Political Institutions and the Policymaking Process in Mexico

Abstract: This paper uses a transaction-costs framework to link the policymaking process (PMP) and the outer features of public policies in Mexico. It shows how a PMP centralized around the presidency fashioned nationalist policies that were stable, adaptable, coordinated, and private-regarding for the urban-based corporatist pillars of the regime. When growth faltered in the early 80s, however, this PMP was no longer able to adapt to economic volatility, even if it remained dominant in an increasingly turbulent polity.We explain how unified government and the corporatist control of the economy made a constitutionally weak president in fact a very strong policymaker, even at the cost of being unable to enact reforms with short-term costs for corporatist groups.

We also explain why democratization and economic liberalization in the 1990s is constructing a less centralized and more open PMP that benefits larger shares of the population. However, as the separation of powers of the 1917 constitution comes alive, policymaking is increasingly wedded to the status quo. On the one hand, divided government preserves a macroeconomic framework consistent with an open economy (e.g., fiscally sound policies and a floating exchange rate). On the other hand, checks and balances are permitting old and new parties and interest groups to veto second generation reforms in tax policy, labor regulation, and energy markets.

From the paper conclusions

• In the PRI era, centralized policymaking allowed for some inter temporal agreements, but they also faced limits and trade-offs, which often turned into unsustainable policies.
• The new PMP increases the transaction costs of negotiating structural reforms. The activation of the separation of powers (that unified government and corporatist representation concealed) with numerous checks and balances among the branches of government fragments political power. Therefore, old as well as new parties (and interest-groups) can veto efforts to denationalize energy sectors, to eliminate tax loopholes, and to deregulate labor markets.
• Poorly defined property rights over the effects of reforms may also help to explain why parties cannot agree to amend the constitution. Political bargains are more difficult to effect because it is hard to translate future economic payoffs into present value political compensation. A hypothetical contract, where reforms are agreed upon in exchange for some political and economical compensation, requires credible commitments, and equally important, they need to be enforceable. In private bargains, it is easy to rely on explicit contracts and third party enforcement. But in matters of public policy, such explicit contracts are rare, and the likely enforcer, the electorate, faces collective action problems and remains ambivalent about further structural reforms.
• Non-consecutive reelection also undermines the policy expertise of legislators, even though divided government makes Congress into the principal lawmaking branch of government. Term limits also shortens time horizons of deputies and Senators, thus limiting the political bargains that can credibly be made.
• It is also not clear how an increasingly independent Supreme Court will interpret the constitution, an unknown of strategic importance because a number of policy issues, like energy, are constitutionally protected in Mexico.

RL2, La No reforma eléctrica

Sánchez, Luis, La importancia de las instituciones en la regulación económica: un estudio del sector eléctrico mexicano, ITAM, Tesis, México, 2004.

La tesis principal del autor es que “el diseño institucional, la regulación y los grupos de interés son determinantes para que se pueda lograr una reestructuración del sector eléctrico mexicano.”Toda su obra se presenta en un esquema que se divide en dos grandes secciones:Parte I: Marco TeóricoParte II: Estudio EmpíricoEn la primera parte se expone el análisis institucional y se plantea la teoría de la regulación económica. Después se mezclan ambas teorías para explicar las principales características de las instituciones reguladoras (como el gobierno). Con lo anterior, el autor señala la importancia de las instituciones en el análisis económico y la repercusión de éstas en la regulación económica. Por otra parte, para poder plantear reformas a la industria eléctrica, el autor estudia las características básicas del sector, desarrollando un análisis económico del mercado de la energía eléctrica. Al final de esta sección el autor señala que como la energía eléctrica es un insumo esencial para el desempeño económico y social de cualquier país, la industria eléctrica es un servicio público estratégico, y por lo tanto, tiene que estar regulada por el gobierno.La segunda parte de su obra esta conformada por el estudio empírico de la industria eléctrica nacional. Esta sección comienza con una exposición breve de la historia del sector eléctrico en México. Para el autor, la descripción histórica es muy importante, pues considera que de las decisiones y acciones del pasado (principalmente de la conformación de los grupos de interés), dependerá el desempeño y la organización actual del sector. Una vez establecido lo anterior, el autor expone las principales propuesta de reforma por parte de los partidos políticos mexicanos más representativos (Poder Legislativo), y aplica un modelo de jugadores con poder de veto para comprender el estancamiento en el Congreso de la Unión con respecto a la reforma eléctrica (en esta sección analiza tanto la propuesta de Zedillo de 1999, como las demás propuestas de reforma de Fox, 2001-2003). También en esta sección se describe por un lado, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el efecto de sus resoluciones sobre el sector eléctrico; y por otro, la importancia de los sindicatos en la industria (el sector laboral).
Mi critica a esta tesis se basa en lo siguiente. Este autor considera que con el enfoque planteado en su tesis, bien se podría analizar cualquier sector de la economía. De ahí que la principal intención del autor con su investigación, más que analizar al sector eléctrico mexicano, haya sido el proponer una forma de hacer política pública, en donde se tomen en cuenta no sólo los aspectos de eficiencia económica, sino también a los principales actores políticos y sociales que intervienen en los distintos sectores económicos.Desafortunadamente, su enfoque sólo es descriptivo, más que propositivo, por lo que simplemente analiza el resultado de la parálisis institucional de la reforma que todos conocemos; pero no propone ninguna solución alternativa al conflicto que sea capaz de crear algún tipo de equilibrio cooperativo para aprobar una reforma eficiente.Además, si en verdad quisiera el autor extender la estructura de investigación de su tesis a cualquier análisis del sector económico, primero debería de considerar más divisiones a su esquema de grupos de interés del sector. En su investigación faltó la influencia de la opinión pública en dicho proceso de reforma. En nuestro trabajo, nos hemos propuesto desarrollar dicho elemento.

RL - Eficiencia y política fiscal

Israel H Seguin
Lilian Jaimes

Organización para la Cooperación y el DesarrolloWhat are the OECD's views about the Mexican tax reform 15-Oct-2003 OECDChief Economist Jean-Philippe Cotis http://www.oecd.org/dataoecd/3/63/22425199.pdf

Este artículo discute la importancia de reformar la política fiscal mexicana tomando en cuenta todos los requerimientos del país que demandan de un mayor gasto público por parte del Estado. Destaca el hecho de que es poco el gasto público en relación con el PIB y que además es muy volátil por estar sustentado en los recursos provenientes del petróleo. Es necesario aumentar la base de impuestos que produciría beneficios económicos y sociales mayores con respecto al actual sistema en el que existen muchas distorsiones. Señala que el régimen de preferencias produce bajos niveles de recaudación y que la existencia de una administración muy complicada crea problemas conocidos como “inequidad horizontal” (hay quien paga impuestos y hay quien no los paga), e “inequidad vertical” (medianas y grandes compañías bajo un régimen especial evitan pagar impuestos); todo lo cual produce que México esté por debajo de los países de la OCDE en términos de la productividad del IVA.
También apunta el hecho de que en términos absolutos, los mayores ingresos se benefician más bajo la tasa cero y las exenciones existentes. Según este estudio, no hay justificación económica para que algunos sectores se encuentren bajo un régimen especial, ni siquiera por la supuesta protección de las familias, pues las grandes compañías terminan captando enormes beneficios con estas políticas y se están perdiendo potenciales fuentes de recaudación para el gobierno. Añade que también permanecen muchos ingresos sin impuestos como en el caso del comercio informal, debido a que no existe un régimen amplio de pequeños contribuyentes. Finalmente destaca que un área potencial de recaudación para México es la propiedad, que aún permanece sin desarrollarse. Concluye que esta reforma es necesaria porque el Estado requiere ingresos para incrementar los bajos niveles en la educación, combatir la falta de infraestructura pública y la pobreza entre otros compromisos, todo lo cual requiere altos niveles de gasto público que necesariamente requieren de una mayor eficiencia en las políticas impositivas.
En realidad este artículo es muy interesante porque propone argumentos importantes y hechos relevantes con respecto a la necesidad de una reforma fiscal en México. Quizás sólo pudiera criticarse el hecho de que no analiza otros asuntos igualmente importantes como un análisis de la supuesta regresividad que traería consigo la reforma como se ha argumentado, y a pesar de que señala que serán necesarias algunas compensaciones a las familias de bajos ingresos no analiza si éstas realmente serán suficientes para combatir los posibles efectos negativos que se generarían y que según algunos críticos de la reforma es un hecho indudable. Es decir, quizás a este análisis le falta por incluir otros aspectos que han formado parte de los argumentos en contra de la reforma, y que han hecho difícil si implementación, pues estos contraargumentos económicos se conjuntan con los intereses políticos e impiden el alcance de los objetivos.

Bergman, Marcelo, “La capacidad de recaudar impuestos del gobierno mexicano: ¿el tema previo a la reforma fiscal?”, Documento de trabajo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 17 p.
Ante la propuesta del Presidente Vicente Fox sobre reformar el sistema fiscal mexicano, Marcelo Bergman, hace un análisis sobre el actual sistema. El autor describe las capacidades y fallas de la recaudación en México. En este estudio se puede observar que aún cuando las personas que deberían de pagar impuestos son muchas el sistema no puede recaudar eficientemente los impuestos. Al respecto, aún cuando México tiene un sistema parecido al de otros países la recaudación es más que inferior. Los problemas que encuentra Bergman, y que hacen ineficiente el sistema tributario en México, son el complejo proceso para pagar impuestos y la poca capacidad de recaudar por parte de la Secretaría de Hacienda. Y es que en México la gran mayoría de los casos contra Hacienda los ganan los contribuyentes, además de que los procesos son demasiado complejos lo que no incentiva a las personas a realizar su pago. Todo esto lleva como conclusión a la necesidad de una reforma fiscal que permita al gobierno incrementar al gobierno sus ingresos. Sin embargo, la propuesta del Presidente para combatir la evasión es inútil de acuerdo con Bergman debido a que la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicinas no será suficiente. Su argumento consiste en decir que aún cuando el número de personas que tendrá que pagar impuestos aumentará no lo hará en proporción a las necesidades recaudatorias del país.Si bien el argumento de Bergman se sustenta mucho en el análisis sobre el sistema fiscal y las fallas que presenta su conclusión es pobre ya que sólo descarta la propuesta del presidente sin analizar sus consecuencias ni dar propuestas. La conclusión a la que llega es que la reforma fiscal no cumple con las expectativas que anunciaba el presidente además de que dejaba de lado los problemas de recaudación del sistema, problemas con mayor prioridad que un cambio impositivo. Esta conclusión es débil cuando sólo descarta la propuesta sin dar opciones de solución. Al respecto, Bergman hace mucho énfasis en la eficiencia de las instituciones, la transparencia, la mejora de los procesos para pagar impuestos, etc., pero no da pautas claras para alcanzar alguna de estas metas. Sobre la falta de análisis de las consecuencias de la reforma cabe decir que aún cuando el autor demuestra que los resultados no son los que pretende el presidente el incremento en la base tributaria forzosamente incrementará los ingresos para el gobierno. Y ante el aumento de ingresos, dada la estructura de egresos, podría haber evaluado si era eficiente la propuesta o no antes de descartarla. Otro aspecto que elude el autor es que la evasión fiscal con la propuesta del presidente sería mucho menor porque la eliminación tasa cero en alimentos y medicinas se aplicaría directamente a los consumidores. De esta forma al argumento le faltan otros aspectos que le den fuerza y sustento.

