Corrupción y legitimidad de los sistemas políticos

Andrea Ancira y Rodrigo Castro

Mitchell A. Seligson, "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries", The Journal of Politics, vol.64, núm2, pp.408-433.

Los economistas han prevenido de los impactos perniciosos de la corrupción argumentando que ésta incrementa los costos de transacción, reduce los incentivos de inversión y finalmente reduce el crecimiento económico. Sin embargo los politólogos han tenido una visión ambivalente hacia este problema. De hecho, la mayoría de la literatura clásica enfocada en los países en desarrollo considera la corrupción como un elemento funcional para el desarrollo político que habilita a los ciudadanos a superar burocracias intransigentes e ineficientes mientras que incrementa la lealtad al sistema político.[1] El trabajo de Mitchell Seligson tiene como objetivo refutar esa visión y demostrar que la corrupción no sólo es mala para la economía, sino que también tiene efectos negativos en la legitimidad del sistema político. Para hacer su estudio se basa en datos de cuatro países de América Latina registrados en el TI Corruption Perception Index de 1999: El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. Midió la corrupción construyendo un índice basado en 8 preguntas que reflejaban la experiencia que cada entrevistado había tenido con la corrupción en el último año.[2] La variable dependiente es la legitimidad del sistema político, y la midió construyendo un índice con 5 preguntas que reflejaban el apoyo generalizado de las instituciones básicas del gobierno.[3] Utilizó cinco variables que controlaban efectos socioeconómicos, demográficos y de identificación partidista: género, edad, educación, ingreso y apoyo al gobierno en turno.

LEGITIMACY = CONSTANT + CORRUPTION SCALE + GENDER + AGE + EDUCATION + INCOME + VOTE FOR INCUMBENT PARTY

Al correr la regresión Seligson confirmó su hipótesis, ya que la corrupción tuvo un impacto negativo en la legitimidad de los sistemas políticos estudiados: en El Salvador tuvo un impacto de –0.361, en Nicaragua –0.163, en Paraguay –0.056 y en Bolivia –0.137 todos con significancia de α = 0.000 con excepción de Paraguay α = 0.001. En este estudio se logra demostrar de manera empírica que la corrupción afecta la legitimidad del sistema político así como también disminuye la confianza interpersonal afectando las relaciones entre los miembros de la sociedad civil de manera negativa.
[1] Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 1968.
[2] 1)being stopped by a police officer for a trumped-up infraction of the law; 2)being asked to pay a bribe to a police officer; 3) observing a bribe being paid to a police officer; 4)observing a bribe being paid to a public official; 5)being asked to pay a bribe to a public official; 6)being asked to pay an illegal fee to expedite a transaction at the municipal government; 7)being asked to pay a bribe at work; 8) being asked to pay a bribe in the court system.
[3] 1)courts guarantee fair trial;2)respect for the political institutions of the country; 3)pride of living under the political system of the country;4)support for the political system of the country;5)trust in the police.

Corrupción y crecimiento

Paulina Sánchez Román & Bernardo Pérez Franco

Paolo Mauro, “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics. Vol 110, No. 3 (Ago., 1995), pp. 681 – 712.

El autor retoma el debate acerca la relación entre la ineficiencia de las instituciones y la inversión e innovación. Mauro se da a la tarea de desvirtuar la postura de Nathaniel Leff y Samuel Huntington sobre la relación positiva entre corrupción y crecimiento de ciertos países. Leff y Huntington decían que prácticas corruptas como el speed money permiten a los individuos evitar el papeleo burocrático. Asimismo, los empleados del gobierno que tienen regalías sobre los sobornos son más eficientes. Mauro afirma lo contrario: existe una correlación negativa entre la corrupción y la inversión y el crecimiento.

Para contestar esto, el autor utiliza una base de datos de Business International (BI), con escala de 1 a 10 sobre corrupción, burocracia y papeleo (red tape), e ineficiencia del sistema judicial. Como las variables económicas e institucionales pueden ser endógenas, Mauro las controla mediante una segmentación etnolingüística (evita que individuos implicados en actos de corrupción sean del mismo grupo étnico) exógena a las variables antes mencionadas. La muestra abarca 68 países en el periodo entre 1980 – 1983. La corrupción aquí mencionada se refiere al grado en que las transacciones comerciales involucran corrupción o pagos dudosos

Las variables dependientes son el nivel de inversión y el PIB per cápita; y las independientes son la corrupción, red tape, y eficiencia del sistema judicial que son un proxy de eficiencia burocrática. Los datos son analizados mediante OLS y 2SLS. Como la segmentación etnolingüística puede afectar directamente la inversión, pues puede retardar la difusión de ideas y la innovación tecnológica dentro del país, el autor corre regresiones de la eficiencia burocrática sobre la tasa de inversión con variables dummies como la colonización y la independencia de los países antes de 1945. Los resultados que arroja la investigación son: la corrupción está asociada de manera negativa con la tasa de inversión, a pesar de la burocracia y el papeleo; incluso controlando otros determinantes de la inversión como estabilidad política.

