Jenny Guardado y Sandra Ley
La literatura existente sobre el uso de transferencias federales para la manipulación político-electoral de sus beneficiarios encuentra que los primeros programas contra la pobreza en México estaban altamente determinados por este fenómeno. Existe un consenso en torno a la estrategia política con la que el PRONASOL (1988-1994) asignaba los montos y destinatarios de sus transferencias (Díaz-Cayeros, Magaloni, Trejo). Asimismo, se ha señalado el intento que representa Progresa (1994-2000), en un marco de mayor competitividad política, por eliminar gran parte del instrumento político que tenía el programa anterior. No obstante, la utilización estratégica de las transferencias federales para fines electorales sigue presente en el caso mexicano (Díaz Cayeros, Magaloni). Es precisamente dentro de este marco teórico sobre la manipulación política y el clientelismo a partir del cual proponemos un análisis para el programa Oportunidades, antes Progresa. Nuestro cuestionamiento general versa en torno a los incentivos político-electorales de las administraciones de Zedillo y Fox, respectivamente, para la implementación de un programa contra la pobreza que, en teoría, ha dejado de ser “rentable” políticamente. Esperamos encontrar que no sólo existen determinantes económicos, sino también políticos en el diseño del programa. Esto podría señalar una nueva lógica clientelista en las administraciones estudiadas.
Para realizar dicho análisis se compararán las transferencias los programas a los diferentes municipios. Se estudiarán tanto en años electorales como no-electorales: 1997, 1998 y 1999 para Zedillo y 2001, 2002 y 2003 para Fox.
Para realizar dicho análisis se compararán las transferencias los programas a los diferentes municipios. Se estudiarán tanto en años electorales como no-electorales: 1997, 1998 y 1999 para Zedillo y 2001, 2002 y 2003 para Fox.
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