RL-Gasto coherente con las plataformas

Arely Miranda y Rafael Solís

Leyden, Kevin & Stephen Borrelli, “Party Contributions and Party Unity: Can Loyalty Be Bought?”, The Western Political Quarterly, Vol. 43, No. 2 (Jun., 1990), pp. 343-365.
El paper de Leyden y Borrelli analiza el impacto de las contribuciones partidistas en las campañas de demócratas y republicanos. Considera que, incluso en un país donde los comités de los partidos apoyan financieramente muy poco a sus candidatos para el Congreso, este apoyo se vuelve significativo porque involucra una retribución posterior (lo “poco” es relativo, pues se considera que son mayores las aportaciones de los ciudadanos y de las equivalentes de las APNs estadounidenses). Esto desemboca en un mayor índice de unidad partisana.
El texto propone dos preguntas. Primero, saber si los partidos pretenden recompensar las lealtades pasadas o castigar las deslealtades a través de la distribución de los fondos partidistas por parte de sus candidatos ganadores. Luego, saber si los congresistas que recibieron en su momento asistencia financiera partidista demuestran una mayor unidad partisana cuando son representantes. Se toma en cuenta que ganar más asientos en el congreso es la primera prioridad de los partidos y después queda compensar las lealtades a través de los fondos.
Leyden y Borrelli predicen (OLS y Tobit) la distribución de los fondos por medio de tres factores principales: fortaleza local/estatal del partido (si es fuerte es rico), años de carrera política del candidato (debieran ser proporcionales a su necesidad de recursos) y nivel de apoyo financiero no partidista (ciudadanos y APNs). Aludiendo a que es muy difícil de medir, los autores dan muy poca importancia al apoyo no partidista; es un error porque además de ser el apoyo central, también impacta la intensidad de la necesidad de los candidatos (aunque no falte dinero estos apoyos son útiles al estar etiquetados para pagar medios de comunicación o consultoría externa).
L. y B. detectan que también importa el tipo de apoyo: los fondos coordinados (mucho mayores y con un amplio margen de asignación) o los fondos congresionales directos (limitados a candidatos con características más restrictivas) impactan de formas distintas a republicanos que a demócratas. Los republicanos pueden recurrir más a los fondos coordinados. Esto ayuda a que haya una correlación positiva entre las cantidades de fondos coordinados que reciben los republicanos y la tendencia de estos representantes a votar alineados con su partido en el congreso (no pasa así con los demócratas). Aquí encontramos otra debilidad de la investigación: el periodo de análisis es 1983-1985, una época en la cual la estructura de apoyo financiero de los demócratas muy probablemente era mucho más débil que la republicana.
Los autores concluyen que los representantes que en su momento recibieron fondos partidistas después necesitan demostrar su aprecio votando alineados con la mayoría de su partido. Esto deviene de una aparente contradicción: la tendencia de los congresistas a recibir “todos los aplausos” por sus logros legislativos desvinculándose de sus lazos partidistas choca con el compromiso moral que asumen casi todos los representantes que en su momento recibieron apoyo partidista y que luego retribuirán económicamente a sus colegas partidistas.
Este paper es útil para nuestra propuesta de investigación porque nos basa la relación entre los candidatos (en este caso son congresistas, pero bien se aplica para otro tipo de políticos) y su gasto de campaña alineado con la plataforma, y el gasto que habrá cuando fuere funcionario. Nos provee de otra perspectiva: como funcionario puede estar alineado con la plataforma como un derivado de la necesidad de estar en un partido unido, al cual le debe favores y del cual necesita que exista fortaleza. Sin embargo, habiendo leído a Leyden y Borrelli, el texto sólo nos ayuda para sensibilizarnos en el trabajo previo a la modelación, pero no en la factura de nuestro proyecto.

Winters, Richard, “Party Control and Policy Change”, American Journal of Political Science, Vol. 20, No. 4 (Nov., 1976), pp. 597-636.
En “Party Control and Policy Change” Richard Winters pretende probar que no existe una relación entre el control del partido político gobernante y los cambios en las políticas redistributivas estatales en Estados Unidos durante el periodo de 1951 a 1967.
Las tres variables dependientes estudiadas son el nivel de redistribución, el índice del cambio de redistribución y el índice de alteración (el valor absoluto del índice anterior). Asimismo, las variables económicas independientes reflejan la capacidad y necesidad estatales para redistribuir el gasto (incluyen ingreso per capita y porcentaje de población en manufactura) y las variables políticas independientes determinan el cambio en el gasto estatal con base en el partido en turno (como afiliación partidista del gobernador, porcentaje de Demócratas en la cámara baja de la legislatura estatal) y en la estructura fija (poder de veto y duración del gobierno).
Las hipótesis son:
1) Las variables partidistas tienen poco o nulo impacto en el nivel de redistribución, ya que éste es una función positiva (dirigida a los grupos sociales con menor ingreso) de los recursos estatales y de la necesidad de programas redistributivos.
2) El cambio en la redistribución es positivo en los estados donde el gobernador y legislativo están bajo control del Partido Demócrata y donde históricamente destaque la competencia entre partidos.
3) El índice de alteración depende de variables históricas y estructurales.
El análisis mostró que:
-La única variable económica independiente con un nivel de significancia en las tres regresiones fue la población dedicada a la manufactura (relación negativa con el nivel de redistribución).
-Ninguna de las variables políticas fueron significantes. Al autor opinó que la única y limitada influencia política en el gasto se debería al patrón histórico de las relaciones políticas y a la similitud entre plataformas partidistas.
El autor busca explicar el proceso de conformación del presupuesto como un evento dinámico, sujeto a distintas variables independientes en diferentes tiempos. Sin embargo, el énfasis que otorga Winters a las variables históricas, como el nivel actual de redistribución, para explicar el cambio en las políticas redistributivas se entiende más bien como una defensa determinista. Es decir, el hecho de sustentar que cualquier “cambio” en las políticas se debe a un proceso histórico, limita claramente el margen de cualquier partido de efectuar un cambio sustancial. Esta implicación del autor puede ser muy criticable ya que existe una multicolinealidad entre las variables históricas y las partidistas: ¿es posible que un partido no afecte directamente el rumbo de la historia?
También, al estudiar el sistema bipartidista norteamericano se entiende que ambos partidos políticos tienen una influencia similar en le ejecución de las políticas nacionales y una igualdad de ser elegidos por el electorado. Sin embargo, en sistemas multipartidistas un estudio con estas variables probablemente demostraría que existe una esfera de influencia de algunos partidos sobre las políticas estatales y, en particular, el gasto. De esta manera sería posible probar que en ciertos sistemas partidistas las propuestas del partido se reflejarían en políticas reales. En este caso, sería interesante comparar la relación entre la plataforma y el gasto en sistemas bipartidistas y multipartidistas.

RL. El costo de las políticas públicas: caso “Hoy No Circula”

Uriel Alcántara
Sofia Becerra

“The Choice between market Failures and Corruption”
Daron Acemoglu, Thierry Verdier. The American Economic Review, Vol. 90, No. 1, Mar. 2000.

Resulta normal que la intervención del gobierno ante las fallas del mercado genere ineficiencias, lo que lleva a una disyuntiva acerca de intervenir o no frente a alguna de ellas. Bajo suposiciones como la necesidad de agentes para llevar a cabo políticas públicas de ésta naturaleza, agentes interesados en su bienestar, con información superior y por tanto dificultad para ser monitoreados, y heterogeneidad entre éstos agentes, el modelo llega a los siguientes hallazgos, a través del ejemplo de políticas que tienen que ver contaminación del aire.
En primer lugar, agentes más corruptos llevarán a una burocracia de mayor tamaño relacionada con tal política, aunque esto no es necesariamente costoso en términos sociales. Lo que es seguro es que la relación agente-principal que se genera, donde los primeros tienen más información que el gobierno, crea la oportunidad de corrupción. Esto lleva a la necesidad de políticas alternas que busquen evitar el costo de ésta a través de salarios de eficiencia y el número de burócratas. Cuando es más difícil monitorearlos se tiende a un mayor salario e igualmente a un mayor número, lo cual nos da una idea del punto óptimo de intervención. Cuando los países son más ricos, el costo de aumentar ésta burocracia (es decir, de implementar la política) es mayor debido a que retiran agentes productivos de la economía, mientras que es menor en países menos desarrollados ya que su productividad marginal es menor. Podemos también concluir que una baja corrupción es un costo inevitable asociado a una política pública cuando la intervención es de gran importancia, por lo que se convierte en un parámetro de decisión importante antes de aplicar tal política.
Aunque resulta difícil criticar el documento de Acemoglu y Verdier, pues se basa en una idea sencilla y bien desarrollada, si es posible decir que algunos supuestos resultan difíciles de verificar como el grado en algunos agentes pueden ser más corruptos que otros. Igualmente deja a un lado la posibilidad de la competencia, analizada por otros autores como una opción para disminuir la corrupción, y sólo opta por los salarios y el número de agentes con el mismo propósito. Desde el punto de vista de la política que analizamos, el “hoy no circula”, una de las salidas fue la creación de diversos centros de verificación que operaban independientemente y que competían entre ellos. Esto quizás ocurrió así por la transformación de una política pública parcial a una permanente, y que además creo nuevas fuentes de empleo como empresa particular. Quizás es posible analizar más a fondo éste tipo de políticas como una solución viable y eficiente, y distinguir entre políticas públicas temporales y las permanentes. Es importante mencionar que el autor siempre maneja este tipo de políticas como ex post que modifican conductas ex ante, por lo que deja abiertas opciones ex ante como un área de investigación importante que al parecer presenta más beneicios y resulta menos costoso para la sociedad. Aún así, el paper es un acercamiento importante a este problema y tiene una intuición muy bien fundamentada.