La magnitud del efecto es considerable: un incremento de la desviación estándar en el índice de corrupción (una mejoría) está asociado con un incremento en la tasa de inversión en un 2.9% del PIB. Para el PIB per cápita, una desviación estándar de la corrupción produce un incremento de 1.3% en este indicador. Es decir, si Bangladesh quisiera igualar la integridad y eficiencia de su burocracia con Uruguay (que corresponde a un incremento de aproximadamente una desviación estándar en el índice de eficiencia burocrática), su tasa de inversión se incrementaría casi 5 puntos y su tasa de crecimiento del PIB se aumentaría casi 0.5%

National Campions and Corruption

Tania Islas Weinstein
Milena Ang Collán

Alberto Ades y Rafael di Tella, “National Champions and Corruption: some unpleasant interventionist arithmetic”, The Economic Journal, 107, Julio 1997, pp.1023-1042.

El paper busca relacionar las políticas industriales y la corrupción con la inversión en un país. Su pregunta de investigación o lo que buscan examinar es si los posibles beneficios de las políticas industriales intervencionistas, como la promoción de la inversión, son reducidas a causa de la corrupción. Por políticas industriales, se refieren a impuestos, barreras legales, etcétera que cambien el comportamiento de una industria. Los autores sostienen que como este tipo de políticas transfieren rentas a compañías de un determinado sector, los burócratas que controlan los derechos de estas compañías buscan crear mecanismos de sobornos para apropiarse de parte o de la totalidad de estas rentas, el efecto total se puede descomponer en dos efectos: positivo (el efecto mismo de la política se espera que sea positivo) y negativo (efecto de la corrupción). Básicamente lo que buscan es la magnitud de estos dos efectos.
Para hacer esto, utilizan 32 países pero lamentablemente no establecen qué países son. Supongo que esto es porque buscan evidencia que les ayude a conocer la magnitud de estos impactos en general, pero no porque les interese en un país en particular.
La variable dependiente es la corrupción. Para medirla, los autores usan dos índices: el primero es una escala del 1 al 100 en el cual se mide “el grado en el cual las prácticas impropias (como mordida o corrupción) imperan en la esfera pública” y el segundo indica la proporción entre el total de los tratos que se cierran y aquellos que incluyen mordida. El autor nota que el índice de correlación entre ambos es de 0.89. La variable independiente son las políticas industriales y son mucho más complicadas para medirlas. Utilizan un índice que mide el grado al cual la procuración pública está abierta a la oferta extranjera y un índice fiscal que mide el grado al cual hay tratamiento impositivo igualitario para las empresas. Ambos índices utilizan una escala del 1 al 100, siendo el 100 el que hay una cerrazón total a las empresas extranjeras y una política fiscal totalmente desigual. Las variables de control más importantes son escolaridad (los autores asumen que a mayor escolaridad habrá más educación civica y habrán menos actos de corrupción), el grado de libertad política (para saber de qué grado es la competencia política) y el GDP per cápita porque ese es el principal indicador de desarrollo.
Los resultados a los que llega el paper son interesantes. En primer lugar, se comprueba que gran parte de los efectos positivos que causan las políticas industriales se pierde cuando existen actos de corrupción y, a la vez, cuanto más políticas industriales también hay más corrupción. Su conclusión más importante es que, en presencia de la corrupción, el efecto total de la política industrial está entre el 84 y el 56 por ciento del efecto directo de la inversión.

Corruption: What is it good for?

Por lo general, se piensa que la corrupción tiene alguno de estos efectos:
1) Afecta principalmente a los pobres, pues no tienen la capacidad de ejercer corrupción (otorgar sobornos o dádivas a los agentes gubernamentales) para obtener los servicios. Se considera a la corrupción como una fuerza conservadora, ya que impide cambios en el statu quo.
2) Facilita la acción gubernamental, en especial el policy making process. A diferencia de la anterior postura, ésta cree que la corrupción facilita los cambios y hace que sean flexibles en lugar de traumáticos.
3) Simplemente provoca un desperdicio de recursos.
David C. Nice propone en su artículo[1] que ninguna de estas posturas es correcta, e intenta probar que la corrupción no tiene ningún efecto en las políticas públicas.
Para demostrar su hipótesis, el autor utiliza datos de 50 estados de EE.UU. (excluyendo Alaska por ser un outlier). Sus variables independientes son el nivel de políticas públicas en cada estado: seguro de desempleo, nivel del AFDC (el programa de ayuda a familias con hijos dependientes, por sus siglas en inglés) bienestar per capita, número de carreteras, etc. La variable dependiente es la corrupción, medida por el número de agentes de cualquier nivel de gobierno condenados por crímenes relacionados con corrupción.[2] Como variables de control utiliza las características económicas y sociales de cada estado y la competencia interpartidista (que determinan en gran medida el otorgamiento de los beneficios de las políticas públicas).
Si la corrupción fuera mala para los pobres se deberían poder apreciar menores niveles de compensación por desempleo y menores gastos en bienestar en aquellos estados con altos niveles de corrupción. Si se toma la segunda visión (que la corrupción facilita la creación de políticas públicas) se esperarían grandes niveles de gasto y esfuerzos, particularmente en programas con beneficios ampliamente distribuidos. Por otro lado, la tercera opción implicaría un incremento en el costo de todos los programas (y, por lo tanto, un aumento de impuestos).
Ninguna de los casos anteriores es apoyado por la evidencia empírica. Si sólo se incluyen las variables independientes y la dependiente en un análisis de correlación, existe una pequeña relación negativa entre la corrupción y los niveles de políticas públicas. Sin embargo, la relación se vuelve insignificante al incluir las características económicas y sociales de cada estado, y desaparece al agregarle la competencia interpartidista. De esta manera, al utor demuestra que la corrupción no tiene ningún efecto en el nivel de políticas públicas: “La corrupción genera resultados pequeños y de corto alcance, para hacer una diferencia significativa se requieren otras estrategias y tácticas”.[3]
[1] David C. Nice, “The Policy consequences of Political Corruption”, Political behavior, vol. 8, núm. 3 (1986), p. 287-295
[2] Nice reconoce el sesgo de utilizar esta medida (quizá una de las grandes fallas del paper): no todos los crímenes son castigados.
[3] Ibid, p. 293.

