RL. El costo de las políticas públicas: caso “Hoy No Circula”

Uriel Alcántara
Sofia Becerra

“The Choice between market Failures and Corruption”
Daron Acemoglu, Thierry Verdier. The American Economic Review, Vol. 90, No. 1, Mar. 2000.

Resulta normal que la intervención del gobierno ante las fallas del mercado genere ineficiencias, lo que lleva a una disyuntiva acerca de intervenir o no frente a alguna de ellas. Bajo suposiciones como la necesidad de agentes para llevar a cabo políticas públicas de ésta naturaleza, agentes interesados en su bienestar, con información superior y por tanto dificultad para ser monitoreados, y heterogeneidad entre éstos agentes, el modelo llega a los siguientes hallazgos, a través del ejemplo de políticas que tienen que ver contaminación del aire.
En primer lugar, agentes más corruptos llevarán a una burocracia de mayor tamaño relacionada con tal política, aunque esto no es necesariamente costoso en términos sociales. Lo que es seguro es que la relación agente-principal que se genera, donde los primeros tienen más información que el gobierno, crea la oportunidad de corrupción. Esto lleva a la necesidad de políticas alternas que busquen evitar el costo de ésta a través de salarios de eficiencia y el número de burócratas. Cuando es más difícil monitorearlos se tiende a un mayor salario e igualmente a un mayor número, lo cual nos da una idea del punto óptimo de intervención. Cuando los países son más ricos, el costo de aumentar ésta burocracia (es decir, de implementar la política) es mayor debido a que retiran agentes productivos de la economía, mientras que es menor en países menos desarrollados ya que su productividad marginal es menor. Podemos también concluir que una baja corrupción es un costo inevitable asociado a una política pública cuando la intervención es de gran importancia, por lo que se convierte en un parámetro de decisión importante antes de aplicar tal política.
Aunque resulta difícil criticar el documento de Acemoglu y Verdier, pues se basa en una idea sencilla y bien desarrollada, si es posible decir que algunos supuestos resultan difíciles de verificar como el grado en algunos agentes pueden ser más corruptos que otros. Igualmente deja a un lado la posibilidad de la competencia, analizada por otros autores como una opción para disminuir la corrupción, y sólo opta por los salarios y el número de agentes con el mismo propósito. Desde el punto de vista de la política que analizamos, el “hoy no circula”, una de las salidas fue la creación de diversos centros de verificación que operaban independientemente y que competían entre ellos. Esto quizás ocurrió así por la transformación de una política pública parcial a una permanente, y que además creo nuevas fuentes de empleo como empresa particular. Quizás es posible analizar más a fondo éste tipo de políticas como una solución viable y eficiente, y distinguir entre políticas públicas temporales y las permanentes. Es importante mencionar que el autor siempre maneja este tipo de políticas como ex post que modifican conductas ex ante, por lo que deja abiertas opciones ex ante como un área de investigación importante que al parecer presenta más beneicios y resulta menos costoso para la sociedad. Aún así, el paper es un acercamiento importante a este problema y tiene una intuición muy bien fundamentada.


Molina, Luisa T. and Molina, Mario J., “Clearing the Air: A Comparative Study”, Air Quality in the Mexico Megacity; An Integrated Assessment, Kluwer Academia Publishers, The Netherlands, 2002.
Este capítulo es un estudio comparativo entre las políticas que se adoptaron en Los Angeles para “limpiar el aire” y sus homólogas en el área metropolitana de la Ciudad de México. El estudio resulta bastante atractivo ya que Los Angeles y el área metropolitana de la Ciudad de México tienen niveles similares de emisión de contaminantes así como índices de población parecidos. Aunque la densidad en el área metropolitana de México es mucho mayor que en Los Angeles, el estudio aporta datos bastante útiles que se pueden utilizar para analizar la relativa efectividad de las políticas públicas dirigidas al medio ambiente. Otro aspecto importante a comparar es el proceso por medio del cual se forman las políticas públicas; en Estados Unidos existen grupos de presión identificables que además tienen intereses económicos en juego por las nuevas regulaciones creadas para el medio ambiente. En cambio, en México parece ser que las políticas públicas dirigidas al medio ambiente han estado en parte motivadas por el contexto internacional (por ejemplo índices de contaminación que posicionaban a la Ciudad de México en los primeros lugares), o por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la situación se ha vuelto preocupante. También es interesante ver la cantidad de organismos que se han creado para la protección del medio ambiente; al principio se creaba casi uno por sexenio, mientras que en los noventas se crearon y reestructuraron con singular rapidez (dos veces en cinco años) una serie de organismos para la implementación especial del programa elaborado para el mejoramiento de la calidad del aire en la Ciudad de México. El artículo menciona que no todas las medidas que se adoptaron fueron en realidad implementadas; sería interesante investigar aquellos obstáculos que impideron su cumplimiento. Así mismo los autores atribuyen el fracaso del programa PROAIRE (1995-2000) a la falta de coordinación entre instituciones ambientales, así como al poco apoyo financiero y administrativo de otras instituciones.
Este estudio, aunque puede ser utilizado exclusivamente para verificar la efectividad del programa “Hoy no Circula” por los datos que contiene acerca de la emisión de contaminantes, en realidad es mucho más ilustrativo en el área de realización e implementación de políticas públicas. Da a entender que la poca participación ciudadana hace que las políticas públicas se realicen casi a puerta cerrada, con el efecto de que aunque se creen organismos y se legisle en la materia adecuada, el programa que se cree va a tener poca relación con la realidad, ya que cuenta con poco apoyo de los grupos de interés (desde burócratas hasta consumidores de gasolina); al parecer las normas realmente importantes (cómo las normas de calidad de gasolina) se dan mediante negociaciones a puerta cerrada que sólo incluyen a los actores principalmente afectados. Es importante notar que esto útlimo no se hace a través del congreso, sino a la par de lo que legisla el congreso.