Molina, Luisa T. and Molina, Mario J., “Clearing the Air: A Comparative Study”, Air Quality in the Mexico Megacity; An Integrated Assessment, Kluwer Academia Publishers, The Netherlands, 2002.
Este capítulo es un estudio comparativo entre las políticas que se adoptaron en Los Angeles para “limpiar el aire” y sus homólogas en el área metropolitana de la Ciudad de México. El estudio resulta bastante atractivo ya que Los Angeles y el área metropolitana de la Ciudad de México tienen niveles similares de emisión de contaminantes así como índices de población parecidos. Aunque la densidad en el área metropolitana de México es mucho mayor que en Los Angeles, el estudio aporta datos bastante útiles que se pueden utilizar para analizar la relativa efectividad de las políticas públicas dirigidas al medio ambiente. Otro aspecto importante a comparar es el proceso por medio del cual se forman las políticas públicas; en Estados Unidos existen grupos de presión identificables que además tienen intereses económicos en juego por las nuevas regulaciones creadas para el medio ambiente. En cambio, en México parece ser que las políticas públicas dirigidas al medio ambiente han estado en parte motivadas por el contexto internacional (por ejemplo índices de contaminación que posicionaban a la Ciudad de México en los primeros lugares), o por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la situación se ha vuelto preocupante. También es interesante ver la cantidad de organismos que se han creado para la protección del medio ambiente; al principio se creaba casi uno por sexenio, mientras que en los noventas se crearon y reestructuraron con singular rapidez (dos veces en cinco años) una serie de organismos para la implementación especial del programa elaborado para el mejoramiento de la calidad del aire en la Ciudad de México. El artículo menciona que no todas las medidas que se adoptaron fueron en realidad implementadas; sería interesante investigar aquellos obstáculos que impideron su cumplimiento. Así mismo los autores atribuyen el fracaso del programa PROAIRE (1995-2000) a la falta de coordinación entre instituciones ambientales, así como al poco apoyo financiero y administrativo de otras instituciones.
Este estudio, aunque puede ser utilizado exclusivamente para verificar la efectividad del programa “Hoy no Circula” por los datos que contiene acerca de la emisión de contaminantes, en realidad es mucho más ilustrativo en el área de realización e implementación de políticas públicas. Da a entender que la poca participación ciudadana hace que las políticas públicas se realicen casi a puerta cerrada, con el efecto de que aunque se creen organismos y se legisle en la materia adecuada, el programa que se cree va a tener poca relación con la realidad, ya que cuenta con poco apoyo de los grupos de interés (desde burócratas hasta consumidores de gasolina); al parecer las normas realmente importantes (cómo las normas de calidad de gasolina) se dan mediante negociaciones a puerta cerrada que sólo incluyen a los actores principalmente afectados. Es importante notar que esto útlimo no se hace a través del congreso, sino a la par de lo que legisla el congreso.

RL-- Toma de decisiones en México después de la instauración de un gobierno dividido en 1997: el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación

Ariel Gómez Fuentes y Ximena Contla Romero

Linz, Juan, “The Perils of Presidentialism”, en Journal of Democracy, vol.1, no. 1, 1994

Los escritos de Juan Linz son los precursores de un gran número de ensayos y escritos políticos analizando las ventajas y peligros de un sistema presidencialista. El presidencialismo es criticado por Linz principalmente por la tendencia que genera hacia un régimen autoritario, donde el poder político estaría concentrado en una sola persona. Además, se le critica desde el punto de vista de la ingobernabilidad derivada de un arreglo institucional presidencialista combinado con un sistema multipartidista.

Linz nos dice que el presidencialismo comprende 4 criterios: el jefe de Estado es electo popularmente por un periodo fijo; el poder legislativo no puede nombrar ni destituir al ejecutivo; el jefe de Estado es también el jefe de gobierno; se basa en la división de poderes entre el presidente y el Congreso.

En cuanto a los cinco peligros que enumera Linz, el primero se refiere a la rigidez temporal, pues si un presidente es altamente impopular, la rigidez del periodo presidencial podría causar una parálisis gubernamental. El segundo se basa en la confusión entre jefe de Estado y jefe de Gobierno, ya que el jefe de Estado debe fungir como símbolo de cohesión y unidad nacional y el de gobierno tiende a ser parcial y a responder a los intereses del partido al que representa. El tercero es un problema de legitimidad dual, pues al devenir el poder legislativo y el poder ejecutivo de los resultados de las elecciones populares, no existe ningún principio democrático que defina quien representa, en última instancia, la voluntad ciudadana. El cuarto riesgo es la parálisis gubernamental que podría resultar de la elección de un presidente cuyo partido sea distinto al que obtuvo la mayoría en el congreso. Finalmente, Linz habla de la exclusión del perdedor mediante el término “winner-takes-all”, que se refiere a la condición de suma-cero de este arreglo institucional donde el perdedor podría quedar totalmente excluido de la acción de gobernar.
Sobre este artículo, consideramos que hay varias cuestiones que Linz no toma en cuenta. En sí, creemos que lo que importa es ver los arreglos institucionales existentes dentro de los países. Así, debemos analizar por ejemplo si las facultades de los poderes están claramente definidas. Además, en la mayoría de los países (incluyendo México) existen ya mecanismos para resolver las diferencias entre poderes, pues, aunque el presidente puede detener a la legislatura mediante el veto, existen otros mecanismos que ayudan al consenso, como el de mayoría calificada o los fallos de la Suprema Corte de Justicia en controversias constitucionales. Además, algunos de los defectos que menciona pueden resultar en ventajas, como la rigidez temporal, pues puede ayudar a maximizar la eficiencia del Ejecutivo, creando menos incentivos para socavar su poder por medio de la oposición de los partidos a sus políticas, ya que no se puede acotar el periodo presidencial. Con esto, se hace aún más factible el hecho de que las políticas del gobierno puedan ser consensuadas, maduradas y probadas. Esto genera una estabilidad política imposible de lograr en arreglos en donde el legislativo puede deponer al ejecutivo en el momento que lo decida.

Nacif, Benito, “¿Qué hay de malo con la parálisis? Democracia y Gobierno Dividido en
México”, en línea:
http://www.cide.edu/Democracia_y_gobierno_dividido_en_Mexico.pdf
consultado el 01 de mayo de 2005.

Este artículo trata de revindicar al presidencialismo poniéndolo como una sistema político no malo, a comparación de como varios autores lo describen (incluyendo Linz). El Dr. Benito Nacif enfoca el caso del presidencialismo en nuestro país, y analiza los cinco peligros propuestos por Linz sobre el presidencialismo mediante los casos concretos que han tenido lugar en México.
Es cierto que existen estos peligros, pero lo más importante es notar que no necesariamente se llega a la ingobernabilidad teniendo un presidencialismo y un gobierno dividido como sistema político en un país. De esta forma, se puede ver que en México el Estado sigue teniendo la misma fortaleza, se sigue legislando igual o más que antes, las propuestas en su mayoría son discutidas y aprobadas y existe una constante negociación entre Ejecutivo y Legislativo para no llegar a la parálisis gubernamental.
Por lo tanto, no se sigue necesariamente la tesis de que el gobierno dividido llevará al estancamiento político y a la ingobernabilidad, al menos en nuestro país.
Todo esto nos ayuda con nuestro estudio, pues tenemos bases para suponer de antemano una fuerte negociación entre ambos poderes. Sin embargo, en nuestro caso no importa mucho si en el Congreso se legisla más o menos a partir del gobierno dividido, sino la eficacia con la que se legisla. En particular, mediante el análisis del proceso de aprobación del PEF podemos notar que, a comparación de como propone el Dr. Nacif en su artículo, sí se puede desembocar en México en una parálisis gubernamental más fuerte que la que él considera. En aquellas reformas que involucran mayores costos a la sociedad en o aquellas decisiones obligadas a tomar por los poderes, el conflicto puede ser aún más fuerte e incluso insolucionable. Esto ha sido notorio en las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo actual, como la energética y la fiscal, donde, ha pesar de que ha habido un intenso proceso legislativo en torno a ellas, las iniciativas originales no han logrado ser aprobadas y el choque de poderes se ha hecho más que visible. Y aún más, en el proceso en torno a la adopción del PEF, los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo se han intensificado cada vez más, al punto de que el primero ha decidido hacer uso del poder de veto que tiene para desaprobar el presupuesto adoptado por el Congreso en el 2004, suceso nunca antes visto en nuestro país. Dado que la aprobación de un presupuesto anual es obligatoria para el legislativo y la iniciativa queda en manos del ejecutivo, es de suponer que este proceso es uno de los que mayor conflicto entre poderes creará. Los resultados dependerán de factores como las estrategias de cada poder, las coaliciones que logren formar, el poder de negociación que tenga cada uno de qué tan creíble hagan su amenaza. Entonces, se podrá observar realmente la existencia de un conflicto entre poderes y la capacidad y las herramientas de cada uno para salir victorioso de éste, así como el grado de gobernabilidad existente en nuestro país en materias de suma importancia para la nación, y no sólo mediante el número de iniciativas legisladas y aprobadas por el Congreso a pesar de que muchas de estas sean sobre materias secundarias o implique costos o beneficios bajos o nulos para la sociedad.