Econom�a Pol�tica

Rent-seeking en Corea del Sur
Jocelyn López Casarrubias
Jesús Leal Trujillo

Este autor trata de demostrar que los rendimientos y en general el desempeño adecuado de la economía dependen de la apertura al comercio internacional. Para demostrar esto el autor analiza el caso de Corea del Sur.

El autor presenta la hipótesis de que el crecimiento se ve empobrecido por las actividades regulatorias en dos aspectos: los trabajadores y los directivos no se esfuerzan por la falta de competencia (distribución del mercado entre las firmas); y hay una sobrecapacidad que no se explota como efecto del rent-seeking. Para probar su teoría el autor utiliza una muestra de 51 industrias manufactureras de Corea de los años de 1970. La variable dependiente fue la eficiencia de la industria comparada con protección al mercado y sin protección a este. Así mismo dentro de las mediciones de eficiencia se incluyen las distorsiones provocadas por el rent-seeking.

El autor se encuentra con resultados que no son capaces de medir adecuada y significativamente el nivel de distorsión provocada por estas distorsiones. Esta visión del rent seeking como algo nocivo per se, es puesta en duda mediante el complejo análisis estadístico del autor. La hipótesis de que tiene efectos negativos es aceptada tan solo por la falta de un mejor modelo para evaluar dichas distorsiones.

El artículo resulta interesante y es honesto en sus conclusiones, pues no se aventura por el peligroso mundo de las afirmaciones derivadas de las inferencias estadísticas. Además es interesante que se cuestione los efectos negativos del rent seeking desde una evaluación empírica, 0pues a pesar de que ya se habían formulado hipótesis que asegura que el rent seeking es bueno (Shanon K. Mitchell). En general me parece un artículo bastante interesante.

The Misallocation of Housing under Rent Control Edward L. Glaeser; Erzo F. P. LuttmerThe American Economic Review > Vol. 93, No. 4 (Nov., 2003), pp. 1027-1046 Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8282%28200311%2993%3A4%3C1027%3ATMOHUR%3E2.0.CO%3B2-R

Apoyo de la clase media en Algeria

La pregunta de investigación que Chhibber se plantea en este artículo es ¿por qué un partido dominante (como el FLN) no pudo conservar el apoyo de las clases medias y por qué estos grupos apoyaban al FIS en mayor proporción? La propuesta es que el éxito electoral de los partidos religiosos está basada en buena parte en el papel de los factores económicos. El FLN estaba atado por sus actividades de rent-seeking, lo cual le impedía responder adecuadamente a las crisis, perdiendo así el apoyo de clases medias
El autor utiliza a Algeria como ejemplo. El FLN, partido dominante desde 1962 hasta 1990, no pudo responder adecuadamente a los déficits presupuestarios a mediados de los 80’s, lo cual provocó que las clases medias le quitaran su apoyo y se lo dieran al FIS. Al buscar acaparar votos y agruparse con ciertos grupos (que le daban mayoría) para competir por el rent-seeking, el FLN estaba constriñendo sus opciones de política económica y realizó cambios que dejaban fuera a la clase media. El gobierno estaba tratando de liberalizar el país, pero lo estaba haciendo a través de una alianza con los sectores industriales y en base a la rentabilidad, sobornos, amenazas, promesas e intercambios. La inversión privada era ampliamente estimulada, pero al reorganizar las empresas públicas, el desempleo creció y los trabajadores ya no veían al FLN como su protector. El sector público se dividió en los ricos, que apoyaban las reformas, y en los pobres. Aún así, a economía siguió siendo manejada en buena parte por el gobierno, pero ya no tenía el control suficiente para apoyar los intereses económicos de todas las clases, como lo había hecho hasta entonces.
La variable dependiente es el apoyo de las clases medias y se midió con los resultados electorales de 1990 en elecciones locales de 216 (en total son 1526) comunidades y con el índice censatario de urbanidad. Más específicamente, la variable dependiente eran el número de asientos que cada partido ganó en cada comunidad.
La variable independiente principal son las políticas regulatorias y distributivas que implantó el FLN. El análisis se realiza a través de datos censatarios que únicamente incluyen variables económicas. Más específicamente, las variables independientes principales fueron transformaciones logarítimicas de las categorías sociales usadas en los datos del censo. También con esas categorizaciones se midió la religión, que fue la variable de control principal.
El autor concluye que el dejar fuera a las clases medias al momento de realizar políticas distributivas y económicas, fue lo que le quitó su apoyo. El artículo no describe a profundidad las políticas usadas por el gobierno ante la crisis financiera.

