Reporte crítico del articulo “Nuestra postura ante la nación, la industria eléctrica no está en venta” de José Humberto Montes de Oca Luna[1].
En este artículo se argumentan los puntos en contra de la privatización del sector eléctrico. El primer argumento afirma que la reforma eléctrica, a través de su apoyo a los permisionarios privados, genera violaciones a la Constitución y a la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y, por ende, daños al patrimonio nacional y a los recursos estratégicos del país. El segundo argumento menciona que la política de desmantelamiento de las empresas públicas del sector energético, mediante los recortes presupuéstales y el apoyo federal hacia la inversión privada, condena a éstas a padecer fuertes restricciones operativas, una mayor desaceleración de sus obras de expansión y acumulados rezagos tecnológicos en materia de modernización. A esto hay que sumar el sobreendeudamiento de las empresas públicas, la manipulación de sus estados financieros y la política fiscal depredadora que no les deja utilizar sus propios recursos. Teniendo como resultado que se vean afectados los intereses de los agentes locales, incluyendo la situación de los trabajadores.
El tercer argumento indica que no hay crisis en el sector eléctrico, que no es necesario privatizar la CFE y LFC para garantizar el abasto de energía eléctrica, y que son falsas las cifras del Gobierno. El Gobierno se obstina en favorecer, aun en contra del Estado de Derecho, los intereses particulares de las grandes empresas trasnacionales, sin tomar en cuenta que el modelo de privatización de los energéticos constituye un rotundo fracaso para los países en vías de desarrollo.
Contra-argumentos
Primero, la reforma que se busca no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad para defender los intereses soberanos del país. La reestructuración del sector eléctrico reafirma el liderazgo del gobierno, en un escenario de mayor competencia y apertura, para lograr que todos los ciudadanos se vean beneficiados. La iniciativa de reforma en nada atenta contra la soberanía, al contrario, la fortalece ya que a) se está llevando conforme a la ley —en el proceso de modificación constitucional participan tanto el legislativo como el ejecutivo y b) la reforma propuesta responde a las demandas del desarrollo económico, teniendo como regulador al gobierno.
Segundo, el gobierno federal ha manifestado que respetara los derechos de los trabajadores de la CFE y de LFC, garantizados por los contratos colectivos de trabajo y por la ley, tanto activos como jubilados. La reforma eléctrica busca mayor dinamismo en el sector, creando con esto mayores y mejores oportunidades de empleo. Además, no se contempla despido alguno de trabajadores, las condiciones laborales en el futuro escenario, serán las mismas que las que existen actualmente, ya que por disposición de la ley operará la figura de sustitución patronal.
Tercero, se menciona que no hay crisis en el sector eléctrico, como si el argumento del ejecutivo se sustente en una situación de emergencia extrema. El propósito de la reforma es justamente anticiparse a una situación que genere un estado de crisis. Así, se busca evitar que haya aumentos inesperados en la demanda, que superen nuestra capacidad de respuesta. En general, lo que se pretende es buscar soluciones necesarias para evitar la aparición de escenarios con desabasto de electricidad y con perdida de competitividad de nuestra oferta eléctrica por complicaciones en los costos o en la calidad de suministro.
[1] Pro Secretario del Trabajo en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
En este artículo se argumentan los puntos en contra de la privatización del sector eléctrico. El primer argumento afirma que la reforma eléctrica, a través de su apoyo a los permisionarios privados, genera violaciones a la Constitución y a la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y, por ende, daños al patrimonio nacional y a los recursos estratégicos del país. El segundo argumento menciona que la política de desmantelamiento de las empresas públicas del sector energético, mediante los recortes presupuéstales y el apoyo federal hacia la inversión privada, condena a éstas a padecer fuertes restricciones operativas, una mayor desaceleración de sus obras de expansión y acumulados rezagos tecnológicos en materia de modernización. A esto hay que sumar el sobreendeudamiento de las empresas públicas, la manipulación de sus estados financieros y la política fiscal depredadora que no les deja utilizar sus propios recursos. Teniendo como resultado que se vean afectados los intereses de los agentes locales, incluyendo la situación de los trabajadores.
El tercer argumento indica que no hay crisis en el sector eléctrico, que no es necesario privatizar la CFE y LFC para garantizar el abasto de energía eléctrica, y que son falsas las cifras del Gobierno. El Gobierno se obstina en favorecer, aun en contra del Estado de Derecho, los intereses particulares de las grandes empresas trasnacionales, sin tomar en cuenta que el modelo de privatización de los energéticos constituye un rotundo fracaso para los países en vías de desarrollo.
Contra-argumentos
Primero, la reforma que se busca no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad para defender los intereses soberanos del país. La reestructuración del sector eléctrico reafirma el liderazgo del gobierno, en un escenario de mayor competencia y apertura, para lograr que todos los ciudadanos se vean beneficiados. La iniciativa de reforma en nada atenta contra la soberanía, al contrario, la fortalece ya que a) se está llevando conforme a la ley —en el proceso de modificación constitucional participan tanto el legislativo como el ejecutivo y b) la reforma propuesta responde a las demandas del desarrollo económico, teniendo como regulador al gobierno.
Segundo, el gobierno federal ha manifestado que respetara los derechos de los trabajadores de la CFE y de LFC, garantizados por los contratos colectivos de trabajo y por la ley, tanto activos como jubilados. La reforma eléctrica busca mayor dinamismo en el sector, creando con esto mayores y mejores oportunidades de empleo. Además, no se contempla despido alguno de trabajadores, las condiciones laborales en el futuro escenario, serán las mismas que las que existen actualmente, ya que por disposición de la ley operará la figura de sustitución patronal.
Tercero, se menciona que no hay crisis en el sector eléctrico, como si el argumento del ejecutivo se sustente en una situación de emergencia extrema. El propósito de la reforma es justamente anticiparse a una situación que genere un estado de crisis. Así, se busca evitar que haya aumentos inesperados en la demanda, que superen nuestra capacidad de respuesta. En general, lo que se pretende es buscar soluciones necesarias para evitar la aparición de escenarios con desabasto de electricidad y con perdida de competitividad de nuestra oferta eléctrica por complicaciones en los costos o en la calidad de suministro.
[1] Pro Secretario del Trabajo en el Sindicato Mexicano de Electricistas.
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