RL.- Evaluación de políticas antidrogas

Tania Hernández
Rodrigo Hernández

Young, Stephen, Maximizing Harm, Losers and Winners in the Drug War, Writer's Showcase (presented by Writer's Digest), New York, 2000

La principal hipótesis del libro es: la actual políticas anti-drogas crea un gran martillo de la justicia y aplasta a los criminales, pero el problema es que cuando aplasta se esparcen los residuos alrededor. El autor se enfoca en buscar esos residuos, todos los efectos secundarios.
El autor repasa estadísticas y testimonios, al mas puro estilo de noticiero policiaco, dando fe de los efectos secundarios de la “guerra contra las drogas”. Utiliza irónicamente este slogan para burlarse de los pésimos resultados de la política anti-drogas.
El libro observa el problema desde varias perspectivas. La primera son los pésimos resultados de estas políticas con estadísticas de consumo, arrestos, gasto gubernamental, muertes por consumo de drogas y demostraciones del efecto sustitución que ocurre cuando una droga es prohibida en dirección al alcohol y el tabaco. También muestra la ridícula cifra de gasto gubernamental en esta “guerra”: $37 billones de dólares, $19 federales
En el segundo capitulo repasa las violaciones a derechos fundamentales en nombre de la “guerra contra las drogas”. Aquí el autor arroja una serie de casos de personas que fueron asesinadas, abusadas, arrestadas, confiscadas y que resultaron inocentes. Hace un poco mas de estadística descriptiva al contabilizar los fallos de la Suprema Corte que violan sistemáticamente garantías constitucionales de los ciudadanos. Un punto muy interesante que repasa en este capitulo es el origen de las leyes antidrogas, estas tiene su origen en el control a minorías de inmigrantes: chinos-opio, cocaína-negros, marihuana-mexicanos y como estas leyes siguen afectando hoy a los mismos grupos étnicos. Los estereotipos raciales generados por los medios juegan un papel importante en esto.
En el tercer capitulo analiza quienes se benefician de la “guerra contra las drogas” y arroja más cifras sobre gasto militar. Aquí surge el interesante punto del lobby antidrogas liderado por las industrias del alcohol y el tabaco con importantes donaciones a grupos antidrogas. También muestra la corrupción en que han caído los cuerpos policíacos en su exposición a una guerra directa.
En el cuarto capitulo es el que más ideas nuevas propone. Muestra como este problema es creado por información asimétrica entre los ciudadanos y los policymakers. Arroja más estadísticas de la cantidad de mentiras que los políticos dicen, la cantidad de cobertura de los medios para ahcerlo compara las declaraciones de los zres antidrogas y presidentes que contradicen los reportes de la misma DEA y FBI.
Por ultimo el autor pretende motivar al lector diciendo que es una lucha de los individuos en contra de un gobierno corrupto, vil y estúpido. El autor apela a defender las garantías constitucionales y a recuperar la paz y terminar esta “guerra contra las drogas”. Da ejemplos de políticos y ONGs que luchan por la eliminación de las políticas antidrogas.
El libro es muy ilustrativo, muy bueno para todo aquel que quiera realizar un primer acercamiento al problema, pero es poco profundo y acaba siendo un folleto informativo bien realizado.

Becker, Gary and Kevin Murphy, "A Theory of Rational Adiction", Journal of Political Economy, August, 1988, 675-700

En este paper, los autores desarrollan una teoría sobre la “adicción racional”, teoría en la cual la racionalidad implica un plan consistente para maximizar la utilidad a través del tiempo. Así mismo, se considera a un bien potencialmente adictivo cuando el consumo pasado aumenta el consumo actual. Esta teoría se contrapone a la creencia común de que una adicción no es algo racional en sí. Así, una fuerte adicción a un bien requiere de un gran efecto del consumo pasado del bien sobre el consumo actual. Esta complementariedad hace que algunos equilibrios de consumo sean inestables. Esto es importante porque pequeñas desviaciones en el consumo en dichos equilibrios puede desembocar en una creciente adicción o en abstencionismo.
Un punto importante es que un bien puede ser adictivo para algunas personas pero no para otras; esto depende de la función de utilidad que tengan y de la manera en que valúan el presente versus el futuro. El análisis parece indicar que los individuos que valoran más el presente son potencialmente más adictos a bienes dañinos que los individuos que le dan más peso al futuro. La razón de esto, dicen los autores, es que un incremento en el consumo pasado crea un incremento pequeño en el precio total cuando el futuro tiene una tasa mayor de descuento.
Si bien este paper se refiera a adicciones en general, tales como al alcohol, el cigarro y el juego, por citar algunas, el razonamiento utilizado también es aplicable al uso de drogas, y por ello creemos que será útil en nuestra investigación. Un aspecto muy importante de esta investigación es que muestra que si bien la demanda a corto plazo de bienes adictivos pareciera ser muy inelástica, a largo plazo se hace más elástica. Con esto quedaría demostrado que un cambio en el precio del bien en cuestión, producto por ejemplo de la legalización, traería un incremento en el consumo de dicho bien. Entonces, si aplicamos el análisis hecho a las drogas, es de esperarse que la legalización de éstas se vea reflejada en un aumento en el consumo. Este argumento es uno de los más utilizados por aquellos que se oponen a la legalización de las drogas. De acuerdo con el paper de Becker y Murphy, su argumento es válido.
Ahora bien, un punto que queremos recalcar es que si bien una permanente reducción en el precio de las drogas es combinada con, digamos, esfuerzos para educar a la población acerca de los efectos tanto positivos como negativos que puede traer el consumo de drogas, el efecto final no necesariamente sería un incremento brutal en el consumo. Además, queda todavía por probarse cuál es la elasticidad de bienes tales como la marihuana, y si además estos bienes son vistos como complementarios de otros, tales como el alcohol y el tabaco. Así, puede que de entrada lo que implicaría un aumento en el consumo de un bien implique también la reducción del consumo de otro. Quedaría entonces por evaluar qué es preferible en términos de salud pública.

RL2, La No reforma eléctrica

Sánchez, Luis, La importancia de las instituciones en la regulación económica: un estudio del sector eléctrico mexicano, ITAM, Tesis, México, 2004.

La tesis principal del autor es que “el diseño institucional, la regulación y los grupos de interés son determinantes para que se pueda lograr una reestructuración del sector eléctrico mexicano.”
Toda su obra se presenta en un esquema que se divide en dos grandes secciones:
Parte I: Marco Teórico
Parte II: Estudio Empírico
En la primera parte se expone el análisis institucional y se plantea la teoría de la regulación económica. Después se mezclan ambas teorías para explicar las principales características de las instituciones reguladoras (como el gobierno). Con lo anterior, el autor señala la importancia de las instituciones en el análisis económico y la repercusión de éstas en la regulación económica. Por otra parte, para poder plantear reformas a la industria eléctrica, el autor estudia las características básicas del sector, desarrollando un análisis económico del mercado de la energía eléctrica. Al final de esta sección el autor señala que como la energía eléctrica es un insumo esencial para el desempeño económico y social de cualquier país, la industria eléctrica es un servicio público estratégico, y por lo tanto, tiene que estar regulada por el gobierno.
La segunda parte de su obra esta conformada por el estudio empírico de la industria eléctrica nacional. Esta sección comienza con una exposición breve de la historia del sector eléctrico en México. Para el autor, la descripción histórica es muy importante, pues considera que de las decisiones y acciones del pasado (principalmente de la conformación de los grupos de interés), dependerá el desempeño y la organización actual del sector. Una vez establecido lo anterior, el autor expone las principales propuesta de reforma por parte de los partidos políticos mexicanos más representativos (Poder Legislativo), y aplica un modelo de jugadores con poder de veto para comprender el estancamiento en el Congreso de la Unión con respecto a la reforma eléctrica (en esta sección analiza tanto la propuesta de Zedillo de 1999, como las demás propuestas de reforma de Fox, 2001-2003). También en esta sección se describe por un lado, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el efecto de sus resoluciones sobre el sector eléctrico; y por otro, la importancia de los sindicatos en la industria (el sector laboral).

Mi critica a esta tesis se basa en lo siguiente. Este autor considera que con el enfoque planteado en su tesis, bien se podría analizar cualquier sector de la economía. De ahí que la principal intención del autor con su investigación, más que analizar al sector eléctrico mexicano, haya sido el proponer una forma de hacer política pública, en donde se tomen en cuenta no sólo los aspectos de eficiencia económica, sino también a los principales actores políticos y sociales que intervienen en los distintos sectores económicos.
Desafortunadamente, su enfoque sólo es descriptivo, más que propositivo, por lo que simplemente analiza el resultado de la parálisis institucional de la reforma que todos conocemos; pero no propone ninguna solución alternativa al conflicto que sea capaz de crear algún tipo de equilibrio cooperativo para aprobar una reforma eficiente.
Además, si en verdad quisiera el autor extender la estructura de investigación de su tesis a cualquier análisis del sector económico, primero debería de considerar más divisiones a su esquema de grupos de interés del sector. En su investigación faltó la influencia de la opinión pública en dicho proceso de reforma. En nuestro trabajo, nos hemos propuesto desarrollar dicho elemento.

RL- Ambulantaje, Rent Seeking y Corrupción

Oscar Javier Garduño

Luz María González

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Shleifer, Andrei, y Robert W. Vishny (1993) "Corruption" Quarterly Journal of Economics 108(3), 599-617.

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Este trabajo nos da las primeras definiciones y tipos de corrupción. Según los autores son las instituciones y las estructuras de gobierno las que determinan el nivel y el tipo de corrupción. Por tanto, analizan de qué tipo es la relación entre el gobierno y el burócrata para concluir que existen distintas formas de corrupción. 1. Corrupción con robo: cuando el agente o burócrata cobra un sobre costo al precio original del bien. 2. Corrupción sin robo: cuando el agente cobra un soborno sin reportar ningún ingreso al gobierno. 3. La corrupción que se da cuando hay agentes con mayor capacidad de recaudar sobornos y el resultado que esto genera: inversión de más recursos para puestos clave. Para nuestro trabajo analizaremos los casos 2 y 3, pero con ciertas limitantes, ya que en el comercio informal de la Ciudad de México podemos decir que no se reportan ningún ingreso al gobierno; y si sí se reporta no sabemos bajo que condiciones ni que cantidad. En el caso 3 podemos incluir el papel de los líderes. Sin embargo, este trabajo no nos resuelve realmente el problema, ya que en este caso la corrupción se da por agentes del gobierno (burócratas) mientras que los líderes de ambulantes no poseen un puesto formal en el gobierno. Esta es la razón por la cual este paper sólo nos da una línea básica de conceptos que tendremos que desarrollar con mayor precisión para el caso del comercio informal.
Lo que nos puede servir de este trabajo son los tipos de organización industrial del gobierno y sus características con corrupción. Podemos adoptar este criterio para la organización industrial de los líderes en las calles del centro. De esta forma tenemos que puede haber: A. Colusión entre líderes: La corrupción está organizada y es posible que existan sobornos que se den a varios líderes para maximizar la recaudación de sobornos. B. Líderes competitivos: Si compiten líderes según este ubicado el pedazo de calle a rentar, habrá un mercado semi-competitivo y si hay una competencia un precios disminuirá la cantidad de soborno y por ende los ingresos de algún agente del gobierno. C. Líderes independientes: La corrupción no está organizada, y aunque pagues un soborno a un líder, es posible que otro te pida otro soborno. Cada líder castiga la demanda del otro líder, reduciendo la recaudación total de sobornos y el nivel de transacciones. Dados estos tipos de organización podemos analizar en caso se encuentra el ambulantaje en la Ciudad de México y de que manera se pude llegar a un second-best, si es que no hay un óptimo. Este trabajo nos fue útil para analizar en que caso de los anteriores, aproximadamente, se encuentra el comercio informal en la Ciudad de México.