Jimena Castro

Luis Becerril

Proteccionismo a la agricultura en Chile

El autor argumenta en contra de la tesis de que la hegemonía de grupos mineros, agricultores y comerciantes en Chile tuvieron un impacto positivo para una mayor apertura y crecimiento económico. La hipótesis del autor es que los agricultores en Chile, específicamente de la Sociedad Nacional Agricultora, desarrollaron una política, mediante su influencia en el gobierno, de proteccionismo y poca apertura económica. La respuesta que encuentra es que efectivamente en el periodo de 1880 a 1930 existe una política proteccionista que elude la competencia agrícola de los demás países, y por ende impacta negativamente en la eficiencia y desarrollo de la agricultura chilena.

Chile había sido una potencia exportadora en materia agrícola; sin embargo, la entrada al mercado de competidores como Australia, Rusia y países latinoamericanos hicieron que el precio de los productos agrícolas disminuyera, lo cual represento un reto para los agricultores chilenos. Aunado a ello, la creciente urbanización en Chile significo un mercado nacional bastante atractivo, y dada la situación internacional, la SNA decidió centrar su atención en el marcado interno. Con dicho objetivo influenciaron reformas que limitaran las importaciones, además de que detuvieron proyectos de infraestructura, como un tren entre argentina y Chile, para evitar verse en desventaja frente a los mercados extranjeros. La influencia de el grupo industrial y agricultor tuvo el poder suficiente para una reforma tarifaría en 1987.

La variable dependiente son las reformas que el gobierno llevo a cabo para proteger los intereses de los agricultores, a través de tarifas o cuotas a la importación. La variable independiente es la magnitud y fuerza de los grupos de interés. Por ejemplo, la SNA podía influir en tarifas a la importación, pero necesitaba el apoyo de otros grupos, como los industriales, para tener mayor impacto. El impacto de la influencia de la SNA en las tarifas y cuotas a la importación y el estancamiento de proyectos en infraestructura tuvieron a largo plazo un efecto negativo en el desarrollo económico de Chile. Los intereses de los grupos agricultores fallaron en adoptar una política proteccionista que favoreciera una industrialización nacional.

Politicas agrícolas e industriales distorsionantes en Filipinas

Lucero García Reyna
Odile Cortes Abascal


En este paper, los autores compararon los costos de políticas proteccionistas agrícolas e industriales usando un modelo numérico que evaluara el comercio y la economía de Filipinas en los años 70. Lo que encontraron fue que, mientras más se liberalizaron los mercados agrícolas, aumentaron las tasas de importación y por lo tanto, aumentó el gasto económico asociado. Además, los autores dicen que, en el caso de que exististiera rent-seeking, el impacto del beneficio fue muy pequeño.

El objetivo principal de las políticas industriales en Filipinas ha sido promover la competencia en los sectores importadores a través de restricciones a la importación, tarifas e impuestos. Así, se han aceptado varias actas y códigos, las cuales aceleraron la industrialización, impusieron subsidios a las exportaciones y simplificaron los impuestos al comercio. Sin embargo, estas políticas tuvieron el efecto indirecto de retardar el crecimiento de la agricultura, el cual ha sido exacerbado además por políticas agrícolas como controles a los precios de los productos, impuestos a la producción, comercio entre paraestatales e impuestos a las exportaciones.

El modelo, cuyo año base es 1978, supone que existen siete sectores en la economía de Filipinas: cultivos comerciales, industrias agrícolas, exportaciones industriales, importaciones industriales, substitutos a las importaciones, el resto de la agricultura y los servicios. Además, existen dos factores variables y homogéneos: trabajo y capital; existe también un consumidor agregado con una función de utilidad Cobb-Douglas así como las siguientes distorsiones: impuestos a la producción y al comercio, restricciones a la cantidad de importación, rent-seeking, intervenciones en los precios y comercio entre paraestatales.

En este caso, la variable dependiente es el gasto económico asociado, medido en las distorsiones que causan pérdidas económicas. Por otro lado, la variable independiente es la liberalización de los mercados agrícolas y las variables de control utilizadas fueron: tarifas, impuestos a las exportaciones, impuestos a la producción y control de los precios.

Lo que los autores encontraron con estas variables fue que que las políticas comerciales/industriales suponen una pérdida económica importante en cuanto a políticas agrícolas y que la liberalización de la agricultura sin una liberalización en el comercio exterior puede resultar en pequeñas ganancias, lo cual implica que la agricultura no debe ser liberalizada antes que la industria.


Bibliografía
Ramon L. Clarete; James A. Roumasset, "The Relative Welfare Cost of Industrial and Agricultural Policy Distortions: A Philippine Illustration", Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 42, No. 2. (Apr., 1990), pp. 462-472.
http://links.jstor.orglsici?sici=0030-7653%218 99004%292%3A42%3A2%3C462%3ATRWCOI%3E2.0.C0%3B2- 1

PROTECCIONISMO A LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN EU

Por: Jacaranda Pérez y Mónica Martínez

El artículo[1] analiza el impacto y consecuencias del rent-seeking en la industria siderúrgica de los Estados Unidos. La hipótesis central que intentan probar estos autores es que el proteccionismo a esta industria reduce los incentivos a innovar afectando así su desarrollo; así mismo, los precios se incrementan, se crea desempleo y finalmente, se protege sólo a una parte de la industria (a los lobbyers o negociadores).

El desarrollo de este estudio se llevó a cabo con base en el total de compañías que componen el mercado acerero de Standard and Poor´s Corporate Register en el periodo que abarca los años de 1977 a 1988. Este lapso es analizado específicamente por la intensidad de las negociaciones que en él ocurrieron. Así mismo, los autores establecen que las firmas con una producción poco significativa fueron excluidas[2]. De este criterio parte un estudio con 890 observaciones de un total de130 compañías.

