el autor descubre es que dichas cadenas son muy flexibles: desde el simple agricultor los beneficios que obtiene son más altos en comparación con cualquier otro cultivo. Así, no importa qué estrategia se tome, ya sea combate, compensaciones económicas, migración, uso de pesticidas, etc., la producción siempre es capaz de mantenerse.
Young, Stephen, Maximizing Harm, Losers and Winners in the Drug War, Writer'’s Showcase (presented by Writer'’s Digest), New York, 2000
La tesis principal de este libro es que la actual política antidrogas en los Estados Unidos no sólo no está disminuyendo el consumo o la distribución, sino que además está empeorando la situación. Esto se agrava por la existencia de grupos de interés que, concientes de la situación real, hacen caso omiso de tal información y la mantienen alejada del publico. En breves capítulos, el autor da fuertes argumentos sobre la ineficiencia de la actual política, hace un balance de los ganadores y perdedores en la guerra contra las drogas, explica por qué ésta se ha mantenido si es ineficiente y finalmente hace un recuento de los grupos que combaten la actual política antidrogas así como de sus propuestas.
(De este libro hay una versión electrónica ampliada que puede ser consultada en www.maximizingharm.com)
BC: REFORMA ENERGETICA, AISLAMIENTO
REFORMA ENERGETICA, AISLAMIENTO
César Aguilar López
Isaac Pacheco Izquierdo
Fernández Ruiz, Jorge, La reforma energética en Derecho administrativo. Memoria del congreso internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, UNAM, México, 2005.
En este ensayo el autor explica la implementación de las reformas energéticas en México, principalmente desde las políticas neoliberales salinistas, esto con el objetivo de entender el proceso de privatización que llevó a cabo el estado mexicano para superar el estado paternalista. Posteriormente, el autor pone sobre la mesa las diversas posiciones de los grupos sociales frente al debate de la reforma energética para comprender cuáles modificaciones constitucionales pueden y han sido viables, cuáles son los beneficios y costes de cada grupo frente a cambios en la política energética. Finalmente, analiza a México en el escenario internacional para ver porque es necesaria una política energética integral, que asegure la expansión de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, lo que entraña una reestructuración orgánica y modificación radical del sistema fiscal mexicano que les permita reinvertir para dichos fines una parte razonable de sus ingresos. Este artículo resulta elemental para nuestra investigación debido a que nos permite analizar el contexto en el que se llevaron las reformas energéticas a partir del sexenio salinista, es decir, sirve de referencia para entender las circunstancias en las que se han manejado estas reformas.
Díaz, Cybele Beatriz, Un análisis de política pública para el sector eléctrico en México, ITAM, México, 2003.
Arceo, Jaime, El sector energía en México: análisis y prospectiva, Secretaría de Energía, México, 2000.
Mulás del Pozo, Pablo y Arturo Reinking Cejudo, Seminario desafíos y opciones para el sector eléctrico mexicano: Qué podemos aprender de la experiencia internacional, Programa Universitario de Energía, Coordinación de la Investigación Científica, UNAM, México, 1999.
Sánchez Ortega, Luís Aldo, La importancia de las instituciones en la regulación económica: un estudio del sector eléctrico mexicano, El Autor, México, 2004.
Caballero Urdiales, Emilio, “La reforma al sector energético de México” en Revista Energía, México, 2001.
En este ensayo, el autor explica las bases de la política energética foxista con el propósito de entender las causas de por qué no ha sido aplicable esta política. Según el autor, la propuesta del ejecutivo a favor de la reestructuración del sector eléctrico son: los requerimientos de inversión en el sector; las nuevas circunstancias tecnológicas de la generación de energía eléctrica y la experiencia internacional. Con base en estos argumentos se proponía la participación de la empresa privada en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en donde el servicio eléctrico pudiera ser vendido en condiciones de competencia a un precio que sea determinado por la oferta y la demanda. Si bien la iniciativa presidencial pretendía impulsar la competencia en el ámbito de la generación de energía eléctrica, en los procesos de transmisión y distribución de electricidad se proponía la participación privada sujeta a una estricta regulación estatal, dada la naturaleza monopólica de esas actividades, lo cual estaba en contra de los principios de soberanía nacional.
En conclusión, según el autor, la reestructuración del sector eléctrico de México tendrá éxito sí logra garantizar el suministro de energía, en la cantidad y calidad, que el crecimiento económico de México demandará durante los próximos años; si la inversión privada encuentra rentable el sector y permite liberar recursos públicos para ser asignados a otros fines sociales y productivos y sí, al mismo tiempo, los precios de la electricidad logran equipararse a los que rigen en el ámbito internacional, de tal forma que se eleve la competitividad del conjunto de las actividades económicas del país. Así, este ensayo es relevante para nuestra investigación debido a que nos aporta las herramientas necesarias para comprender globalmente la política energética foxista, y, por ende, ver porque ciertos agentes económicos, políticos y sociales no la han apoyado.
Aquino, Marco Antonio, La reforma del Sector Eléctrico Mexicano: sus restricciones económicas, políticas y organizacionales, El autor, México, 1999.
Tapia Medina, María del Rosario, Jorge A. Calderón Salazar (coord), Reforma del Sector eléctrico de México: propuestas viables y soberanas, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, México, 2002.
Apodaca Villareal, José Luis, Los energéticos en México en Revista Energía, México, 2005.
En este artículo, el autor explica el tema de los energéticos mexicanos con base en tres argumentos: marco jurídico de la expropiación de energéticos, la dependencia del gobierno federal con respecto a las empresas paraestatales encargadas de la explotación de estos recursos y la falta de eficacia por parte del estado para mostrarle a la ciudadanía los beneficios de las reformas energéticas. Esto con el objetivo de realizar una política alternativa que sea viable para construir un sector eléctrico competitivo. Así, el autor plantea una propuesta que podría implementar el gobierno federal para sacar adelante la parálisis del sector energético. El modelo alternativo se sustenta en la no privatización del sector energético, brindando al contrario, a) mejores herramientas al sector energético local (PEMEX, CFE) para que pueda competir eficientemente con el mercado extranjero que intenta establecerse en México; b) realizar una reforma estructural en el sistema fiscal con el objetivo de aumentar los incentivos para que empresarios mexicanos se integren al sector energético. Así, este ensayo es relevante para ver cuáles son los argumentos en contra de la reforma foxista, y, por ende, entender que posibles políticas pueden ser viables ajustándose a estas restricciones.
Asociación Mexicana para la Economía Energética. Congreso Nacional, La energía en México: replanteamiento de retos y oportunidades, La Asociación, México, 1996.
Tovar, Ramiro, Reforma estructural del sector eléctrico, Porrúa, México, 2000.
En esta investigación, el autor plantea que una adecuada política energética debe necesariamente cambiar el paradigma que opera en la actualidad: Tenemos el profundo convencimiento de que las señales de mercado son insuficientes como guías para enfrentar los problemas energéticos. Tal como lo ha hecho el país en otros sectores, es necesario crear verdaderos incentivos que permitan superar la curva de aprendizaje de tecnologías y promover la diversificación de actores. Como nuevo marco conceptual se proponen tres grandes ejes: 1) diversificar fuentes: aumentar la cantidad de fuentes de energía primaria disponibles para el sector energético2) promover energías y 3) política activa de ahorro energético: el uso eficiente de energía es la forma más económica de ampliar la disponibilidad del recurso. Como se puede ver esta es una propuesta encaminada a liberar el sector energético mexicano, aumentando la privatización y los beneficios de la globalización. Así, esta investigación nos sirve para comprender la otra cara de la moneda: la apertura versus proteccionismo.
César Aguilar López
Isaac Pacheco Izquierdo
Fernández Ruiz, Jorge, La reforma energética en Derecho administrativo. Memoria del congreso internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, UNAM, México, 2005.
En este ensayo el autor explica la implementación de las reformas energéticas en México, principalmente desde las políticas neoliberales salinistas, esto con el objetivo de entender el proceso de privatización que llevó a cabo el estado mexicano para superar el estado paternalista. Posteriormente, el autor pone sobre la mesa las diversas posiciones de los grupos sociales frente al debate de la reforma energética para comprender cuáles modificaciones constitucionales pueden y han sido viables, cuáles son los beneficios y costes de cada grupo frente a cambios en la política energética. Finalmente, analiza a México en el escenario internacional para ver porque es necesaria una política energética integral, que asegure la expansión de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, lo que entraña una reestructuración orgánica y modificación radical del sistema fiscal mexicano que les permita reinvertir para dichos fines una parte razonable de sus ingresos. Este artículo resulta elemental para nuestra investigación debido a que nos permite analizar el contexto en el que se llevaron las reformas energéticas a partir del sexenio salinista, es decir, sirve de referencia para entender las circunstancias en las que se han manejado estas reformas.
Díaz, Cybele Beatriz, Un análisis de política pública para el sector eléctrico en México, ITAM, México, 2003.
Arceo, Jaime, El sector energía en México: análisis y prospectiva, Secretaría de Energía, México, 2000.
Mulás del Pozo, Pablo y Arturo Reinking Cejudo, Seminario desafíos y opciones para el sector eléctrico mexicano: Qué podemos aprender de la experiencia internacional, Programa Universitario de Energía, Coordinación de la Investigación Científica, UNAM, México, 1999.
Sánchez Ortega, Luís Aldo, La importancia de las instituciones en la regulación económica: un estudio del sector eléctrico mexicano, El Autor, México, 2004.
Caballero Urdiales, Emilio, “La reforma al sector energético de México” en Revista Energía, México, 2001.