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Ariza, Marina y Juan Manuel Ramírez (SF: 2003), “Urbanización, mercados de trabajo, y escenarios sociales en el México finisecular”, en línea: http://www.prc.utexas.edu/urbancenter/documents/ArizayRamirez51.pdf

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A primera vista, este paper no tiene mucha relación con nuestro tema, pues trata principalmente, las características socioeconómicas de los vendedores informales, y las conclusiones a las que llega son sociológicas y demográficas. Sin embargo, consideramos que este paper nos puede servir porque, en primer lugar, nos da una idea de cómo medir las posibles variables respecto a la economía informal. La posible solución a este problema que encontramos en este paper es utilizar una encuesta del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática: la Encuesta Nacional de Micro negocios (ENAMIN). Esta encuesta nos proporciona datos específicos respecto a las personas cuyo ingreso proviene de organizaciones pequeñas o el autoempleo.
Otro motivo por el que nos puede ser útil este paper es por que complementa bastante bien la perspectiva global e histórica del problema de la economía informal en México, facilitando una mejor comprensión del problema, dado que la obtención de datos generales respecto al entorno de la economía informal provienen principalmente de este paper y de diversas entrevistas que se realizarán a personas que actualmente forman parte de la economía informal. Se puede asumir, entonces, que tenemos una perspectiva lo suficientemente amplia del problema como para proceder al análisis estadístico.
Hay además en este paper muchas ideas sobre como manejar los datos de la economía informal (con modelos logit), sin embargo, ninguno analiza la relación específica entre la economía informal y la corrupción o el rent seeking. Sus modelos sirven para predecir que características sociales y económicas tiene una persona que se dedica a la economía informal. La ausencia de modelos específicos de corrupción y rent seeking limitan este paper de manera que sería muy difícil considerarlo como un apoyo central para la sección cuantitativa. Sin embargo, puede ser de gran valor para poder definir y describir las variables relevantes, así como para interpretar correctamente los resultados de nuestros análisis. Incluso, puede ser útil como control para nuestro modelo, y para determinar contradicciones entre datos reales y resultados de regresiones.
En conclusión, este paper es muy importante para la sección descriptiva del proyecto sobre ambulantaje, rent seeking y corrupción, pues describe a grandes rasgos y mediante números la realidad histórica y actual de la economía informal. Sin embargo, debido a la diferencia de objetivos entre el paper de Ariza y el nuestro, la utilidad que puede tener para la sección cuantitativa es muy poca y se limita a la interpretación y control del modelo.

RL- Educación y Gasto

Brisna Beltrán y Roberto Martínez Barranco

Guryan, Jonathan, “Does money matter? Regression-Discontinuity estimates from education finance reform in Massachusetts”, NBER Working Paper, No. 8269 (Mayo de 2001)

Guryan realiza un estudio para determinar si un mayor gasto por estudiante produce que estos tengan un mejor desempeño. Lo hace evaluando la Massachusetts Education Reform Act de 1993 (MERA), que da dinero a los distritos que históricamente han tenido un gasto escolar menor. Concluye que existe evidencia de que esto es benéfico para los estudiantes de 4º grado, pero que no hay evidencia concluyente respecto a los estudiantes de 8º grado.
El estudio presenta algunas ventajas, en cuanto, divide a sus sujetos de estudio idiosincrásicamente, por grados, por requerimientos especiales, y por las diferentes pruebas (matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales). Sin embargo, consideramos que los coeficientes que encuentra significativos y robustos en el estudio de los alumnos de 4º, no tienen un efecto muy importante (el coeficiente más grande es .054).
Por otra parte, no logra explicar satisfactoriamente porque un aumento del gasto por alumno no tiene los mismos resultados en los alumnos de 8º grado. Él considera que se debe a que después de cierto grado ya no se puede aprender más, sin embargo, esto resulta ilógico si consideramos que hay quienes siguen estudiando. Aceptar esta hipótesis significaría aceptar que el resto de los años que estudien ya no aprenderán más.
Por otra parte, consideramos que un factor que quizá debió tomar en cuenta es la reputación escolar. Aunque ésta vaya muy relacionada con el gasto pues un mayor gasto podría representar una mejor educación impartida y. por tanto, una mejor reputación. Creemos que es importante porque una buena reputación puede atraer a buenos alumnos, mientras que una mala los ahuyenta, por lo que una mala escuela siempre tendrá puntajes bajos, y un rendimiento marginal mayor por cada dólar que se le invierta, que el que tendría una buena escuela.
También, consideramos que sería interesante desglosar a qué dedican las escuelas el dinero que da la MERA, pues podría ser que el gasto entre alumnos de 4º y 8º grado sea distinto, o bien que los de 8º requieran más cosas o más dinero para aprender algo, y este no ha sido suficiente (este aspecto no lo menciona).
Dos aspectos más que el autor no tomó en cuenta y consideramos importantes son el nivel óptimo de gasto escolar y el nivel óptimo de nivel académico. Ya que el exceso o el defecto en uno o ambos niveles puede tener efectos opuestos a los deseados. Las escuelas se pueden volver dispendiosas o bien no poder satisfacer los requerimientos de sus alumnos. Por otra parte, puede ser que los alumnos no alcancen el nivel impuesto por la escuela teniendo un pésimo desempeño, o bien, sea un nivel tan fácil que los alumnos no se sientan motivados y también tengan un bajo rendimiento.

Jacob, Brian A., “Accountability, Incentives and Behaviour: The Impact of High- Stakes Testing in the Chicago Public Schools”, NBER Working Paper, No. 8968 (junio de 2002).

Este paper es muy interesante y busca cuantificar los efectos que tendría introducir exámenes estandarizados a nivel nacional en la calidad educativa. El escrito habla de una política educativa adoptada en Estados Unidos y conocida como No Child Left Behind (NCLB) que busca incrementar la calidad educativa, la responsabilidad de los maestros y las escuelas en general ante los alumnos y padres de familia y brinda la oportunidad a los estudiantes de cambiarse de escuela si ésta no muestra signos de mejoría en su desempeño en los exámenes que se presentan en el tercer, sexto y octavo grado.
El autor detecta algunos problemas en los exámenes que se introducen y afirma que es difícil saber si en verdad aumenta la calidad educativa al introducir exámenes de opción múltiple en determinados grados para medir el desempeño estudiantil y la calidad educativa. Algunos problemas son los que ya todos conocemos, que muchas veces los exámenes dependen más del estado de ánimo de los estudiantes que de sus conocimientos, que los maestros sólo se enfocarán en dar a los alumnos las herramientas necesarias para aprobar el examen y que se dejarán de lado muchas áreas de interés al introducir sólo tests para matemáticas, ciencias naturales y lectura.
Brian A. Jacob hace un buen trabajo para demostrar que los exámenes de este tipo (High- Stakes Testing) mejoran conforme pasa el tiempo y que los exámenes de matemáticas son los que más tienden a mejorar. Sin embargo, Al final del paper el autor parece olvidar los problemas que encuentra en la introducción de exámenes estandarizados. La crítica más grande que haríamos es que el autor no logra conciliar los problemas que detecta en la capacidad de los exámenes para medir la calidad educativa y la aparente mejora que el afirma encontrar en el área de matemáticas.
Me parece que un examen estandarizado, como bien señala el autor, sirve para que las escuelas unifiquen sus programas y la educación se enfoque a ayudar al alumno a aprobar estas pruebas, pues así las escuelas ya no tienen la responsabilidad de dar clases especiales a niños con problemas, como lo propone la política de NCLB. Otro problema que detectamos es que al medir la calidad educativa con base en las matemáticas, las ciencias naturales y la lectura, se obliga a alumnos con otras aptitudes o intereses (música, historia,…) a concentrarse en materias que probablemente no son de su interés, pero que deben acreditar para poder dedicarse a sus áreas de interés.
El punto es que los exámenes estandarizados pueden ser útiles para mejorar el nivel de las escuelas que se encuentran por debajo de la media nacional, pero pueden traer consigo una baja en la calidad de las mejores escuelas, pues los incentivos cambian y lo más importante ya no es preparar a los alumnos lo mejor posible para la vida o la universidad, sino hacer que pasen un examen estandarizado con una alta puntuación. Creemos que lo que se logra al introducir exámenes estandarizados es igualar la calidad educativa mejorando a los peores y empeorando a los mejores y nos parece que sería mejor concentrarse únicamente en mejorar a los que están peor para elevar y no sólo igualar el nivel educativo.

RL- Libertades y Crecimiento

Adriana Crespo Tenorio y Diana Jiménez Trejo

Blume Lorenz and Voigt, Stefan, “Economic Effects of Human Rights,” Working paper 66/04, University of Kassel.

Los autores de este working paper argumentan que los efectos económicos de las violaciones de derechos humanos básicos no han sido estudiados sistemáticamente e intentan construir un modelo para medir este impacto. Utilizan regresiones de MCO para construir cinco modelos diferentes, donde las variables dependientes son el bienestar incremento porcentual en el PIB per cápita, aunque después constriñen el modelo al efecto de diferentes variables sobre el crecimiento. Más concretamente, los autores buscan probar las hipótesis de Barro y Posner, F.A Hayek y Amartya Sen. De acuerdo con Hayek, derechos como la no-discriminación y protección de los derechos de los trabajadores tiene una relación negativa con el bienestar y el crecimiento, mientras que los derechos de propiedad y los derechos humanos básicos tienen relación positiva. Para Barro y Posner sólo los derechos de propiedad son importantes para el crecimiento económico. En cambio, para Sen derechos humanos, de propiedad, civiles y de los trabajadores tienen un efecto positivo en el crecimiento económico. En su modelo, encuentran que altos niveles de protección de derechos humanos, económicos, políticos y civiles tienen efectos en la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
Las variables utilizadas y los métodos para estimarlas no son del todo claras. Los autores tienen 24 variables. No construyen un modelo que incluya todas las variables argumentando que algunas están muy correlacionadas. Sin embargo, los autores no justifican, por ejemplo, por qué incluyen en todos los modelos el crecimiento del PIB per cápita, cuando la variable dependiente es crecimiento del PIB. Además, las otras dos variables básicas de control no fueron medidas al mismo tiempo: la variable para años promedio de educación básica es de 1985, mientras que la variable de inversión pública y privada como porcentaje del PIB se obtuvo de datos de entre 1992 y 1999. Los autores no explican los motivos de esto y el rango de años de la variable dependiente va de 1993 a 2000. Además de que no concuerdan los años en que se midieron las variables, los autores no utilizaron ningún método para estimar el efecto del paso del tiempo en las variables. Esto es, en el tiempo, un cambio en el nivel de educación tiene efectos sobre el patrón de crecimiento y los índices de libertad, pero no se verá en un modelo MCO.
Los autores concluyen que para entender la relación entre los derechos y el crecimiento en los países pobres, debe hacerse un análisis por conglomerados. Sin embargo, sería posible imaginar que el análisis de un solo cluster no aclararía los mecanismos causales de su modelo, dado que, por ejemplo, las variables dicotómicas como América Latina y Presidencialismo o Régimen Militar y derechos civiles quedarían altamente correlacionadas.
En conclusión, aunque la propuesta e hipótesis teóricas de estos autores es muy fuerte, el modelo empírico no es tan claro. Este estudio muestra precisamente la dificultad de nuestra propuesta de investigación: encontrar una medida más directa y confiable de los efectos causales entre libertades y crecimiento.