Como el artículo pudo estar sesgado, se estableció una sub-muestra de productores especializados, puesto que algunas firmas pueden ser consumidoras y productoras a la vez. De este modo, esta sub-muestra fue convertida en una variable dummy utilizada como variable de control. Así mismo, una variable de control alternativa fue la fracción de códigos SIC en el mercado acerero, líderes similares en sus resultados.

De esta manera, se establece al desempeño de la firma como la variable dependiente de la investigación. Esta variable, a su vez, está medida por las ventas, las acciones, las ganancias, inversión y los salarios. Por otra parte, la variable independiente fue formulada como la participación de cada firma como empresa negociadora o no negociadora. Es decir, participante de políticas proteccionistas o lobbyers.

Del análisis obtenemos que a pesar de que ambas empresas presentan crecimiento en ventas, son las compañías más grandes, con menor diversificación y tecnología obsoleta las que buscan el proteccionismo. Así mismo, la inversión era mucho menor en las empresas negociadoras que en las empresas no negociadoras. Las primeras presentaron un 6.3 % de desempleo anual mientras que las segundas sólo un 0.2%. Las compañías que no se encontraban bajo mecanismos proteccionistas sufrieron menos costos, tenían equipo modernizado y eran más competitivas. A pesar de que los resultados del estudio parecen ser convincentes, el análisis cuantitativo fue muy pobre. La mayoría de los coeficientes no fueron significativos y para evadir este hecho, los autores discriminaron la información de manera poco clara y profesional.

La conclusión del estudio muestra que las barreras proteccionistas reducen el valor de la innovación en la industria protegida y provocan que los trabajadores antiguos, los top managers y accionistas de las empresas negociadoras ganen beneficios privados del proteccionismo. Esto demuestra que la protección no es efectiva para mitigar el costo social de reestructurar la industria y muy al contrario, reduce las ganancias de una verdadera innovación y alienta a las pocas empresas innovadoras a salir del mercado.

[1] Stefanie Lenway; Randall Morck; Bernand Yeung, "Rent Seeking, Protectionism and Innovation in the American Steel Industry”, The Economic Journal, vol 106, n.453, 1996. En: URL:http://links.jstor.org/sici?sici=0013-0133%28199603%29106%3A435%3C410%3ARSPAII%3E2.0.CO%3B2-P

[2] La capacidad de producción promedio es de 400,000 toneladas.

Quinto Reporte - Rent-seeking y Corrupción

Su quinto reporte consistirá en una de dos opciones, explicadas a continuación. Como antes, sus reportes serán preparados en parejas--y como cuatro de ustedes tienen inmunidad (Rodrigo Bueno, Jennifer Farias, Jorge Meade, y Torsten), quedan 18 de ustedes para formar 9 parejas.

Para apartar fecha y paper a estudiar, hagan un COMENTARIO A ESTA NOTA indicando, primero, si eligen la opción 1 o la 2, y más adelante indicando qué paper analizarán. Sólo cuatro parejas podrán elegir la opción 1, y las cinco restantes harán la opción 2. No olviden indicar ambos nombres en sus notas y comentarios.

Ojo: es posible que gente sagaz aparte la opción 2 con antelación forzando así a gente distraída a sufrir la opción 1 con poco tiempo disponible--véanlo como una de mis formas de divertirme y premiar al primer grupo.

Opción 1. Evidencia empírica sobre rent-seeking y/o regulación
Fecha límite: Miércoles 15 de marzo a la medianoche.

Busquen un paper con EVIDENCIA EMPÍRICA sobre rent-seeking, ya sea mediante regulación con efectos socialmente indeseables--estilo Mueller (2003), sección 15.2--o bien mediante tarifas y cuotas--del tipo delineado por Mueller (2003), sección 15.4.

El paper deberá: 1) estar disponible en JSTOR (economía o ciencia política), 2) contar con evidencia cuantitativa sobre el impacto de una regulación, tarifa o cuota en algún indicador de eficiencia o bienestar social. El título de tu nota deberá ser ilustrativo del caso en cuestión, por ejemplo: “Regulación de la industria azucarera en EU" o bien "Tarifas agrícolas en la UE", e incluir una liga al stable-url de JSTOR. Provean la referencia completa en el cuerpo de la nota. Su reporte (máximo 450 palabras) deberá responder lo siguiente:

1. ¿Cuál es la pregunta de investigación del paper, y cuál fue la respuesta hallada?
2. ¿Cuál es el contexto mínimo del caso y la muestra en estudio (origen de la regulación, periodo, país e industria, observaciones y diseño muestral)?
3. ¿Cuál es la variable dependiente(s) de la investigación, y cómo la midieron?
4. ¿Cuáles es la variable independiente clave (ie, cómo midieron la regulación, tarifa o cuota) y cuáles son las principales variables de control?
5. ¿Cuál fue la magnitud y significancia del impacto hallado?

Opción 2. Evidencia empírica sobre consecuencias de la corrupción.
Fecha límite: Miércoles 22 de marzo a la medianoche.