En este ensayo, el autor explica las bases de la política energética foxista con el propósito de entender las causas de por qué no ha sido aplicable esta política. Según el autor, la propuesta del ejecutivo a favor de la reestructuración del sector eléctrico son: los requerimientos de inversión en el sector; las nuevas circunstancias tecnológicas de la generación de energía eléctrica y la experiencia internacional. Con base en estos argumentos se proponía la participación de la empresa privada en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en donde el servicio eléctrico pudiera ser vendido en condiciones de competencia a un precio que sea determinado por la oferta y la demanda. Si bien la iniciativa presidencial pretendía impulsar la competencia en el ámbito de la generación de energía eléctrica, en los procesos de transmisión y distribución de electricidad se proponía la participación privada sujeta a una estricta regulación estatal, dada la naturaleza monopólica de esas actividades, lo cual estaba en contra de los principios de soberanía nacional.
En conclusión, según el autor, la reestructuración del sector eléctrico de México tendrá éxito sí logra garantizar el suministro de energía, en la cantidad y calidad, que el crecimiento económico de México demandará durante los próximos años; si la inversión privada encuentra rentable el sector y permite liberar recursos públicos para ser asignados a otros fines sociales y productivos y sí, al mismo tiempo, los precios de la electricidad logran equipararse a los que rigen en el ámbito internacional, de tal forma que se eleve la competitividad del conjunto de las actividades económicas del país. Así, este ensayo es relevante para nuestra investigación debido a que nos aporta las herramientas necesarias para comprender globalmente la política energética foxista, y, por ende, ver porque ciertos agentes económicos, políticos y sociales no la han apoyado.
Aquino, Marco Antonio, La reforma del Sector Eléctrico Mexicano: sus restricciones económicas, políticas y organizacionales, El autor, México, 1999.
Tapia Medina, María del Rosario, Jorge A. Calderón Salazar (coord), Reforma del Sector eléctrico de México: propuestas viables y soberanas, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, México, 2002.
Apodaca Villareal, José Luis, Los energéticos en México en Revista Energía, México, 2005.
En este artículo, el autor explica el tema de los energéticos mexicanos con base en tres argumentos: marco jurídico de la expropiación de energéticos, la dependencia del gobierno federal con respecto a las empresas paraestatales encargadas de la explotación de estos recursos y la falta de eficacia por parte del estado para mostrarle a la ciudadanía los beneficios de las reformas energéticas. Esto con el objetivo de realizar una política alternativa que sea viable para construir un sector eléctrico competitivo. Así, el autor plantea una propuesta que podría implementar el gobierno federal para sacar adelante la parálisis del sector energético. El modelo alternativo se sustenta en la no privatización del sector energético, brindando al contrario, a) mejores herramientas al sector energético local (PEMEX, CFE) para que pueda competir eficientemente con el mercado extranjero que intenta establecerse en México; b) realizar una reforma estructural en el sistema fiscal con el objetivo de aumentar los incentivos para que empresarios mexicanos se integren al sector energético. Así, este ensayo es relevante para ver cuáles son los argumentos en contra de la reforma foxista, y, por ende, entender que posibles políticas pueden ser viables ajustándose a estas restricciones.
Asociación Mexicana para la Economía Energética. Congreso Nacional, La energía en México: replanteamiento de retos y oportunidades, La Asociación, México, 1996.
Tovar, Ramiro, Reforma estructural del sector eléctrico, Porrúa, México, 2000.
En esta investigación, el autor plantea que una adecuada política energética debe necesariamente cambiar el paradigma que opera en la actualidad: Tenemos el profundo convencimiento de que las señales de mercado son insuficientes como guías para enfrentar los problemas energéticos. Tal como lo ha hecho el país en otros sectores, es necesario crear verdaderos incentivos que permitan superar la curva de aprendizaje de tecnologías y promover la diversificación de actores. Como nuevo marco conceptual se proponen tres grandes ejes: 1) diversificar fuentes: aumentar la cantidad de fuentes de energía primaria disponibles para el sector energético2) promover energías y 3) política activa de ahorro energético: el uso eficiente de energía es la forma más económica de ampliar la disponibilidad del recurso. Como se puede ver esta es una propuesta encaminada a liberar el sector energético mexicano, aumentando la privatización y los beneficios de la globalización. Así, esta investigación nos sirve para comprender la otra cara de la moneda: la apertura versus proteccionismo.
BC- Educación y Gasto
Roberto Martinez Barranco
Brisna Beltrán Pulido
1. Barro, Robert J., “Human Capital and Growth”, The American Economic Review, Vol. 91, No.2 (Mayo de 2001).
La educación es un factor importante porque incentiva el desarrollo tecnológico y permite que la productividad aumente, y que se desarrollen actividades más sofisticadas. Esto tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. Además, los altos índices de educación están relacionados con un descenso en la natalidad.
Aunque existe una fuerte relación entre el número de años y el crecimiento económico, no importan tanto los años que se estudien como la calidad de la educación recibida, ya que ésta es “cuantitativamente” más importante. Esto se ve reflejado en los exámenes realizados en el ámbito internacional (como el PISA) en los que los altos puntajes están relacionados con mayores tasas de crecimiento.
2. Bils, Mark y Peter J. Klenow, “Does Schooling cause Growth?”, The American Economic Review, Vol. 90, No. 5 (Diciembre de 2000).
3. Green, Edith, “Support of Higher Education: Expense or Investment?”, The Journal of Higher Education, Vol. 34, No. 6 (Junio de 1963).
http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1546%28196306%2934%3A6%3C330%3ASOHEEO%3E2.0.CO%3B2-S
La educación superior en Estados Unidos a partir de los años 60`s era tan importante como la educación secundaria debido a la rápida evolución tecnológica. Green considera que los problemas educativos que Estados Unidos enfrentaba podían ser solucionados dedicando más recursos a la educación. Señala que el gasto en alcohol, tabaco, entretenimiento y otros sectores como el militar y tecnológico (eran y) son mayores que el gasto educativo, lo que resulta insultante por lo que cree se requiere de la cooperación de las autoridades locales, federales, de los contribuyentes, y de las compañías y empresas importantes para fomentar la educación superior.
Establece que se debe de subsidiar la educación, incluso las escuelas privadas y de orientación religiosa, posiblemente a través de una exención en el pago de impuestos para que fomentaran así la investigación.
4. Guryan, Jonathan, “Does money matter? Regression-Discontinuity estimates from education finance reform inMassachusetts”, NBER Working Paper No. 8269 (May 2001)http://correo01.cide.edu/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw8269&Horde=7f8bb9558698f32accdea1693c314c77
5. Hanusheck, Eric A., “Publicly Provided Education”, NBER Working Paper Series, No. 8799 (Febrero de 2002).
http://www.nber.org/papers/w10591
La educación es importante porque contribuye al mayor ingreso y bienestar de los individuos. Puede acelera la tasa de crecimiento económica, al proveer un ambiente para la innovación científica. Por ello, la intervención gubernamental en la educación es aceptada. La eficiencia de la inversión educativa se mide, no a través del gasto sino considerando el desempeño escolar. Las habilidades cognitivas son los mejores indicadores disponibles para medir la calidad los resultados, mientras que los recursos son un estimador inadecuado.
En EUA, los recursos educativos han aumentado, sin embargo, el desempeño se ha mantenido constante durante los últimos 30 años; y a nivel internacional el monto gastado no tiene relación con el desempeño académico.
Hablar de “calidad” y “recursos” supone hablar de escuelas operando eficientemente, y usando los recursos de manera efectiva. Sin embargo, los resultados no confirman esto. Existe gran diferencia entre los profesores y las escuelas, que no son considerados al estudiar los recursos y el desempeño académico. La evidencia no dice que el dinero no importe, pero un aumento en los recursos independientemente de la mejora en el desempeño implica ineficiencia. Es necesario brindar incentivos para motivar a las escuelas y a los profesores a mejorar el desempeño de los estudiantes.
6. Jacob, Brian A., “Somr Economic Aspects of Antitrust Analysis in dynamically competitive Industries”, NBER Working Paper No. 8968 ( May 2001)
http://correo01.cide.edu/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw8968&Horde=7f8bb9558698f32accdea1693c314c77
7. Krueger, Alan B. Y Mikael Lindahl, “Education for Growth: Why and for Whom?”, Journal of Economic Literature, Vol. 39 (Diciembre de 2001).
La educación tiene efectos positivos para los individuos y la sociedad. Un mayor nivel de estudios dota a los individuos de características que les permiten aspirar a trabajos mejor remunerados. Además, existen externalidades positivas de la educación como la aceleración del desarrollo tecnológico. Aunado a esto, altos índices educativos han demostrado tener impacto en la lucha contra el crimen a largo plazo.
Por desgracia los retornos sociales de la educación son menores que los privados. El nivel educativo tan sólo sirve para enviar una señal, sin, necesariamente, aumentar la productividad. Por otra parte, para los países en vías de desarrollo y con altos niveles de desempleo, la educación puede ser económica y socialmente costosa e incluso influir negativamente en el crecimiento económico. La educación es la causa y producto del crecimiento económico. Es difícil separar el efecto de la educación en el crecimiento económico, de la mayor demanda educativa en países desarrollados.
8. Zvi Griliches, “Education, Human Capital and Growth: A Personal Perspective” NBER Working Paper Series, No. 5426 (January 1996)
http://correo01.cide.edu/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw5426&Horde=42a3a263af7a1cd7031383d495ccc201
Las diferencias en los ingresos se deben a la escolaridad. El autor considera que se debe estudiar que no haya un sesgo en esta declaración. Se debe analizar hasta que punto se debe a la escolaridad y no a factores como la habilidad nata o antecedentes familiares, que están correlacionados con la educación. Considera que la escolaridad no es una variable estrictamente exógena, y puede estar correlacionada con otros componentes que fomentan el desarrollo del capital humano y que afecta los ingresos.