Farr, W. Ken, Lord, Richard A., Wolfenbarger, J. Larry, “Economic Freedom, Political Freedom and Economic Well-Being: a Causality Analysis”, en The Cato Journal, Vol. 18 No. 2 (Otoño 1998).

El paper intenta hallar algún tipo de causalidad entre las libertades políticas y las económicas. Para ello, primero realiza pruebas de causalidad entre estas últimas y el crecimiento económico, mismas que probaron ser significativas. Sin embargo, no se encontró ningún tipo de explicación causal directa entre las libertades económicas y las políticas. Los autores argumentan que los resultados indican que hay una las libertades económicas podrían explicar las libertades políticas a través del desarrollo económico.
Considero que este texto no aporta muchos datos nuevos a la literatura acerca del tema. Antes de su aparición se había demostrado ya que existe una relación muy significativa entre las libertades económicas y el crecimiento del PIB. De hecho, la teoría de Olson acerca de los bandidos estacionarios y la existencia de un marco institucional como condición necesaria para el crecimiento de la economía fue publicada y comentada con mucha anterioridad al estudio de Farr, Lord y Wolfenbarger. Sin embargo, creo que el mayor logro de los autores fue experimentar con un tipo distinto de pruebas de causalidad. Aún así las pruebas de Granger realizadas por los autores no lograron encontrar ningún resultado nuevo acerca de la relación libertad económica - bienestar económico.
Los proxys que utilizaron los autores tampoco fueron novedosos. Casi toda la literatura existente se limita a tomar el logaritmo natural del PIB de varios países como medición del crecimiento económico. Por otro lado, las libertades económicas fueron medidas con cuatro componentes (inflación, operaciones de gobierno y regulaciones, escalas impositivas y restricciones al intercambio comercial) y las políticas se midieron a través del índice de Freedom House, mismos que fueron incluidos en estudios anteriores como el de Barro y el de Leblang. En pocas palabras, aunque la metodología fue algo novedosa, no logra aportar nada realmente nuevo ya que no utiliza mediciones nuevas ni obtiene resultados nuevos. El texto en una etapa separa los países industriales de los que no lo son para probar si la relación se altera, lo cuál fue realizado por estudios similares como el de Gwartney, Lawson y Block. Tampoco se encontró nada nuevo en este rubro ya que los resultados de sus pruebas demostraron que la relación se acentúa cuando se trata de países con una fuerte actividad industrial.
El verdadero aporte de esta investigación se encuentra en la inexistencia de una fuerte relación entre las libertades políticas y las libertades económicas. Sin embargo, los autores no profundizaron en este rubro ni intentaron controlar por algún tipo de variable para comprobar esta falta de causalidad. Al final, los autores afirman que pudiera existir una especie de puente causal entre dichas libertades a través del nivel de bienestar económico. Según ellos, los resultados pudieran implicar que un mayor nivel de libertad económica lleva a aumentar el desarrollo económico, lo que puede causar un mejoramiento en la protección de las libertades políticas más básicas. Esta afirmación resulta muy interesante y, hasta cierto grado, novedosa. Desafortunadamente, los autores no van más allá, con lo cual dejan un gran espacio vacío en su investigación.

RL- APN

**Instituto Federal Electoral. Estudio Sobre abstencionismo. http://deceyec.ife.org.mx/estudio_sobre_abstencionismo_en_.htm

El documento disponible es un avance de una investigación promovida por el IFE. En él, se analiza el fenómeno del abstencionimso como una variable dependiente de otras variables.
El estudio tiene el objetivo de analizar el fenómeno del abstencionismo a manera de variable dependiente que estaría determinada por un amplio número de variables. Es decir, se intenta buscar las condiciones sociodemográficas, históricas y estructurales que pueden afectar los niveles de participación electoral.
En primer lugar, realiza un estudio comparado entre Estados Unidos, Chile y España, anotando las distintas variaciones existentes para explicar el abstencionismo en cada uno de estos países. El texto señala como razones del abstencionismo el hecho de que no todos los inscritos puedan votar por distintos factores. También apuntan lo ya visto en clase, que el costo de votar tiene que ver con el tiempo y esfuerzo por registrarse en el padrón, el tiempo y esfuerzo de ir a la casilla y los costos para hacerse de información para distinguir entre los candidatos.
En el caso mexicano, divide los estados en cinco grupos según su tendencia histórica al abstencionismo. De igual forma, realiza regresiones para explicar el abstencionismo según escolaridad, grupos de edad, lugar de origen (urbano, rural), ingreso.
Al término del trabajo, se establece una evaluación de las tareas del IFE sobre educación cívica y promoción del voto, y su impacto en el nivel de abstención en las elecciones de 1997. Finalmente, el artículo establece ciertas dificultades al intentar explicar el abstencionismo en México.

Nuestra primer crítica va enfocada al análisis comparativo realizado en un inicio. Las comparaciones son muy superficiales y en algunos países utiliza herramientas que en otros no. El análisis de Estados Unidos es muy grande comparado con el chileno y el español. Esto ocasiona que le falten algunos datos duros para sustentar las aseveraciones que expone.
En otro sentido, el análisis tiene errores en el análisis de algunas variables. Existe colinearidad muy marcada en al menos dos variables: ingreso y vivienda, porque a pesar de que claramente uno influye en otro (a mayor ingreso generalmente mejor tipo de vivienda), las toma como dos variables independientes y aisladas.
Por último, el objetivo de este análisis es determinar las causas de fondo del abstencionismo, mas sólo analiza el perfil del abstencionista. En algunas ocasiones los datos presentados reflejan más de lo que el autor expone, por lo que quizá faltó una observación más detallada de sus datos. Nos parece que este análisis es bueno en términos personales, mas le falta incluir variables globales que puedan determinar otras causas del abstencionismo, como malos gobiernos anteriores, desconfianza general en la elección o si una contienda es cerrada.

**Aguilar José Antonio, “Cultura política y capital social en México: una interpretación crítica”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/capital_social.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)

El artículo hace en primer lugar, un resumen sobre las causas a las que históricamente se le atañen la creación y formación de regímenes democráticos.
Hace una breve descripción de la investigación de Robert Putnam, cuya conclusión es que la diferencia entre el norte y sur de Italia, lugares donde el funcionamiento de la democracia es abruptamente distinta, se centra sobre la organización de redes horizontales de participación ciudadana, una condición que genera confianza en la sociedad y la hace mejorar su gobierno. Esto recibe el nombre de capital social.
Aclara que su trabajo no intentará repetir algo similar a lo hecho por Putnam por no ser su objetivo y por la ausencia de datos en México referente al tema de la asociación de individuos. Por este motivo, su análisis lo hará respaldado en una encuesta realizada en el 2001.
El artículo realiza una investigación sobre la forma de asociarse en México y propone algunas circunstancias características de la manera en que los grupos de la ciudadanía se organizan.
Destaca la necesidad de cierto nivel de desconfianza para asegurar que los derechos serán respetados y evitar un estado de naturaleza por la confianza desmedida. Establece que en una democracia, cierto grado de escepticismo dentro de la sociedad es saludable.
Sin embargo, México tiende al lado contrario al que explica la teoría sobre la asociación de las personas. Mientras para Tocqueville la asociación sirve para colaborar con el gobierno y quitar obstáculos de los caminos, en México la organización de las personas sirve para colocar trabas en el camino. Las marchas y movilizaciones son hechas para incomodar a las personas como medio de presión ante el gobierno. Igualmente señala que una gran minoría de la población (alrededor del 3%) es parte de alguna organización civil, lo cual refleja que una minoría es la que presiona al gobierno para sacar un beneficio que recae en un pequeño sector.
En otro sentido, señala que mientras para Putnam la importancia de las asociaciones es su carácter horizontal, en México la asociación es de carácter vertical, por lo que puede resultar ser perjudicial para el desarrollo del gobierno.
Finalmente establece que antes que capital social en México, debe pensarse en una reforma del sistema que permita derechos liberales efectivos.

La primera crítica se refiere al hecho de utilizar una encuesta para desprender su análisis. Si bien no hay datos en México, algunas preguntas tienen complicaciones en su formulación como para generar conclusiones tajantes. La pregunta sobre si alguna persona se encuentra asociada con la ciudadanía permite un sesgo. La mejor formulación sería plantear diversas opciones sobre colaboración en varias ramas, pues para algunos pertenecer a algo necesario (como un sindicato) quizá no lo vean como formas de asociarse.
En segundo lugar, lo que establece como capital social mal enfocado, referente a que obstruye pero no construye nos parece algo simplista. Toda marcha tiene como último fin protestar para evitar que se tomen nuevas medidas o que se mantenga el status quo, buscan obstruir para construir algo mejor.
Finalmente, establece que deben crearse derechos liberales efectivos antes de crear capital social. Sin embargo, quizá el buscar la creación de capital social fomentaría el establecimiento de derechos liberales efectivos. Son cosas que pueden buscarse paralelamente y no una como consecuencia de otra.

RL Reforma en el sector eléctrico nacional

Reporte crítico del articulo “Nuestra postura ante la nación, la industria eléctrica no está en venta” de José Humberto Montes de Oca Luna[1].