Busquen un paper con EVIDENCIA EMPÍRICA sobre corrupción. El paper deberá: 1) estar disponible en JSTOR (economía o ciencia política), 2) contar con evidencia cuantitativa sobre el impacto de la corrupción (no sobre sus causas, ojo) en algún indicador de eficiencia o bienestar social. El título de tu nota deberá ser ilustrativo del caso en cuestión (ver arriba), e incluir una liga al stable-url de JSTOR. Provean la referencia completa en el cuerpo de la nota. Su reporte (máximo 450 palabras) deberá responder lo siguiente:

1. ¿Cuál es la pregunta de investigación del paper, y cuál fue la respuesta hallada?
2. ¿Cuál es el contexto mínimo del caso y la muestra en estudio (tipo de corrupción, periodo, país , observaciones y diseño muestral)?
3. ¿Cuál es la variable dependiente de la investigación, y cómo la midieron?
4. ¿Cuáles es la variable independiente clave (ie, cómo midieron la corrupción) y cuáles son las principales variables de control?
5. ¿Cuál fue la magnitud y significancia del impacto hallado?

Mayor desigualdad; menor redistribución

Mónica Martinez
Everardo Enríquez

La hipótesis que el autor presenta en su artículo, Inequality, Redistribution, And Rent-Seeking, es que un aumento en la desigualdad de los países propiciará una menor redistribución de la riqueza. Rodríguez pretende demostrar que la teoría sobre la redistribución de la riqueza no tiene ninguna relación con la evidencia empírica.

En su paper presenta un modelo de redistribución, basado en el Teorema del Votante Mediano, en el que a mayor desigualdad menor redistribución. Sus premisas son: que los grupos de interés y los políticos negociaran sobre impuestos; que quienes posean un ingreso no tan bajo pagarán a para controlar a los rent-seeking; y que no hay incentivos para una redistribución de la riqueza.

La democracia no significa la dominación de la clase más pobre en la política, aunque estos sean una mayoría considerablemente superior a quienes poseen un mayor ingreso. Los grupos de interés poderosos, con dinero, tendrán un impacto e influencia en las políticas de impuestos y redistribución. Por ende, no tienen que temer que los pobres los despojen de sus recursos.

En el modelo que presenta desigualdad es sinónimo de transferencias económicas de los ricos a los pobres, finalmente dichas transferencias incrementaran acceso del rico a la clase política, y por ende en una reducción de influencia del pobre en las políticas impositivas –taxes-. El resultado final será una reducción en la tasa impositiva que el pobre puede poner al rico, de forma que ya no se puede dar una distribución de la riqueza.

Su análisis lo realiza utilizando diversas bases de datos, referencia a diversos autores y mediante modelos matemáticos, quizá econométricos. No logramos comprender este último pues utiliza métodos muy elevados que están fuera de nuestro conocimiento. Si podemos establecer una variable dependiente sería el nivel de impuestos, mientras que las variables independientes serían el nivel de desigualdad, la influencia de los grupos de interés y el papel que desempeñan los rent-seeking.

El paper analizado una referencia al Teorema del Votante Mediano como parámetro teórico que definiría una mayor redistribución en la medida que el votante mediano se volviera más pobre. Sin embargo, debido a que el paper utilizado no defiende una postura redistributiva, sino que muestra evidencia de que en la práctica la redistribución en la medida en que aumente la desigualdad será menor. Lo cual nos impide establecer un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Francisco Rodríguez, 2004. "Inequality, Redistribution, And Rent-Seeking," Economics and Politics, Blackwell Publishing, vol. 16, pages 287-320.

Clientelismo: PRI-PROGRESA

Jocelyn López Casarrubias
Jesús Leal Trujillo

El estudio de Yuriko Takahashi “Dynamic Theory of Electoral Competition and Redistribution: Evidence from Mexico” es un primer intento para mostrar que el nuevo programa anti-pobreza, PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación 1997-2000) en México, no está libre de manipulación política, al igual que el viejo programa anti-pobreza PRONASOL, aunque éste benefició más a los pobres siguiendo sus objetivos para disminuir la pobreza. El autor afirma que PROGRESA fue utilizado por el PRI para comprar los votos de gente que apoyaba el partido y que en las últimas elecciones apoyó a la oposición. El Estudio de Takahashi trata de examinar las fundaciones del clientelismo en México.

Desarrollo del artículo:

- El estudio analiza los gastos de PROGRESA con datos a nivel municipal y una población de 1614 observaciones; utiliza datos de patrones de votación y niveles de pobreza en el año 2000.
- Examina la motivación clientelista detrás de PROGRESA para proveer evidencia del cambio en el comportamiento clientelista en México.
- Destaca modelos teóricos de competencia electoral y redistribución.
- Estima los efectos políticos en la distribución de los gastos de PROGRESA en las últimas elecciones de 2000.

Lo que se pregunta el autor es si los políticos usan programas gubernamentales de motivación clientelista para ganar elecciones. Con la apertura a la competencia electoral que se ha dado últimamente bajo la democracia, el clientelismo se ha convertido en una estrategia viable para ganar votos. Su conclusión es que los políticos efectivamente usan el clientelismo para ganar votos, y que el PRI utilizó a PROGRESA para comprar y recuperar votos.