La variable de la educación se valora más cuando hay un rápido cambio tecnológico, debido a que es cuando se aprecian las habilidades que ésta ayuda a desarrollar y, que debido al desarrollo tecnológico de ese momento, se están demandando.
BC- eficiencia y política fiscal
Lilian Jaimes, Israel Hernandez
1. A. Alesina and D. Rodrik, “Distributive Policies and Economic Growth” Quarterly Journal of Economics, vol. CIX, no. 436 (1994) pp.465-90
2.- Bergman, Marcelo, “La capacidad de recaudar impuestos del gobierno mexicano: ¿el tema previo a la reforma fiscal?”, Documento de trabajo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 17 p.: il. ; 28 cm.
El autor hace un análisis de la capacidad de recaudación del sistema fiscal mexicano con la finalidad de observar la viabilidad de la reforma propuesta por el presidente Vicente Fox. En México la capacidad de recaudación del gobierno es tan sólo del 11% del PIB lo cual, en comparación con otros sistemas fiscales, es mínima. Esto se atribuye principalmente a la evasión fiscal ya que la recaudación se puede explicar en gran parte por medio de los cumplimientos voluntarios. Aunado a esto la capacidad del SAT corresponde a 1 peso de los 4 que podrían ser recaudados si el proceso fuera eficiente. Frente a esta realidad, Bergman, analiza la propuesta del presidente sobre la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicamentos para incrementar en 2% del PIB la recaudación. Argumenta, tras revisar la capacidad recaudatoria de México, que para alcanzar esta cifra sería necesario incrementar la base tributaria un 25% (tomando en cuenta los niveles de evasión), cifra que no se obtendría aplicando el IVA a alimentos y medicinas. Así, la propuesta fiscal del presidente no es factible si se toman en cuenta los problemas de recaudación. Concluye de esta forma que el éxito de una reforma fiscal depende de la capacidad de aplicación de la política fiscal más que de los mecanismos económicos involucrados.
3. - R.M. Bird, Tax Policy and Economic Development, Baltimore, 1992
4. - Burgess Robin; Nicholas Stern, “Taxation and Development”, Journal of Economic
Literature, Vol. 31, No. 2. (Jun., 1993), pp. 762-830.
5.- Cotis Jean-Philippe, “What are the OECD's views about the Mexican tax reform”, Documento para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 15-Oct-2003
Este artículo sostiene que sólo una pequeña parte de la base potencial de impuestos en México, está siendo recaudada. México permanece muy por debajo en los niveles de recaudación fiscal con respecto a los países miembros de la OCDE, situación conflictiva ante las grandes necesidades de un país como México. De ahí que la tasa cero aplicada a varios productos sea muy ineficiente, para proveer de recursos al Estado y como una forma de usar los impuestos para la redistribución, inclusive. Ante el esquema actual del IVA, las personas con mayores ingresos son compensadas más en términos absolutos que las personas con menores ingresos, lo que implica una política de subsidios a los altos ingresos. Es pues necesario ampliar la base de los productos que tienen un impuesto al valor agregado, lo que incrementaría los recursos fiscales y reduciría las distorsiones causadas. La compensación a los grupos de menor ingreso será necesaria para que la ampliación de la base del IVA sea políticamente viable. Pero es apremiante que no se aparte este asunto de la agenda económica de México.
6. - Dalsgaard Thomas, “The tax system in Mexico: a need for strengthening the revenue-raising capacity”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Economics, Department Working Papers No. 233
7. - Elizondo, Carlos, “In Search of Revenue: Tax Reform in Mexico under the
Administrations of Echeverria and Salinas”, Journal of Latin American Studies, Vol. 26, No. 1. (Feb., 1994), pp. 159-190.
8.- Los impuestos en México: ¿quién y cómo se pagan?, Programa de presupuesto y Gasto Público. [En la elaboración de este documento participaron Fausto Hernández Trillo, Andrés Zamudio y Juan Pablo Guerrero Ampáran], México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. Programa de Presupuesto y Gasto Público, 2002 15 p.: il. color ; 28 cm.
Existen lineamientos generales acerca de los elementos que debe contener una buena política tributaria. Entre ellos encontramos el interferir lo menos posible en la eficiente asignación de los recursos, tener una administración sencilla y barata, ser flexible, ser un sistema progresivo y mostrar transparencia. La política fiscal mexicana por otra parte muestra un esquema legal poco consistente con incentivos para la evasión, una administración muy compleja y costosa, presenta un sinnúmero de privilegios y exenciones, es poco flexible y no permite una vinculación clara y transparente entre la contribución de la sociedad y la prestación de servicios del gobierno. En términos prácticos, la estructura fiscal mexicana en principio es una estructura progresiva, donde paga más quien más tiene. Sin embargo, hay regresividad porque el 10 por ciento más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso. Ante este esquema, una reforma fiscal debe lograr una mayor simplicidad en el sistema tributario mexicano, considerar la eliminación de varios tratamientos especiales existentes, lograr la transparencia. Cabe destacar que una reducción del IVA beneficiaría a los sectores más ricos de la población. Algunos productos con tasa cero ayudan a disminuir la regresividad de la estructura actual del IVA, pero ello no significa que no se deban revisar las exenciones de productos que no están dentro de la canasta básica.
9.- Scott Andretta, John, “La otra cara de la reforma fiscal: la equidad del gasto público”, Documento de trabajo, México : Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002
15 p. : il. ; 28 cm.
Este documento de trabajo analiza el impacto del gasto social público en los indicadores sociales y el papel de la política fiscal en este. La idea consiste en probar si al incrementar la recaudación fiscal entonces se incrementará el gasto dirigido a políticas sociales lo que se reflejará en una disminución del analfabetismo y mortalidad. De esta forma, la propuesta de Scott consiste en analizar la evolución del gasto en México en programas de salud y educación a la par de las reformas fiscales implementadas. Muestra que existe una relación entre el desarrollo humano y la calidad y eficiencia del gasto público en este rubro. Además, el gasto público efectivo puede incidir en elementos como la educación, la salud, la disminución de la desigualdad entre otros. Sin embargo, de acuerdo con Scout muchos de estos ámbitos en México no han tenido una mejoría significativa lo que cuestiona la efectividad del gasto social y la correcta redistribución del ingreso. Ante esto se mencionan cuatro factores que pudieron haber incidido: la cantidad de gasto, la inequidad en su distribución, el momento histórico, la calidad del gasto. De estos sólo la calidad del gasto puede explicar empíricamente la deficiencia del impacto del gasto en indicadores sociales. Por esto, Scott concluye que no importa tanto la recaudación fiscal si esta no se transforma en gasto social de calidad.
10.- Revilla Martínez, Eduardo, Reforma fiscal y distribución de la carga impositiva en México, México : Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002
11.- Instituto para la integración de América Latina y el Caribe
La globalización y la necesidad de una reforma fiscal en los países en desarrollo
1a ed. Buenos Aires: BID-INTAL, 2004 32p.
1. A. Alesina and D. Rodrik, “Distributive Policies and Economic Growth” Quarterly Journal of Economics, vol. CIX, no. 436 (1994) pp.465-90
2.- Bergman, Marcelo, “La capacidad de recaudar impuestos del gobierno mexicano: ¿el tema previo a la reforma fiscal?”, Documento de trabajo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 17 p.: il. ; 28 cm.
El autor hace un análisis de la capacidad de recaudación del sistema fiscal mexicano con la finalidad de observar la viabilidad de la reforma propuesta por el presidente Vicente Fox. En México la capacidad de recaudación del gobierno es tan sólo del 11% del PIB lo cual, en comparación con otros sistemas fiscales, es mínima. Esto se atribuye principalmente a la evasión fiscal ya que la recaudación se puede explicar en gran parte por medio de los cumplimientos voluntarios. Aunado a esto la capacidad del SAT corresponde a 1 peso de los 4 que podrían ser recaudados si el proceso fuera eficiente. Frente a esta realidad, Bergman, analiza la propuesta del presidente sobre la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicamentos para incrementar en 2% del PIB la recaudación. Argumenta, tras revisar la capacidad recaudatoria de México, que para alcanzar esta cifra sería necesario incrementar la base tributaria un 25% (tomando en cuenta los niveles de evasión), cifra que no se obtendría aplicando el IVA a alimentos y medicinas. Así, la propuesta fiscal del presidente no es factible si se toman en cuenta los problemas de recaudación. Concluye de esta forma que el éxito de una reforma fiscal depende de la capacidad de aplicación de la política fiscal más que de los mecanismos económicos involucrados.
3. - R.M. Bird, Tax Policy and Economic Development, Baltimore, 1992
4. - Burgess Robin; Nicholas Stern, “Taxation and Development”, Journal of Economic
Literature, Vol. 31, No. 2. (Jun., 1993), pp. 762-830.