En este artículo se argumentan los puntos en contra de la privatización del sector eléctrico. El primer argumento afirma que la reforma eléctrica, a través de su apoyo a los permisionarios privados, genera violaciones a la Constitución y a la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y, por ende, daños al patrimonio nacional y a los recursos estratégicos del país. El segundo argumento menciona que la política de desmantelamiento de las empresas públicas del sector energético, mediante los recortes presupuéstales y el apoyo federal hacia la inversión privada, condena a éstas a padecer fuertes restricciones operativas, una mayor desaceleración de sus obras de expansión y acumulados rezagos tecnológicos en materia de modernización. A esto hay que sumar el sobreendeudamiento de las empresas públicas, la manipulación de sus estados financieros y la política fiscal depredadora que no les deja utilizar sus propios recursos. Teniendo como resultado que se vean afectados los intereses de los agentes locales, incluyendo la situación de los trabajadores.
El tercer argumento indica que no hay crisis en el sector eléctrico, que no es necesario privatizar la CFE y LFC para garantizar el abasto de energía eléctrica, y que son falsas las cifras del Gobierno. El Gobierno se obstina en favorecer, aun en contra del Estado de Derecho, los intereses particulares de las grandes empresas trasnacionales, sin tomar en cuenta que el modelo de privatización de los energéticos constituye un rotundo fracaso para los países en vías de desarrollo.
Contra-argumentos
Primero, la reforma que se busca no implica abandono por parte del Estado ni debilitamiento de su capacidad para defender los intereses soberanos del país. La reestructuración del sector eléctrico reafirma el liderazgo del gobierno, en un escenario de mayor competencia y apertura, para lograr que todos los ciudadanos se vean beneficiados. La iniciativa de reforma en nada atenta contra la soberanía, al contrario, la fortalece ya que a) se está llevando conforme a la ley —en el proceso de modificación constitucional participan tanto el legislativo como el ejecutivo y b) la reforma propuesta responde a las demandas del desarrollo económico, teniendo como regulador al gobierno.
Segundo, el gobierno federal ha manifestado que respetara los derechos de los trabajadores de la CFE y de LFC, garantizados por los contratos colectivos de trabajo y por la ley, tanto activos como jubilados. La reforma eléctrica busca mayor dinamismo en el sector, creando con esto mayores y mejores oportunidades de empleo. Además, no se contempla despido alguno de trabajadores, las condiciones laborales en el futuro escenario, serán las mismas que las que existen actualmente, ya que por disposición de la ley operará la figura de sustitución patronal.
Tercero, se menciona que no hay crisis en el sector eléctrico, como si el argumento del ejecutivo se sustente en una situación de emergencia extrema. El propósito de la reforma es justamente anticiparse a una situación que genere un estado de crisis. Así, se busca evitar que haya aumentos inesperados en la demanda, que superen nuestra capacidad de respuesta. En general, lo que se pretende es buscar soluciones necesarias para evitar la aparición de escenarios con desabasto de electricidad y con perdida de competitividad de nuestra oferta eléctrica por complicaciones en los costos o en la calidad de suministro.

[1] Pro Secretario del Trabajo en el Sindicato Mexicano de Electricistas.

RL – Lógica de programas anti-pobreza

Jenny Guardado y Sandra Ley

Díaz-Cayeros, Alberto, “El federalismo y los límites políticos de la redistribución”, Gestión y Política Pública, Vol. 13, No. 3, 2004, pp. 663-687.

Este artículo analiza los sistemas federales y sus efectos redistributivos en los sistemas de transferencias para los casos de Brasil, México y Venezuela. Aunque nosotros estudiaremos las transferencias a municipios mediante los programas Progresa y Oportunidades, y este estudio se enfoca en las transferencia federales para los estados, el artículo resulta útil e interesante por el modelo que construido para analizar los factores políticos y económicos determinantes en las transferencias para el caso mexicano.
Tras analizar el año de 1998 en México, el autor afirma que las transferencias mexicanas no son redistributivas, sino que estaban destinadas a premiar a los bastiones políticos. Esta afirmación la hace a partir de una regresión MCO, cuyas variables independientes para cada estado son: el logaritmo del PIB, el inverso de la población, titularidad del estado (calculada mediante la estabilidad histórica de los ejecutivos estatales desde 1935), la variable PAN (estados gobernados por un gobierno de oposición en ese año) y el porcentaje de votos recibidos por el PRI. Las variables que resultan significativas para la explicación son: PIB, población y Voto, las tres con un signo positivo. El hecho de que la variable voto del PRI sea positiva y significativa sugiere que se premiaba a aquellos estados donde el partido era más fuerte. No obstante, Díaz-Cayeros acepta que no es posible distinguir los efectos atribuibles al apoyo partidario de los relacionados con dar ciertas cantidades fijas a cada estado, sin importar la población.
Si bien el argumento del artículo en general apoya nuestra hipótesis de que existen determinantes políticos en las transferencias federales, la forma en que se construyó el modelo para tal explicación, así como la forma en que se escogieron las variables es algo cuestionable. Por un lado, al elegir la variable PAN como medida de la oposición que gobernaba un estado en 1998 se omiten casos en los que el PRD estaba gobernando. Si bien los estados bajo un gobierno perredista no eran numerosos, la inclusión de esos casos podía haber explicado mejor si los gobiernos de oposición realmente recibían un trato diferente cuando se trataba de transferencias. Por otro lado, calcular la variable ‘titularidad’ mediante la estabilidad de los ejecutivos desde 1935 resulta algo cuestionable. ¿Por qué desde 1935, si es obvio que el PRI era prácticamente la única opción? Tal vez habría sido más congruente hacer el cálculo a partir de la década de los setenta u ochenta. Finalmente, la afirmación de que el PRI creó “fórmulas que, si bien parecían redistributivas, de hecho estaban encaminadas a premiar a sus bastiones” es difícil de confirmar porque es complicado medir lo “no-redistributivo”. Es probable que la lógica político-electoral en administración Zedillista fuera un factor importante en las transferencias a estados. Sin embargo, también es probable que eso no determinara todo el programa en general como para pensar que sólo se encaminaba a premiar a los estados priístas. Tal vez habría sido necesario añadir otras variables de control que ayudaran a medir el efecto que las transferencias tenían en la mejoría social de los estados, independientemente del partido del gobernador.

Díaz-Cayeros Alberto, Beatriz Magaloni y Federico Estévez, “The erosion of party hegemony, clientelism and portfolio diversification: The Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) in México”, Documento de Trabajo, Stanford University, 2004.


El artículo propone un modelo que explica las circunstancias bajo las cuales un partido en el poder recurriría al clientelismo con el fin de maximizar la cantidad de votos recibidos. El clientelismo es definido como la transferencia de bienes privados excluibles a particulares, en oposición a los bienes públicos, los cuales, una vez provistos, no son susceptible de impedir a nadie su gozo. Este artículo tiene la cualidad de simplificar, mediante el uso de una variable: el riesgo asociado al bien provisto, si se recurrirá el clientelismo o a la provisión de bienes públicos. A su vez, este riesgo está determinado por el nivel de competencia política en un municipio (si es un municipio bastión ó swing), y su nivel de desarrollo económico (modernización): a mayor competencia mayor clientelismo; a mayor desarrollo económico, mayor costo del voto, menor clientelismo.
Algunas consideraciones deben hacerse con respecto al modelo. En primer lugar, el modelo no distingue entre distintas formas de “clientelismo”, ya que existen diversas maneras de realizar transferencias de bienes privados a particulares, que varían en el nivel de “compromiso” generado hacia el partido, así como en sus efectos en la economía (distorsión de precios, etc). No es lo mismo conceder una despensa básica que un puesto público (si consideramos este como un bien privado no excluible), ya que no solo se trata de una diferencia en costos, sino en los distintos efectos que tiene para la eficiencia. Asimismo, la definición de “clientelismo” utilizada es lo suficientemente amplia como para incluir un amplio espectro de actividades. Ello dificulta la distinción entre lo que serían las políticas de un partido en el poder para promover su plataforma o programa, y las políticas que emprende con fines clientelares. No obstante, uno de los objetivos de la investigación que proponemos es hacer explícitas estas diferencias. Es necesario “ampliar” el modelo en el sentido de que además de la compra de votos, existen políticos preocupados por las distorsiones que el programa pueda tener en el economía, así como por su imagen política. Por lo tanto, existen ciertos tipos de clientelismo son preferidos sobre otros. En cuarto lugar, hay una línea muy tenue entre los bienes públicos que en teoría son “públicos”, pero cuyo acceso pudiera ser limitado a ciertos grupos (i.e. parque público cuyo acceso se logra a través de una carretera de cuota) y los bienes privados, por lo que la provisión de un bien público podría únicamente beneficiar a cierto grupo de personas. En quinto lugar, el modelo implicaría que en el extremo no le conviene al partido hegemónico proveer de bienes públicos que contribuyan al crecimiento económico, por ende este debería complementarse con el modelo del dictador olsoniano. Así, los bienes públicos, si bien encarecen el voto, aumentarían la renta del partido. El modelo es útil como punto de referencia de nuestra investigación, aunque tomando en cuenta las limitaciones anteriormente señaladas, para analizar las características del clientelismo.

BC- APN

Miguel Bonilla, Rodrigo Riestra.

**Aguilar José Antonio, “Cultura política y capital social en México: una interpretación crítica”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/capital_social.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)

**Buendía Jorge, “Determinantes de participación electoral en México”, en Ponencias del Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, IFE en http://deceyec.ife.org.mx/determinantes_participacion.pdf (Visto el 1 de mayo 2005)

**Cajas Juan, Educación cívica no formal en EE.UU. Fundaciones y ONG's, Experiencias de promoción ciudadana y participación democrática, Estudios e Investigaciones IFE, http://deceyec.ife.org.mx/educacion_civica_no_formal.pdf (1 de mayo 2005)
Para el autor, la creación de una sociedad política democrática requiere de una ciudadanía responsable y activa. Sin ella, las reformas sociales, políticas o económicas, carecen de sentido: son demasiado vulnerables.
El artículo consta de tres partes. En la primera se desarrolla una visión general sobre el origen de las ONG’s sin fines de lucro. En la segunda sección, delimita los campos de acción y el grupo de impacto en la sociedad. En la última parte, trata de rescatar lo más valioso de los casos estudiados.
Algo importante del artículo es la diferencia que marca entre el caso de la participación política y ciudadana en Estados Unidos, comparado con América Latina. Establece que la asociación entre ciudadanos en Latinoamérica muchas veces sólo hace énfasis en deberes y derechos ciudadanos, principalmente en la promoción del ejercicio del voto. El autor da a entender que quizá la costumbre de vivir en una cultura democrática, hace que en Estados Unidos ya no se hagan énfasis en estas situaciones, por las que la gente se asocia en pos de otros objetivos.