La variable dependiente que utiliza el autor para demostrar su hipótesis es el gasto de PROGRESA per cápita; la variable pobreza es la variable independiente, puesto que supuestamente el programa va enfocado a este segmento de la sociedad, para esto utiliza el índice del CONAPO; para controlar otros efectos socioeconómicos utilizó datos de PIB per cápita, urbanización y población indígena a nivel municipal. Otra variable independiente es la de PRI, que se refiere a la fuerza del PRI en materia de votación en las últimas elecciones municipales; competencia es otra variable independiente que mide como número de partidos en elecciones municipales, las municipalidades con menos competencia partidista estaban dominadas por el PRI, más que por el PAN o el PRD. La última variable independiente es la de cambio, que se refiere a el cambio de votación para el PRI en las últimas dos elecciones municipales. La variable independiente principal es la competencia. Hay una relación causal entre clientelismo y competencia electoral.

El autor argumenta su teoría con el modelo teórico de competencia bi-direccional entre tres partidos, afirma que es razonable dividir a los tres partidos en este modelo porque el PRI compitió contra el PAN, contemplando su ideología, en programas; por otro lado, el PRI compitió contra el PRD para ganar más apoyo, dado que la población que apoyaba a estos partidos era muy parecida. La información que presenta Yuriko Takahashi nos pareció bastante evidente, sabíamos que PROGRESA se había utilizado para comprar votos, que el clientelismo no es algo nuevo y que seguramente permanecerá en México, sin embargo, tuvo el mérito de demostrarlo con diferentes bases de datos y relacionar el caso con un modelo bi-direccional de redistribución.

Yuriko Takahashi, “Dynamic Theory of Electoral Competition and Redistribution: Evidence from Mexico”: artículo preparado para The Comparative Political Economy Workshop, Harvard University, 2005.

On the Vote-Purchasing Behavior of Incumbent Governments (2002) –Rodrigo S. Castro

“On the Vote-Purchasing Behavior of Incumbent Governments”, Matz Dahlberg, Eva Johansson, The American Political Science Review, Vol. 96, No. 1. (Mar., 2002), pp. 27-40

En este paper, los autores se preguntan si hay motivos ‘tácticos’ detrás de la distribución de recursos del gobierno central a los municipios. Derivado de la investigación, los autores encontraron apoyo empírico a su hipótesis –que el incumbent government usa el programa de transferencia de recursos para ganar votos. En particular, encontraron un gran apoyo empírico para el modelo Dixit/Londregan, en el cual el incumbent government distribuye y transfiere recursos a las regiones donde se encuentran swing voters. (También discuten el modelo Lindbeck-Weinbull, el cual rechazan: “we do not find support for the hypothesis that the incumbent governmental purchases votes by investing in their own supporters.”)

Algunas ideas previas:
- Los incumbent governments usan recursos para fortalecer la probabilidad de su reelección.
- En la primavera de 1998, unos meses antes de las elecciones suecas, 2285 millones de SEK fueron distribuidos a 42 (muestra) de los 115 municipios que pidieron los programas de transferencias de recursos (de un total de 225 municipios que hay en Suecia).
- El objetivo formal de los programas de transferencias de recursos era la inversión en “proyectos de desarrollo ecológicamente sustentables”. Los programas mencionados de transferencias de recursos no cumplían con requisitos, tales como suficiencia y equidad.

Modelo Dixit/Londregan

- En cada región hay una distribución de preferencias ideológicas, y dado un cierto nivel de transferencias regionales, habrá un valor crítico (CUTPOINT) que dividirá a los electores (figure 1) en aquellos que votarán por un partido u otro partido. Los partidos tratarán de mover el cutpoint, y así incrementar sus votos –mediante transferencias de recursos.

(el lugar del CUTPOINT fue determinado por un estudio a 2296
ciudadanos de Suecia, usando estudios sobre las elecciones parlamentaria de 1994, y analizando actitudes políticas ante partidos y políticos suecos)

- En este caso, el incumbent government tratará de mover el CUTPOINT hacia la izquierda, y así, incrementar su votación.
- El aumento en las TRANSFERENCIAS regionales de recursos (VD), estará correlacionada de manera positiva con la densidad del CUTPOINT (VI). Además, la teoría predice que los recursos estarán destinados a regiones con ingreso más bajo, dado que esas regiones tienen un mayor margen de utilidad en el ingreso, por lo que pueden ser más fácilmente persuadidos para votar y apoyar al incumbent government.
- Otra variable: DISTANCE BETWEEN BLOCKS: “closer races between parties”

Estudio empírico:
- TRANSFERENCIAS regionales de recursos (VD)
- Variables económicas (eficiencia y equidad) (V.I): VACANCY RATE, SOCIAL WELFARE SPENDING, TAX BASE, CASH FLOW, YOUNG, OLD,
Variables ambientales (V.I): ENVIRONMENTAL RATING IN 1997, SHARE OF VOTES FOR ENVIRONMENTAL PARTY.
- Variables políticoas (V.I): CUTPOINT DENSITY, DISTANCE BETWEEN BLOCS

Resultados:
¿Qué determina si un municipio recibe recursos o no?
Las variables políticas (variables independientes claves que validan la hipótesis) son significantes en las estimaciones (estimación modelo probit); tienen signo positivo: “the more swing voters there are at the cutpoint, the higher is the probability that a municipality receives money from the incumbent government[…] the closer the race in the last election, the more swing voters there are, and the higer the probability of getting money form the central government.” Se logró comprobar el Modelo Dixit/Londregan
Las variables económicas o ambientales no son significativas: “the grant program under study is not used for the equity or efficiency purposes.”