5.- Cotis Jean-Philippe, “What are the OECD's views about the Mexican tax reform”, Documento para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 15-Oct-2003
Este artículo sostiene que sólo una pequeña parte de la base potencial de impuestos en México, está siendo recaudada. México permanece muy por debajo en los niveles de recaudación fiscal con respecto a los países miembros de la OCDE, situación conflictiva ante las grandes necesidades de un país como México. De ahí que la tasa cero aplicada a varios productos sea muy ineficiente, para proveer de recursos al Estado y como una forma de usar los impuestos para la redistribución, inclusive. Ante el esquema actual del IVA, las personas con mayores ingresos son compensadas más en términos absolutos que las personas con menores ingresos, lo que implica una política de subsidios a los altos ingresos. Es pues necesario ampliar la base de los productos que tienen un impuesto al valor agregado, lo que incrementaría los recursos fiscales y reduciría las distorsiones causadas. La compensación a los grupos de menor ingreso será necesaria para que la ampliación de la base del IVA sea políticamente viable. Pero es apremiante que no se aparte este asunto de la agenda económica de México.
6. - Dalsgaard Thomas, “The tax system in Mexico: a need for strengthening the revenue-raising capacity”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Economics, Department Working Papers No. 233
7. - Elizondo, Carlos, “In Search of Revenue: Tax Reform in Mexico under the
Administrations of Echeverria and Salinas”, Journal of Latin American Studies, Vol. 26, No. 1. (Feb., 1994), pp. 159-190.
8.- Los impuestos en México: ¿quién y cómo se pagan?, Programa de presupuesto y Gasto Público. [En la elaboración de este documento participaron Fausto Hernández Trillo, Andrés Zamudio y Juan Pablo Guerrero Ampáran], México: Centro de Investigación y Docencia Económicas. Programa de Presupuesto y Gasto Público, 2002 15 p.: il. color ; 28 cm.
Existen lineamientos generales acerca de los elementos que debe contener una buena política tributaria. Entre ellos encontramos el interferir lo menos posible en la eficiente asignación de los recursos, tener una administración sencilla y barata, ser flexible, ser un sistema progresivo y mostrar transparencia. La política fiscal mexicana por otra parte muestra un esquema legal poco consistente con incentivos para la evasión, una administración muy compleja y costosa, presenta un sinnúmero de privilegios y exenciones, es poco flexible y no permite una vinculación clara y transparente entre la contribución de la sociedad y la prestación de servicios del gobierno. En términos prácticos, la estructura fiscal mexicana en principio es una estructura progresiva, donde paga más quien más tiene. Sin embargo, hay regresividad porque el 10 por ciento más rico de la población paga el 6.5 por ciento de su ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso. Ante este esquema, una reforma fiscal debe lograr una mayor simplicidad en el sistema tributario mexicano, considerar la eliminación de varios tratamientos especiales existentes, lograr la transparencia. Cabe destacar que una reducción del IVA beneficiaría a los sectores más ricos de la población. Algunos productos con tasa cero ayudan a disminuir la regresividad de la estructura actual del IVA, pero ello no significa que no se deban revisar las exenciones de productos que no están dentro de la canasta básica.
9.- Scott Andretta, John, “La otra cara de la reforma fiscal: la equidad del gasto público”, Documento de trabajo, México : Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002
15 p. : il. ; 28 cm.
Este documento de trabajo analiza el impacto del gasto social público en los indicadores sociales y el papel de la política fiscal en este. La idea consiste en probar si al incrementar la recaudación fiscal entonces se incrementará el gasto dirigido a políticas sociales lo que se reflejará en una disminución del analfabetismo y mortalidad. De esta forma, la propuesta de Scott consiste en analizar la evolución del gasto en México en programas de salud y educación a la par de las reformas fiscales implementadas. Muestra que existe una relación entre el desarrollo humano y la calidad y eficiencia del gasto público en este rubro. Además, el gasto público efectivo puede incidir en elementos como la educación, la salud, la disminución de la desigualdad entre otros. Sin embargo, de acuerdo con Scout muchos de estos ámbitos en México no han tenido una mejoría significativa lo que cuestiona la efectividad del gasto social y la correcta redistribución del ingreso. Ante esto se mencionan cuatro factores que pudieron haber incidido: la cantidad de gasto, la inequidad en su distribución, el momento histórico, la calidad del gasto. De estos sólo la calidad del gasto puede explicar empíricamente la deficiencia del impacto del gasto en indicadores sociales. Por esto, Scott concluye que no importa tanto la recaudación fiscal si esta no se transforma en gasto social de calidad.
10.- Revilla Martínez, Eduardo, Reforma fiscal y distribución de la carga impositiva en México, México : Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002
11.- Instituto para la integración de América Latina y el Caribe
La globalización y la necesidad de una reforma fiscal en los países en desarrollo
1a ed. Buenos Aires: BID-INTAL, 2004 32p.
BC Gasto coherente con las plataformas
Arely Miranda, Rafael Solís
Cross, William & Lisa Young, “Policy Attitudes of Party Members in Canada: Evidence of Ideological Politics”, Canadian Journal of Political Science, Vol 35, No. 4 (2002), pp. 859-880.
El artículo de Cross & Young considera el nivel de importancia que tiene el modelo ideológico de los partidos políticos en el sistema partisano canadiense. Desprende cuatro preguntas: ¿Los militantes de los partidos se sienten atraídos sobre todo por las políticas de los partidos? ¿existe una estructura para las preocupaciones de los militantes? Por tanto, ¿Existe un ‘espacio de preocupaciones’ entre los partidos? Y, al medir estas preocupaciones cuando son identificadas, ¿hay cohesión dentro de los partidos? Este artículo recolecta datos de encuestas nacionales a militantes y responde a las preguntas. Concluye que el sistema de partidos canadiense en verdad está basado en ideologías y se demuestra por el trato que dan a las preocupaciones de sus militantes. Este paper es útil para nuestra propuesta porque sienta las bases para creer que la ideología es un motor lo suficientemente fuerte para que los partidos, una vez que obtienen el gobierno, proveen de funcionarios orientados hacia dicha ideología. El efecto se vería reflejado en la utilización de los recursos.
Kumar, Krishna, "International Political Party Assistance, An Overview and Analysis", Working Paper 33, Conflict Research Program (CRP), Conflict Research Unit, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, La Haya, Octubre de 2004, pp. 1-37.
La autora describe y analiza la existencia de la asistencia política internacional para partidos políticos en Estados en vías de desarrollo. La razón principal de esta ayuda es que se considera a los partidos la “semilla” de la democracia. Algunos actores de la comunidad internacional proveen de potentes herramientas a los partidos para fortalecer su existencia permanente: asistencia financiera, en especie, técnica, seminarios, talleres, especialización, investigación, etc. La proporción de esta ayuda enfrenta varios problemas. Uno de ellos es la indiferencia, o “negligencia benigna” con la que reciben la ayuda, o se posicionan frente a ella, muchos actores políticos. Finalmente, la autora propone medios para eficientar la ayuda internacional a los partidos políticos. Lo que nos importa de este paper es el argumento de que los mismos partidos son reticentes ante la ayuda que podrían recibir. Refutando nuestra hipótesis propuesta para investigación, podría pensarse que los actores rechazan la ayuda porque desde tiempos electorales no quieren comprometerse de forma real, mucho menos con el extranjero. Saben que, cuando obtuvieran el gobierno, tendrían que ser coherentes con el programa que los volvió idóneos para recibir la ayuda; la realidad es que planean organizar su gasto de otra forma que no sea la de su plataforma ‘vendida’ a los electores.
Leyden, Kevin & Stephen Borrelli, “Party Contributions and Party Unity: Can Loyalty Be Bought?”, The Western Political Quarterly, Vol. 43, No. 2 (Junio, 1990), pp. 343-365.
Lloyd, J., “How Money curses Politics”, New Statesman, Vol. 130 (Febrero 2001), pp. 14-16.
Lowery, David y William D. Berry “The Growth of Government in the United States: An Empirical Assessment of Competing Explanations”, American Journal of Political Science, Vol. 27, No. 4 (Nov. 1983), pp. 665-694.
Mizrahi, Yemile, “The Costs of Electoral Success: The Partido Acción Nacional in México” en Governing Mexico: Political Parties and Elections, Serrano, Mónica (ed.), Univeristy of London, Londres, 1988, pp. 95-113.
Mizrahi analiza los dilemas que enfrenta el PAN a medida que aumenta el electorado y sus oportunidades de ejercer puestos aumentan. Mizrahi encuentra que el crecimiento del electorado del PAN se explica parcialmente como un resultado del descontento con el gobierno y el PRI, particularmente después de la crisis económica que dejó Salinas. El redimensionamiento del partido (la re-definición de muchos de los estatutos del partido y de las regulaciones internas) inició con el propósito de acaparar el creciente electorado. También, explica cómo los empresarios, quienes otorgaban recursos monetarios y experiencia organizativa y administrativa, tuvieron un campo de maniobra amplio dentro del partido para planear, guiar y manejar campañas electorales. La autora consideró que el reto del partido era encontrar un balance entre ideología y organización de una campaña política atractiva y efectiva. Finalmente, la autora identifica que el PAN debe fortalecer el aparto político por medio de la resolución de tres dilemas: la lucha por la selección del candidato (el acomodamiento de los nuevos integrantes contra los tradicionales); las estrategias de la movilización social (definición de estrategias para mantenerse en el poder por medio de propuestas sobre programas a futuro y no sólo estrategias para ganar elecciones); las relaciones entre el partido y el gobierno (dejar de ser un partido de oposición al PRI y convertirse en un partido gobernante, con programas políticos). Como aportación a nuestra investigación, el papel de los empresarios indica cómo el gasto en políticas públicas puede no estar relacionado con la plataforma ideológica del partido, sino con los intereses de ciertos miembros preponderantes. De esta manera los panistas una vez en el gobierno pueden guiarse más por preocupaciones administrativas o que favorezcan a un sector de la población, sin tomar en cuenta al electorado que apoya al partido por su “ideología”. Además, la falta de definición de una plataforma clara en el PAN ilustra el aparato político frágil del partido. La ambigüedad en sus plataformas se traslada a una flexibilidad en la implementación de políticas, al grado de no tener un rumbo definido y ser completamente moldeable por situaciones externas (no relacionadas con las propuestas de campaña) o actores externos.