**Coleman, James, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), S95 –S120.

Este autor es uno de los primeros en utilizar el término de capital social. Término referido a la asociación de la ciudadanía para mejorar su status quo general.
La explicación utilizada por el autor es sencilla de entender: Si A se relaciona con B y cree que B en un futuro tendrá una relación recíproca con A, crea en A una expectativa y en B una obligación. Si A se relaciona con más individuos, las obligaciones y expectativas serán mayores a nivel global, lo cual ocasiona una mayor relación entre los individuos.
Explicando el capital social, se identificaron tres formas de él: obligaciones y expectativas, capacidad de informar a la estructura social y normas acompañadas de sanciones.
El capital social puede ser promovido por la familia o por la sociedad en general. La familiar es más fácil de obtener, sin embargo depende de factores que no son fácilmente controlados o promovidos a nivel global.
Si bien todas las relaciones y estructuras sociales promueven el capital social, para verdaderamente promover la relación entre las personas, se depende principalmente de que exista confianza en el ambiente social, para garantizar la cooperación sostenible en el tiempo.

**Grzybowsky Cándido, “Democracia, Sociedad Civil y Política en América Latina: Notas para un debate”, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, Buenos Aires, 2004.

El autor estudia lo que deben contar los países de América Latina para consolidar su democracia. Para él, con la democratización crece la sociedad civil organizada y en este proceso se produce la ampliación del espacio público y se busca la descentralización de la política.
Para el autor, la democracia se mide por el carácter de sus instituciones, por las relaciones y procesos que ella permite moldear en todas las esferas de la vida de un país.
Establece como un punto crucial en el análisis del proceso de democratización , los cambios que ocurren en la sociedad civil, entendiendo como sociedad civil el conjunto de prácticas sociales con sus relaciones, procesos, normas, valores, percepciones y actitudes, instituciones, organizaciones, formas y movimientos no encuadradas como económicas.
Una de las novedades fundamentales en la consolidación de la democracia son: la irrupción de las mujeres de forma organizada, la desigualdad étnico racial para construir nuevos organismos, el movimiento ambientalista, la búsqueda por el respeto de los derechos humanos de manera organizada, entre otras.
A ojos de este autor, el cisma entre gobiernos y sociedad civil ocurrió no por un distanciamento de la sociedad civil, sino porque el poder estatal se ha olvidado de su base real en la sociedad.
En América Latina, la base de la mayoría de las ONG es producto de una tensión política, en búsqueda por mayor participación y representatividad. Esto permite una conexión entre democracia participativa y representativa.

**Información Oficial de las APN. Instituto Federal Electoral. “Agrupaciones Políticas Nacionales”, http://www.ife.org.mx/InternetCDA/AgrupacionesPoliticas/index.jsp.
De esta página pretendemos tomar la parte más amplia de nuestra investigación. Esta página incluye directorio de las APN, requisitos para constituirse como APN, fiscalización a las APN, financiamiento por parte del Estado, así como requisitos para evaluar el contenido de sus trabajos.

**Instituto Federal Electoral. Estudio Sobre abstencionismo. http://deceyec.ife.org.mx/estudio_sobre_abstencionismo_en_.htm

El documento disponible es un avance de una investigación promovida por el IFE. En él, se analiza el fenómeno del abstencionimso como una variable dependiente de otras variables.
El estudio tiene el objetivo de analizar el fenómeno del abstencionismo a manera de variable dependiente que estaría determinada por un amplio número de variables. Es decir, se intenta buscar las condiciones sociodemográficas, históricas y estructurales que pueden afectar los niveles de participación electoral.
En primer lugar, realiza un estudio comparado entre Estados Unidos, Chile y España, anotando las distintas variaciones existentes para explicar el abstencionismo en cada uno de estos países. El texto señala como razones del abstencionismo el hecho de que no todos los inscritos puedan votar por distintos factores. También apuntan lo ya visto en clase, que el costo de votar tiene que ver con el tiempo y esfuerzo por registrarse en el padrón, el tiempo y esfuerzo de ir a la casilla y los costos para hacerse de información para distinguir entre los candidatos.
En el caso mexicano, divide los estados en cinco grupos según su tendencia histórica al abstencionismo. De igual forma, realiza regresiones para explicar el abstencionismo según escolaridad, grupos de edad, lugar de origen (urbano, rural).
Al término del trabajo, se establece una evaluación de las tareas del IFE sobre educación cívica y promoción del voto, y su impacto en el nivel de abstención en las elecciones de 1997. Finalmente, el artículo establece ciertas dificultades al intentar explicar el abstencionismo en México.

BC - Ambulantaje, Rent Seeking y corrupción

Oscar Javier Garduño

Luz María González

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Bibliografía Comentada

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Ariza, Marina y Juan Manuel Ramírez (SF: 2003), “Urbanización, mercados de trabajo, y escenarios sociales en el México finisecular”, en línea: http://www.prc.utexas.edu/urbancenter/documents/ArizayRamirez51.pdf

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Este paper analiza muchos de los problemas a los que se enfrentan las ciudades en México en la actualidad. Como uno de los problemas, se encuentra el comercio informal. Debido al gran número de personas que viven del comercio informal, los autores construyeron un modelo logit para explicar las características sociodemográficas y ocupacionales que determinan la pertenencia en este sector. La visión sociológica estadística contenida en este trabajo, nos permite tener una perspectiva mucho más amplia, nos acercamos a nuestros sujetos de estudio –ambulantes y líderes de ambulantes- a través de sus características socioeconómicas. Las regresiones y los modelos demuestran que un nivel de educación bajo, una edad avanzada (a partir de los 35 y especialmente después de los 55) y no ser jefe de familia, son condiciones favorables a la selección del trabajo informal como fuente de ingreso. Basados en la Encuesta Nacional de Micronegocios, los autores afirman que actualmente el 34% de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal de la economía. En conclusión, este paper es muy útil para conocer las causas individuales para ser ambulante, y la proporción de la población que participa en la economía informal.
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Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, “La economía subterránea en México”, en J. Achatan, D. Paas y A. Orsatti (comp.), El sector informal en América Latina, CIDE, 1991, pp. 297-330.
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En este artículo se define a la economía subterránea como aquella que no está registrada, o sólo parcialmente registrada, en las estadísticas oficiales. Surge y se desarrolla fundamentalmente por: altos impuestos, excesivo reglamentismo, prohibiciones administrativas y corrupción burocrática. Como resultado de este tipo de economía se genera un cuadro distorsionado de la realidad económica en las estadísticas agregadas. Consecuencia de esto es la reducida efectividad en el diseño e instrumentación de políticas públicas. Por tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se propone en este trabajo conocer, aproximadamente, la magnitud de la economía subterránea "legal" en nuestro país. Para realizar esta medición el CEESP utilizó los métodos de la ecuación de demanda de efectivo y métodos del uso del insumo físico. El resultado de este trabajo es que para finales de la década de los ochentas la magnitud de la economía subterránea en México fluctuaba entre el 23% y 33% del PIB. Este estudio, primera aproximación al conocimiento del fenómeno del comercio informal, fue una exhortación a las autoridades hacendarias para distribuir más equitativamente la carga fiscal. De modo que se dieran incentivos a la economía formal como son: reducir la carga impositiva a empresas, reducir el excesivo reglamentismo, y disminuir el peso de la burocracia (vista como origen de la corrupción). En conclusión, este trabajo es un buen punto de partida para analizar cuál es la actitud de la iniciativa privada frente al problema de la economía informal, así como sus posibles soluciones.

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Daron Acemoglu, y Thierry Verdier, (Mar., 2000) “The Choice between Market Failures and Corruption” The American Economic Review, Vol. 90, No. 1 pp. 194-211.

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INEGI (2000), “Experiencias en la medición del sector informal en México”, en El mercado de valores, Año LX, agosto, edición en español, pp.18-24.
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González Ibarra, Miguel, “Política hacia el comercio informal en la Ciudad de México”, en Cabrero, Enrique (coord.) Gerencia Pública Municipal. Conceptos Básicos y Estudios de Caso, CIDE, 1999, pp. 405-440.
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El problema del ambulantaje ha existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, en las últimas dos décadas se ha incrementado debido a las sucesivas crisis económicas que afectaron los empleos regulares. En la Ciudad de México, se han intentado todo tipo de soluciones, pero difícilmente se ha llegado a acuerdos, principalmente porque el ambulantaje y la corrupción están íntimamente ligados ente ellos. A principios de los noventa, los vendedores ambulantes hicieron presión para recibir un trato justo y regular la situación en la que se encontraban. Sus métodos iban desde negociaciones con los representantes de algunas Delegaciones del Distrito Federal, hasta marchas nudistas. Por su parte, el gobierno intentó poner en marcha varios planes que incluían la negociación y la reubicación de puestos de ambulantes. La mayoría de los partidos políticos incluyó en sus plataformas electorales de 1992-1993, posibles soluciones a los conflictos con los vendedores ambulantes, casi todas eran inflexibles, e intentaba proteger a la economía formal, sin embargo, en el Distrito Federal se criticó mucho la relación entre el PRI y los ambulantes en temporada preelectoral. Por último, en 1992 se firmaron algunos acuerdos con ambulantes, aunque sin mucho éxito.
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Jusidman, Clara (1993), El sector informal en México, Cuadernos del Trabajo 2, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, D.F.
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Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer y Robert W. Vishny (May, 1993) "Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?" American Economic Review 83(2), 409-414.
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Pries, Ludger (1993), “Movilidad en el empleo: una comparación de trabajo asalariado y por cuenta propia en Puebla”, Estudios Sociológicos, 11:32, mayoagosto, pp.475-496.
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Shleifer, Andrei, y Robert W. Vishny (1993) "Corruption" Quarterly Journal of Economics 108(3), 599-617.
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Subsecretaría de Capacitación, Productividad y Empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2000), “El empleo en el sector informal de la economía. Comportamiento reciente y políticas públicas en México”, en El mercado de valores, Año LX, agosto, edición en español, pp.3-17.
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Tevfik F. Nas, Albert C. Price; Charles Teber, (Mar., 1986) “A Policy-Oriented Theory of Corruption” The American Political Science Review, Vol. 80, No. 1 pp. 107-119.