Payne, James, “Why Government Spending Grows: The ‘Socialization’ Hypothesis”, The Western Political Quarterly, Vol. 44, No. 2 (June 1991), pp. 487-508.
Payne argumenta que el gasto gubernamental aumenta debido a que todas las organizaciones gubernamentales persuaden a sus integrantes adoptar los propósitos del grupo como creencias propias (un proceso al que el autor se refiere como ‘socialización’). La hipótesis de socialización consiste en que el gasto gubernamental aumenta debido a que los funcionarios de gobierno han sido socializados y toman decisiones de acuerdo con su membresía en las organizaciones gubernamentales, en este caso a favor del gasto. Dos puntos importantes de esta hipótesis son: sino el patrón de persuasión y comunicación, y no las elecciones, inducen al legislador a aprobar ciertos programas; los legisladores creen en los programas que apoyan (comportamiento socialmente responsable). Al probar su hipótesis, el autor descubre que un mayor servicio en el gobierno está a asociado con una mayor propensión al gasto. Este estudio nos permitiría especular sobre los “gobiernos de transición” ya que en ellos existe una red de socialización definida por un partido que contrariaría a las políticas que desearía aplicar el nuevo gobierno. Nos permitiría predecir cómo crearía un elemento de conflicto o de incertidumbre sobre el nuevo gobierno bajo un partido distinto. Además, el hecho que los legisladores tengan un comportamiento socialmente responsable al apoyar los programas gubernamentales no necesariamente implica que no están motivados por futuras ventajas electorales (ya que al aplicar una política pueden estar actuando de acuerdo con su partido y a la vez buscar una ganancia personal). Por tanto, debemos tomar en cuenta para nuestra propuesta que una organización interna fuerte establecida por ‘socialización’ conduciría a la inversión en una política pública, pero por motivaciones distintas.
Partido Acción Nacional, “Proyección de Principios de Doctrina – 2002”, http://www.pan.org.mx/?P=269
Partido de la Revolución Democrática, “Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática”, (Aprobada en el VI Congreso Nacional PRD) Zacatecas, 24-28 de abril de 2001 http://www.prd.org.mx/reglamentos/principios.pdf1.
Partido Revolucionario Institucional, “XIX Asamblea, Dictamen de la Mesa Temática de ‘Declaración de Principios’” http://www.pri.org.mx/Version2004/index.html
Savage, James, Balanced Budgets and American Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1988.
Winters, Richard, “Party Control and Policy Change”, American Journal of Political Science, Vol. 20, No. 4 (Nov. 1976), pp. 597-636.
El artículo de Cross & Young considera el nivel de importancia que tiene el modelo ideológico de los partidos políticos en el sistema partisano canadiense. Desprende cuatro preguntas: ¿Los militantes de los partidos se sienten atraídos sobre todo por las políticas de los partidos? ¿existe una estructura para las preocupaciones de los militantes? Por tanto, ¿Existe un ‘espacio de preocupaciones’ entre los partidos? Y, al medir estas preocupaciones cuando son identificadas, ¿hay cohesión dentro de los partidos? Este artículo recolecta datos de encuestas nacionales a militantes y responde a las preguntas. Concluye que el sistema de partidos canadiense en verdad está basado en ideologías y se demuestra por el trato que dan a las preocupaciones de sus militantes. Este paper es útil para nuestra propuesta porque sienta las bases para creer que la ideología es un motor lo suficientemente fuerte para que los partidos, una vez que obtienen el gobierno, proveen de funcionarios orientados hacia dicha ideología. El efecto se vería reflejado en la utilización de los recursos.
Kumar, Krishna, "International Political Party Assistance, An Overview and Analysis", Working Paper 33, Conflict Research Program (CRP), Conflict Research Unit, Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, La Haya, Octubre de 2004, pp. 1-37.
La autora describe y analiza la existencia de la asistencia política internacional para partidos políticos en Estados en vías de desarrollo. La razón principal de esta ayuda es que se considera a los partidos la “semilla” de la democracia. Algunos actores de la comunidad internacional proveen de potentes herramientas a los partidos para fortalecer su existencia permanente: asistencia financiera, en especie, técnica, seminarios, talleres, especialización, investigación, etc. La proporción de esta ayuda enfrenta varios problemas. Uno de ellos es la indiferencia, o “negligencia benigna” con la que reciben la ayuda, o se posicionan frente a ella, muchos actores políticos. Finalmente, la autora propone medios para eficientar la ayuda internacional a los partidos políticos. Lo que nos importa de este paper es el argumento de que los mismos partidos son reticentes ante la ayuda que podrían recibir. Refutando nuestra hipótesis propuesta para investigación, podría pensarse que los actores rechazan la ayuda porque desde tiempos electorales no quieren comprometerse de forma real, mucho menos con el extranjero. Saben que, cuando obtuvieran el gobierno, tendrían que ser coherentes con el programa que los volvió idóneos para recibir la ayuda; la realidad es que planean organizar su gasto de otra forma que no sea la de su plataforma ‘vendida’ a los electores.
Leyden, Kevin & Stephen Borrelli, “Party Contributions and Party Unity: Can Loyalty Be Bought?”, The Western Political Quarterly, Vol. 43, No. 2 (Junio, 1990), pp. 343-365.
Lloyd, J., “How Money curses Politics”, New Statesman, Vol. 130 (Febrero 2001), pp. 14-16.
Lowery, David y William D. Berry “The Growth of Government in the United States: An Empirical Assessment of Competing Explanations”, American Journal of Political Science, Vol. 27, No. 4 (Nov. 1983), pp. 665-694.
Mizrahi, Yemile, “The Costs of Electoral Success: The Partido Acción Nacional in México” en Governing Mexico: Political Parties and Elections, Serrano, Mónica (ed.), Univeristy of London, Londres, 1988, pp. 95-113.
Mizrahi analiza los dilemas que enfrenta el PAN a medida que aumenta el electorado y sus oportunidades de ejercer puestos aumentan. Mizrahi encuentra que el crecimiento del electorado del PAN se explica parcialmente como un resultado del descontento con el gobierno y el PRI, particularmente después de la crisis económica que dejó Salinas. El redimensionamiento del partido (la re-definición de muchos de los estatutos del partido y de las regulaciones internas) inició con el propósito de acaparar el creciente electorado. También, explica cómo los empresarios, quienes otorgaban recursos monetarios y experiencia organizativa y administrativa, tuvieron un campo de maniobra amplio dentro del partido para planear, guiar y manejar campañas electorales. La autora consideró que el reto del partido era encontrar un balance entre ideología y organización de una campaña política atractiva y efectiva. Finalmente, la autora identifica que el PAN debe fortalecer el aparto político por medio de la resolución de tres dilemas: la lucha por la selección del candidato (el acomodamiento de los nuevos integrantes contra los tradicionales); las estrategias de la movilización social (definición de estrategias para mantenerse en el poder por medio de propuestas sobre programas a futuro y no sólo estrategias para ganar elecciones); las relaciones entre el partido y el gobierno (dejar de ser un partido de oposición al PRI y convertirse en un partido gobernante, con programas políticos). Como aportación a nuestra investigación, el papel de los empresarios indica cómo el gasto en políticas públicas puede no estar relacionado con la plataforma ideológica del partido, sino con los intereses de ciertos miembros preponderantes. De esta manera los panistas una vez en el gobierno pueden guiarse más por preocupaciones administrativas o que favorezcan a un sector de la población, sin tomar en cuenta al electorado que apoya al partido por su “ideología”. Además, la falta de definición de una plataforma clara en el PAN ilustra el aparato político frágil del partido. La ambigüedad en sus plataformas se traslada a una flexibilidad en la implementación de políticas, al grado de no tener un rumbo definido y ser completamente moldeable por situaciones externas (no relacionadas con las propuestas de campaña) o actores externos.
Payne, James, “Why Government Spending Grows: The ‘Socialization’ Hypothesis”, The Western Political Quarterly, Vol. 44, No. 2 (June 1991), pp. 487-508.
Payne argumenta que el gasto gubernamental aumenta debido a que todas las organizaciones gubernamentales persuaden a sus integrantes adoptar los propósitos del grupo como creencias propias (un proceso al que el autor se refiere como ‘socialización’). La hipótesis de socialización consiste en que el gasto gubernamental aumenta debido a que los funcionarios de gobierno han sido socializados y toman decisiones de acuerdo con su membresía en las organizaciones gubernamentales, en este caso a favor del gasto. Dos puntos importantes de esta hipótesis son: sino el patrón de persuasión y comunicación, y no las elecciones, inducen al legislador a aprobar ciertos programas; los legisladores creen en los programas que apoyan (comportamiento socialmente responsable). Al probar su hipótesis, el autor descubre que un mayor servicio en el gobierno está a asociado con una mayor propensión al gasto. Este estudio nos permitiría especular sobre los “gobiernos de transición” ya que en ellos existe una red de socialización definida por un partido que contrariaría a las políticas que desearía aplicar el nuevo gobierno. Nos permitiría predecir cómo crearía un elemento de conflicto o de incertidumbre sobre el nuevo gobierno bajo un partido distinto. Además, el hecho que los legisladores tengan un comportamiento socialmente responsable al apoyar los programas gubernamentales no necesariamente implica que no están motivados por futuras ventajas electorales (ya que al aplicar una política pueden estar actuando de acuerdo con su partido y a la vez buscar una ganancia personal). Por tanto, debemos tomar en cuenta para nuestra propuesta que una organización interna fuerte establecida por ‘socialización’ conduciría a la inversión en una política pública, pero por motivaciones distintas.
Partido Acción Nacional, “Proyección de Principios de Doctrina – 2002”, http://www.pan.org.mx/?P=269
Partido de la Revolución Democrática, “Declaración de Principios del Partido de la Revolución Democrática”, (Aprobada en el VI Congreso Nacional PRD) Zacatecas, 24-28 de abril de 2001 http://www.prd.org.mx/reglamentos/principios.pdf1.
Partido Revolucionario Institucional, “XIX Asamblea, Dictamen de la Mesa Temática de ‘Declaración de Principios’” http://www.pri.org.mx/Version2004/index.html
Savage, James, Balanced Budgets and American Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1988.
Winters, Richard, “Party Control and Policy Change”, American Journal of Political Science, Vol. 20, No. 4 (Nov. 1976), pp. 597-636.
BC- Toma de decisiones en México después de la instauración de un gobierno dividido en 1997
Ariel Gómez Fuentes, Ximena Contla Romero
ECO/WKP(2001)4, “Public Spending in Mexico: How to Enhance its Effectiveness
Economics Department Working Papers No. 288”, adoptado por OCDE el 2 de
marzo de 2001.
En este “working paper” de la OCDE, se analizan las fallas que ha tenido el presupuesto de México en los últimos años, así como las posibles mejoras que se le pueden hacer, como en materia de educación, crecimiento sustentable, salud, el combate a la pobreza y las reformas fiscales y energéticas. Sin embargo, reconoce que algunas reformas al sector público y sobre privatización han contribuido a hacer más eficaz al gobierno mexicano.
A la vez, también hace recomendaciones para mejorar ciertos sectores incluidos en el gasto, mediante tarifas impositivas, mejorar la eficiencia de la administración pública y mejorar también la participación y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Recomienda sobre todo, que el gobierno haga uso de su habilidad para crear y pasar presupuestos.
Este paper nos será muy útil dado que cuenta con análisis profundos sobre los presupuestos en México, como tablas, las variables que los componen, etc. Además, el análisis que hacen de éstos es bastante detallado y, aunque no es tan reciente, nos ayuda a comprender cierta fase del periodo que abarcaremos en nuestro estudio.
Elgie, Robert, “From Linz to Tsebelis: Three Waves of Presidential/Parliamentary
Studies?”, en Working Papers in International Studies Dublin City University,
paper 6, 2004.
En este artículo, el autor hace un listado y un estudio sobre lo que llama las “tres olas del estudio sobre presidencialismo y parlamentarismo”. El comienzo de la primera ola lo ubica con el famoso artículo del Linz, “The Perils of Presidentialism”, y de ahí en adelante continúa con el análisis sobre las propuestas de los distintos autores que han estudiado estos regímenes.
Elgie observa que cada ola del presidencialismo ha sido más completa y compleja que su antecesora. Así, Linz sería el estudio más básico pero fundamental para las obras posteriores. Habla también sobre los autores que proponen que el parlamentarismo es mejor que el presidencialismo y los motivos por los que piensan esto. DE igual forma, hace mención sobre el semi-presidencialismo como otra opción de régimen posible de instaurar y eficaz en muchas formas.
H Congreso de la Unión, “Decreto del presupuesto de egresos de la federación :
comparativo de los años 2002 y 2003”, México: Cámara de Diputados
LVIII Legislatura, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2003.
Johnson, Gregg B. and Crisp, Brian F., “Mandates, Powers and Policies”, American
Journal of Political Science, Vol. 47, No.1, 2003
En este paper se propone que, dado que las elecciones llevan a los candidatos a perseguir ciertas políticas, y que las plataformas de los partidos ayudan al votante a decidir su voto, los votantes recibirán a cambio de su voto ciertos resultados. Por tanto, si no existe un sistema de partidos fuerte y definido y hay gran vulnerabilidad económica, no siempre el votante recibirá dichos resultados como parte de las políticas públicas creadas.
En este caso, el artículo se enfoca en Latinoamérica y el autor examina la forma de hacer políticas económicas en estos países. Se analiza si la ideología de los ejecutivos y legislativos influye en la orientación de las políticas que diseñarán, probando sobre todo aquellas que se orientan al mercado. Finalmente, encuentran que el comportamiento futuro del Ejecutivo siempre es difícil de predecir por el electorado. Sin embargo, para poder prever las acciones que tomará el gobierno, el comportamiento del Legislativo es que resulta más útil, pues es consecuencia de la acción colectiva y es más predecible por lo tanto el resultado que se tendrá.
Lebovic, James H., “Spending Priorities and Democratic Rule in Latin America”, The
Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, No. 4, 2001
Linz, Juan, “The Perils of Presidentialism”, en Journal of Democracy, vol.1, no. 1, 1994
Nacif, Benito, “¿Qué hay de malo con la parálisis? Democracia y Gobierno Dividido en
México”, en línea:
http://www.cide.edu/Democracia_y_gobierno_dividido_en_Mexico.pdf
consultado el 01 de mayo de 2005.
Este artículo trata de revindicar al presidencialismo poniéndolo como una sistema político no malo, a comparación de cómo varios autores lo describen (incluyendo Linz). El Dr. Benito Nacif enfoca el caso del presidencialismo en nuestro país, y analiza los cinco peligros propuestos por Linz sobre el presidencialismo mediante los casos concretos que han tenido lugar en México.
Es cierto que existen estos peligros, pero lo más importante es notar que no necesariamente se llega a la ingobernabilidad teniendo un presidencialismo y un gobierno dividido como sistema político en un país. De esta forma, se puede ver que en México el Estado sigue teniendo la misma fortaleza, se sigue legislando igual o más que antes, las propuestas en su mayoría son discutidas y aprobadas y existe una constante negociación entre Ejecutivo y Legislativo para no llegar a la parálisis gubernamental.
Por lo tanto, no se sigue necesariamente la tesis de que el gobierno dividido llevará al estancamiento político y a la ingobernabilidad, al menos en nuestro país.
Nino, Carlos [et al.], El Presidencialismo puesto a prueba: con especial referencia al
sistema presidencialista latinoamericano, Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1992
Ortega, Cecilia, La influencia legislativa en el presupuesto de egresos de la federación,
Mexico: Colección CIDE, Tesis, 2003
BC- Libertades y Crecimiento
Adriana Crespo Tenorio y Diana Jiménez Trejo
Ayal, Elizabeth B., Karras, Georgios, “Compontents of Economic Freedom and Growth: an Empirical Study,” Journal of Developing Areas, Vol. 32, No. 3, (Primavera 1998), pp. 327-338
El objetivo de este estudio es principalmente cuantificar la relación entre el desarrollo económico y los factores desagregados que constituyen los elementos de la libertad económica. En específico, el estudio se centra en descubrir los componentes de la libertad económica que contribuyen al desarrollo económico. Para ello se tomó una muestra de 58 países en una serie de tiempo que va de 1975 a 1990. La medición para el desarrollo económico se hizo a partir del PIB per cápita. De los trece elementos que se tomaron para medir la libertad económica ocho mostraron tener una relación estadísticamente significativa con el crecimiento económico: crecimiento monetario, inflación, empresas de gobierno, tasas de interés, impuestos al intercambio, tasas de cambio, tamaño de intercambio y transacciones de capital extranjero. De lo anterior, los autores concluyeron que existe evidencia para asegurar que, en agregado, la libertad económica mejora el desempeño económico tanto vía el aumento de la productividad total de factores como vía la acumulación de capital.
Barro, Robert J., “Rule of Law, Democracy, and Economic Performance,” 2000 Index of Economic Freedom
Blume Lorenz and Voigt, Stefan, “Economic Effects of Human Rights,” Working paper 66/04, University of Kassel.
Christman, John, “Self-Ownership, Equality and the Structure of Property Rights” Political Theory, Vol. 19, No. 1 (Febrero 1991), pp. 28-46
Farr, W. Ken, Lord, Richard A., Wolfenbarger, J. Larry, “Economic Freedom, Political Freedom and Economic Well-Being: a Causality Analysis,” The Cato Journal, Vol. 18 No. 2 (Otoño 1998).
Este texto intenta demostrar que, además de mejorar el crecimiento económico, las libertades económicas indirectamente aumentan las libertades políticas. La metodología utilizada se basa una serie de pruebas de causalidad de Granger. Los datos para medir las libertades políticas se tomaron de los índices de Freedom House mientras que el bienestar económico se midió a partir del PIB de cada país. Cuatro componentes formaron parte de la medición para las libertades económicas: inflación, operaciones de gobierno y regulaciones, escalas impositivas y, finalmente, restricciones al intercambio comercial. A partir de las pruebas no se encontró ninguna relación significativa entre libertades políticas y bienestar económico. Sin embargo, la relación entre la medición de libertad económica y crecimiento económico demostró ser significativa. Los resultados también mostraron que la libertad política no hace ninguna contribución importante a la explicación de las libertades económicas. Esta evidencia implica, según los autores, que el nivel de bienestar económico tiene una causalidad directa con las libertades económicas mientras que dicha causalidad no existe con las libertades políticas. Sin embargo, el crecimiento económico puede representar un puente causal entre las libertades políticas y las económicas.
Feng, Yi, “Democracy, Political Stability and Economic Growth,” British Journal of Political Science, Vol.27 No.1
Este artículo se enfoca en el efecto de la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico. La hipótesis del autor es que hay controversia respecto de este efecto (dirección causal y si el efecto es positivo o negativo) debido a que democracia, estabilidad política y crecimiento están recíprocamente relacionados. Para demostrarlo, construye un modelo de varias ecuaciones simultáneas. El artículo concluye que la democracia provee un ambiente político estable que reduce las probabilidades de cambios inconstitucionales de régimen, pero provee la flexibilidad necesaria dentro de ese régimen para asegurar el crecimiento económico.
Gwartney, James, Lawson, Robert & Holcombe, Randall, “Economic Freedom and the Environment for Economic Growth.”
Los autores se basan en el modelo de crecimiento endógeno de Solow para afirmar que si las instituciones y políticas no son apropiadas, el crecimiento económico puede caer debajo de su potencial. Desarrollan un índice de libertad económica compuesto de 4 áreas: dinero e inflación, estructura de la economía, impuestos no-equitativos y comercio internacional. Los autores admiten que libertad económica y política son diferentes, pero unen en una sola variable libertades políticas y civiles. Los resultados empíricos muestran que mientras que las variables incluidas para libertades económicas son altamente significativas (valor-p entre 0.01 y 0.1), solamente dos de las variables de libertades políticas son significativas. Además, incluir variables de libertades políticas no aumenta el poder explicativo del modelo (R-cuadrada de 0.31 a0.33) mientras que eliminar las variables de libertades económicas disminuye el poder explicativo del modelo (R-cuadrada de 0.12 a 0.33). Los autores concluyen que mayor libertad económica produce mayor crecimiento.
Leblang, David A., “Property rights, Democracy and Economic Growth,” Political Research Qualrterly, Vol 49, No.1, (Marzo 1996) pp. 5-26
El artículo argumenta que los derechos de propiedad son un factor importante para entender cómo y por qué crecen las naciones. El texto muestra un estudio empírico comparado, tanto a través del tiempo como entre varios países, en el que se prueba la relación entre derechos de propiedad, democracia y crecimiento. Se observaron las diferencias en las tasas de crecimiento tanto de países que protegen derechos de propiedad y algunas libertades económicas como de los que no lo hacen. También se evaluó la hipótesis de que la tasa de crecimiento varía dependiendo del tipo de régimen. Para medir la libertad de propiedad se utilizó el índice de Freedom House además de los datos acerca del control de intercambio comercial del FMI. Como un tercer proxy de libertad económica se utilizó el porcentaje del PIB que representan las empresas privadas en cada país de la muestra. La protección a los derechos de propiedad mostró ser una variable significativa para explicar el crecimiento económico. Su coeficiente muestra que ceteris paribus la tasa de crecimiento aumenta en un punto porcentual por año al incluir dicha variable. La variable de tipo de régimen demostró que la democracia también tiene un efecto positivo en la tasa de crecimiento.
Olson, Mancur "Dictatorship, Democracy, and Development," American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Septiembre 1993), pp. 567-576
Guido Tabellini, “The Role Of The State In Economic Development,” CESIFO Working Paper No. 1256, Agosto de 2004.
En este paper, el autor busca probar si las liberalizaciones políticas fortalecen los incentivos del gobierno para llevar a cabo políticas económicas que estimulen el crecimiento. El autor parte de la idea comúnmente aceptada de que el desarrollo económico de un país está determinado por sus instituciones. Las instituciones políticas, como reglas electorales y frenos y contrapesos efectivos proveen un ambiente estable que puede propiciar el crecimiento. Sin embargo, el autor afirma que hablar de instituciones tiene un amplio peso histórico del cual los gobiernos actuales no pueden librarse fácilmente. Por eso, es mejor hablar de políticas públicas. A través de reformas que vuelvan las políticas públicas de carácter político y económico más liberales, habrá mayores incentivos para la participación de agentes privados en la economía, estimulando así el crecimiento. Por ejemplo, reformas políticas que mejoran las instituciones democráticas aumentan el número de ciudadanos en la política de la coalición mínima ganadora. Esto garantizaría la protección de los intereses de los ciudadanos. Un tipo de institución democrática son precisamente los derechos políticos y civiles. Un ejemplo de reformas políticas económicas es la apertura comercial al exterior. Estas reformas benefician a consumidores, nuevos productores y los dueños de los factores de producción, a la vez que requieren estructuras de protección de derechos de propiedad claros y estables.
BR Weingast, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development," Journal of Law, Economics and Organization
El objetivo de este estudio es principalmente cuantificar la relación entre el desarrollo económico y los factores desagregados que constituyen los elementos de la libertad económica. En específico, el estudio se centra en descubrir los componentes de la libertad económica que contribuyen al desarrollo económico. Para ello se tomó una muestra de 58 países en una serie de tiempo que va de 1975 a 1990. La medición para el desarrollo económico se hizo a partir del PIB per cápita. De los trece elementos que se tomaron para medir la libertad económica ocho mostraron tener una relación estadísticamente significativa con el crecimiento económico: crecimiento monetario, inflación, empresas de gobierno, tasas de interés, impuestos al intercambio, tasas de cambio, tamaño de intercambio y transacciones de capital extranjero. De lo anterior, los autores concluyeron que existe evidencia para asegurar que, en agregado, la libertad económica mejora el desempeño económico tanto vía el aumento de la productividad total de factores como vía la acumulación de capital.
Barro, Robert J., “Rule of Law, Democracy, and Economic Performance,” 2000 Index of Economic Freedom
Blume Lorenz and Voigt, Stefan, “Economic Effects of Human Rights,” Working paper 66/04, University of Kassel.
Christman, John, “Self-Ownership, Equality and the Structure of Property Rights” Political Theory, Vol. 19, No. 1 (Febrero 1991), pp. 28-46
Farr, W. Ken, Lord, Richard A., Wolfenbarger, J. Larry, “Economic Freedom, Political Freedom and Economic Well-Being: a Causality Analysis,” The Cato Journal, Vol. 18 No. 2 (Otoño 1998).
Este texto intenta demostrar que, además de mejorar el crecimiento económico, las libertades económicas indirectamente aumentan las libertades políticas. La metodología utilizada se basa una serie de pruebas de causalidad de Granger. Los datos para medir las libertades políticas se tomaron de los índices de Freedom House mientras que el bienestar económico se midió a partir del PIB de cada país. Cuatro componentes formaron parte de la medición para las libertades económicas: inflación, operaciones de gobierno y regulaciones, escalas impositivas y, finalmente, restricciones al intercambio comercial. A partir de las pruebas no se encontró ninguna relación significativa entre libertades políticas y bienestar económico. Sin embargo, la relación entre la medición de libertad económica y crecimiento económico demostró ser significativa. Los resultados también mostraron que la libertad política no hace ninguna contribución importante a la explicación de las libertades económicas. Esta evidencia implica, según los autores, que el nivel de bienestar económico tiene una causalidad directa con las libertades económicas mientras que dicha causalidad no existe con las libertades políticas. Sin embargo, el crecimiento económico puede representar un puente causal entre las libertades políticas y las económicas.
Feng, Yi, “Democracy, Political Stability and Economic Growth,” British Journal of Political Science, Vol.27 No.1
Este artículo se enfoca en el efecto de la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico. La hipótesis del autor es que hay controversia respecto de este efecto (dirección causal y si el efecto es positivo o negativo) debido a que democracia, estabilidad política y crecimiento están recíprocamente relacionados. Para demostrarlo, construye un modelo de varias ecuaciones simultáneas. El artículo concluye que la democracia provee un ambiente político estable que reduce las probabilidades de cambios inconstitucionales de régimen, pero provee la flexibilidad necesaria dentro de ese régimen para asegurar el crecimiento económico.
Gwartney, James, Lawson, Robert & Holcombe, Randall, “Economic Freedom and the Environment for Economic Growth.”
Los autores se basan en el modelo de crecimiento endógeno de Solow para afirmar que si las instituciones y políticas no son apropiadas, el crecimiento económico puede caer debajo de su potencial. Desarrollan un índice de libertad económica compuesto de 4 áreas: dinero e inflación, estructura de la economía, impuestos no-equitativos y comercio internacional. Los autores admiten que libertad económica y política son diferentes, pero unen en una sola variable libertades políticas y civiles. Los resultados empíricos muestran que mientras que las variables incluidas para libertades económicas son altamente significativas (valor-p entre 0.01 y 0.1), solamente dos de las variables de libertades políticas son significativas. Además, incluir variables de libertades políticas no aumenta el poder explicativo del modelo (R-cuadrada de 0.31 a0.33) mientras que eliminar las variables de libertades económicas disminuye el poder explicativo del modelo (R-cuadrada de 0.12 a 0.33). Los autores concluyen que mayor libertad económica produce mayor crecimiento.
Leblang, David A., “Property rights, Democracy and Economic Growth,” Political Research Qualrterly, Vol 49, No.1, (Marzo 1996) pp. 5-26
El artículo argumenta que los derechos de propiedad son un factor importante para entender cómo y por qué crecen las naciones. El texto muestra un estudio empírico comparado, tanto a través del tiempo como entre varios países, en el que se prueba la relación entre derechos de propiedad, democracia y crecimiento. Se observaron las diferencias en las tasas de crecimiento tanto de países que protegen derechos de propiedad y algunas libertades económicas como de los que no lo hacen. También se evaluó la hipótesis de que la tasa de crecimiento varía dependiendo del tipo de régimen. Para medir la libertad de propiedad se utilizó el índice de Freedom House además de los datos acerca del control de intercambio comercial del FMI. Como un tercer proxy de libertad económica se utilizó el porcentaje del PIB que representan las empresas privadas en cada país de la muestra. La protección a los derechos de propiedad mostró ser una variable significativa para explicar el crecimiento económico. Su coeficiente muestra que ceteris paribus la tasa de crecimiento aumenta en un punto porcentual por año al incluir dicha variable. La variable de tipo de régimen demostró que la democracia también tiene un efecto positivo en la tasa de crecimiento.
Olson, Mancur "Dictatorship, Democracy, and Development," American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Septiembre 1993), pp. 567-576
Guido Tabellini, “The Role Of The State In Economic Development,” CESIFO Working Paper No. 1256, Agosto de 2004.
En este paper, el autor busca probar si las liberalizaciones políticas fortalecen los incentivos del gobierno para llevar a cabo políticas económicas que estimulen el crecimiento. El autor parte de la idea comúnmente aceptada de que el desarrollo económico de un país está determinado por sus instituciones. Las instituciones políticas, como reglas electorales y frenos y contrapesos efectivos proveen un ambiente estable que puede propiciar el crecimiento. Sin embargo, el autor afirma que hablar de instituciones tiene un amplio peso histórico del cual los gobiernos actuales no pueden librarse fácilmente. Por eso, es mejor hablar de políticas públicas. A través de reformas que vuelvan las políticas públicas de carácter político y económico más liberales, habrá mayores incentivos para la participación de agentes privados en la economía, estimulando así el crecimiento. Por ejemplo, reformas políticas que mejoran las instituciones democráticas aumentan el número de ciudadanos en la política de la coalición mínima ganadora. Esto garantizaría la protección de los intereses de los ciudadanos. Un tipo de institución democrática son precisamente los derechos políticos y civiles. Un ejemplo de reformas políticas económicas es la apertura comercial al exterior. Estas reformas benefician a consumidores, nuevos productores y los dueños de los factores de producción, a la vez que requieren estructuras de protección de derechos de propiedad claros y estables.
BR Weingast, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development," Journal of Law, Economics and Organization
BC- Lógica de programas anti-pobreza
Jenny Guardado y Sandra Ley
1. Courchene, Thomas & Alberto Díaz-Cayeros, “Transfers and the Nature of the Mexican Federation”, en Giugale, Marcelo & Steven Webb, Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization. Lesson from Mexico, Washington, D.C., The World Bank, 2000, pp. 200-236.
2. Díaz-Cayeros, Alberto, “El federalismo y los límites políticos de la redistribución”, Gestión y Política Pública, Vol. 13, No. 3, (2004), pp. 663-687.
3. Díaz-Cayeros, Alberto, Beatriz Magaloni, 2003. “The politics of public spending , Part I-The logic of vote buying”. Documento de Trabajo Preparado para el Reporte de Desarrollo del Banco Mundial, 2004.
4. Díaz-Cayeros, Alberto, Beatriz Magaloni, 2003. “The politics of public spending , Part II- The Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) in Mexico”. Documento de Trabajo Preparado para el Reporte de Desarrollo del Banco Mundial, 2004.
El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue el programa de combate a la pobreza durante el periodo salinista. Sin embargo, el programa también tenía objetivos políticos visibles. PRONASOL no fue un mecanismo efectivo para combatir a la pobreza. Para llegar a esa conclusión, se examinó el programa a nivel municipal y se exploró la provisión de los bienes públicos locales y los servicios para saber si éstos realmente mejoraron como resultado del gasto de PRONASOL. Se encontró que el gasto del programa se dispersó por todo el país, no por razones redistributivas sino políticas. El artículo provee evidencia sobre dicha manipulación política. Primero, el periodo de gasto se ajustó de acuerdo con el calendario electoral de las elecciones federales. Segundo, el PRI recompensó la ‘lealtad’ de los municipios gobernados por sus partidarios, o con alto apoyo histórico al partido. Tercero, el programa pareció dirigirse desproporcionadamente hacia lugares donde el PRI obtenía márgenes de victoria mucho más estrechos. Cuarto, el PRI utilizó las transferencias privadas dentro de PRONASOL como una estrategia clientelista que excluía a sus oponentes de dichos beneficios. Este artículo resulta relevante para nuestra propuesta por las herramientas que utilizó para evaluar los elementos políticos del programa.
5. Díaz-Cayeros, Alberto, Beatriz Magaloni, and Barry R. Weingast, “Democratization and the Economy in Mexico: Equilibrium (PRI) Hegemony and its Demise.” Documento de Trabajo, Stanford University, 2000.
6. Dixit, Avinash, John Londregan, “The Determinants of Success Interests in Redistributed Politics”, The Journal of Politics, Vol. 58, No. 4 (Nov., 1996), pp. 1132-1155.
Este artículo examina qué factores determinan que un grupo de interés reciba favores políticos en forma de transferencias. Se utiliza un modelo de votación mayoritaria entre dos partidos, que confirma las teorías del “votante swing” y de los “bastiones políticos”. En lo que se refiere a la primera teoría, se encontró que si los partidos tiene aproximadamente las mismas habilidades para redistribuir beneficios una vez que llegan al poder, el modelo implica que tenderán a seguir estrategias simétricas. En este contexto, los tipos de grupo que tendrán una ventaja en la redistribución política son: (i) grupos con relativamente muchos más moderados, cuya indiferencia ideológica puede ser resuelta por las ofertas de la redistribución de beneficios; (ii) grupos que son relativamente indiferentes a la ideología en lo que concierne a beneficios de consumo privado; (iii) grupos de bajo ingreso cuya utilidad marginal de ingreso es mayor, lo que los hace más deseosos de comprometer sus preferencias políticas a cambio de mayor consumo privado. En cuanto a la teoría de “bastiones políticos”, los autores afirman que si los grupos tienen afinidades partidistas y cada partido es más efectivo en otorgar favores a su propio grupo de apoyo, cada partido favorece a dicho grupo en particular.
7. Sánchez González, Yurisalim Gerardo, “Evolución de los Programas para el Combate a la Pobreza Extrema en México:1988-2003”, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tesis, México D.F., 2003.
El texto consiste en un estudio comparado de los 3 principales programas anti-pobreza implementados por el gobierno federal: PRONASOL, Progresa, y Oportunidades. A diferencia de programas anteriores, no se basan en subsidios generalizados al consumo, industria u agricultura. Básicamente, el texto demuestra la evolución que dichos programas han seguido en pos de una mayor eficiencia. Dentro de esta lógica, PRONASOL promovería la educación, obra pública, salud y micro-créditos a la producción de los más marginados. No obstante, su falta de transparencia, politización y errores de inclusión, impidieron su propósito. Progresa retomaría estas funciones, aunque sin promover la formación de capital social ni la inserción a mercados fundamentales. En el 2000, con Oportunidades, la cobertura incluiría zonas urbanas, un seguro popular de salud, y transferencias monetarias a través de BANSEFI con el fin de fomentar la cultura del ahorro y la cultura popular. Sin embargo, la nociva tendencia de los gobiernos federales de cambiar nombres y estructuras de éstos, con el fin de deslindarse de administraciones anteriores, impiden concebir los programas anti-pobreza como proyectos con certidumbre, continuidad, así como independientes de los ciclos económicos y políticos que afectan al país, sino como instrumentos sujetos a presiones políticas con objetivos distintos a los del bienestar social.
8. Scott, John, “The Distribution of Benefits from Public Expenditure”, Documento de Trabajo, Banco Mundial, 2004.
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El texto es una evaluación empírica, basada en evidencia cuantitativa, sobre los efectos de los distintos programas sociales financiados por el gasto público federal, que incluyen entre otros, el gasto social (salud, educación, pensiones), las transferencias monetarias por medio de los programas sociales, los programas alimenticios y los subsidios a la electricidad. De entre estos programas, sobresale el efecto que tienen las transferencias monetarias directas del programa Oportunidades, el cual, a pesar de las deficiencias en la focalización (casi del 55% en el sector rural), es el mejor disponible hasta el momento. La eficacia del programa reside en la reducción de la pobreza en el sector rural (13.7). En términos relativos de pobreza ha mejorado al 35.6% de los más pobres entre los pobres. La tendencia general del programa, ha sido de continua expansión desde el 2001, tanto en el número de beneficiarios como en los recursos transferidos. El autor encuentra relevante el hecho de que Oportunidades, antes Progresa, no sólo hubiera sobrevivido el cambio de administración, de partido en el poder, y el cambio de régimen, sino que ha sido significativamente expandido, duplicando el número de beneficiarios.
El texto es una evaluación empírica, basada en evidencia cuantitativa, sobre los efectos de los distintos programas sociales financiados por el gasto público federal, que incluyen entre otros, el gasto social (salud, educación, pensiones), las transferencias monetarias por medio de los programas sociales, los programas alimenticios y los subsidios a la electricidad. De entre estos programas, sobresale el efecto que tienen las transferencias monetarias directas del programa Oportunidades, el cual, a pesar de las deficiencias en la focalización (casi del 55% en el sector rural), es el mejor disponible hasta el momento. La eficacia del programa reside en la reducción de la pobreza en el sector rural (13.7). En términos relativos de pobreza ha mejorado al 35.6% de los más pobres entre los pobres. La tendencia general del programa, ha sido de continua expansión desde el 2001, tanto en el número de beneficiarios como en los recursos transferidos. El autor encuentra relevante el hecho de que Oportunidades, antes Progresa, no sólo hubiera sobrevivido el cambio de administración, de partido en el poder, y el cambio de régimen, sino que ha sido significativamente expandido, duplicando el número de beneficiarios.
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