FONCODES: La redistribución accidental

Tania Islas Weinstein
Milena Ang Collán Granillo

Norbert R. Schady, “The Political Economy of Expenditures by the Peruvian Social Fund (Foncodes), 1991-95”, The American Political Science Review, Vol94, No.2. (Jun.2000), pp.289-304.

Los autores se preguntan ¿cómo influenciaron las elecciones en la distribución del fondo social peruano (FONCODES: Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social) durante el primer mandato del presidente Alberto Fujimori (1990-1995)? A esto respondieron que los gastos incrementaron significativamente antes de las elecciones y que los proyectos del FONCODES estuvieron dirigidos a las provincias en donde se esperaba un mayor efecto marginal político. Estos proyectos tendían a favorecer a las provincias más pobres, sugiriendo políticas redistributivas.

La base de datos que utilizó el autor consistía en los gastos para los proyectos comunitarios aprobados por el FONCODES medidos mensualmente por distritos (unidad geográfica más pequeña de administración política en Perú). El periodo estudiado es de noviembre de 1991 hasta mayo de 1995, en el cual hubieron tres elecciones: legislativas, de referéndum para aprobar la Constitución y elección presidencial. En la siguiente gráfica se ve como antes de cada elección incrementaron los gastos a proyectos sociales-redistributivos:


Las variables independientes son el periodo de elección y el grado de pobreza. La variable dependiente es el gasto social de FONCODES. Parecería que ambas variables independientes influenciaron en el gasto, pues éste incrementó justo antes de las elecciones de tal forma que ayudó a los sectores más pobres. Lo que realmente afectó al gasto en los proyectos fue la posibilidad de obtener votos (periodo de elección), y no de redistribuir.

Fujimori creó el FONCODES en 1991 para intentar financiar proyectos que le traerían más votos. Hizo este fondo altamente dependiente del ejecutivo (centralizando su mando pues rendía cuentas a un comité directivo escogido por Fujimori, restando burocracia, haciéndolo más eficiente, etc.). El hecho de que FONCODES tuviera un mando autoritario, permitió su eficiencia, recordándonos a la teoría olsoniana de los stationary bandits, pues un acto de autoritarismo resultó finalmente en la provisión de bienes públicos.

La eficiencia de un organismo centralizado, FONCODES, permitió que los proyectos fungieran de forma redistributiva, pues estuvieron dirigidos a los sectores más pobres. En muchos casos sólo se buscaba atraer el voto de este sector poblacional a través de la implementación de estos proyectos, pero en otros funcionó genuinamente. Esto muestra como la redistribución fue un “accidente”, puesto que nunca se vio como el objetivo principal. Al intentar ganar votos se fortalecieron ciertos mecanismos que promovieron indirectamente esa redistribución. Este caso apoya apoya la tesis de Harms y Zink pues se ve como no fue el grupo más grande (los pobres) quienes se organizaron para conseguir la resdistribuciòn a su favor, sino que todo fue ideado por una pequeña elite que buscaba obtener votos y poder.

Sobre Pronasol (1989-1994) y el New Deal (1896-1932)

Electoral Risk and Redistributive Politics in Mexico and the United States
Paulina Sánchez Román & Bernardo Pérez Franco

La hipótesis es que las políticas redistributivas se administran discrecionalmente en función de los votantes. Los autores relacionan la estabilidad electoral con el gasto redistributivo y ven las diferencias entre los gobiernos hegemónicos y los que no lo son. A partir de trabajos como los de Dixit y Londregan[1], en cuyos modelos los incumbent redistribuyen preferentemente hacia los grupos que deciden una elección, los autores sugieren que hay incumbents que se comportan diferente ante el riesgo. A partir del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y del New Deal demuestran que los incumbents analizan la volatilidad para crear políticas redistributivas en las que se minimice el riesgo y se maximicen las ganancias.

La VI es la volatilidad electoral y la miden aislando el riesgo sistemático, para cada estado se deja fuera la información que responde al riesgo nacional y al riesgo no sistemático. Utilizan la desviación estándar, y la separan en sistemática y no sistemática; únicamente la sistemática es sobre la cual los actores políticos pueden crear parámetros para sus políticas públicas. Hacen una regresión tomando el voto del estado y el nacional, y para cada estado obtienen la siguiente ecuación: Xij= ai +BiXij + Eij; donde X es el apoyo nacional y la a es el voto libre de riesgo (el voto duro).[2] Beta es un estimador de riesgo medido por la covarianza del riesgo entre el estado y la nación.[3] Para comprobar la hipótesis corrieron estas regresiones para todos los estados de México y de Estados Unidos haciendo una tabla de los estimadores y sometiéndolos a comparación y a controles.

Para México la VI es el gasto per cápita del Pronasol de 1989 a 1994; este programa fue la respuesta al descontento con la reducción del gasto público que se reflejo en 1998. El PRI ocupó el Pronasol según tres estrategias: reforzaron su voto duro, ganado votantes en estados competidos y castigando a los estados que pertenecían a la oposición. La prueba de que las políticas tuvieron fines políticos se sostiene en que no destinaron los recursos a los estados más pobres (controlando el ingreso); y controlando los estados de oposición notan que el PRI no destinó recursos a estados como Guanajuato. Un resultado interesante es que el PRI por ser hegemónico no destino recursos a estados con gran volatilidad, por el contrario premió a los estados del sur (bastiones prístas).[4]

En EU el contexto era otro, había realineamiento con los demócratas y se favoreció a los estados con volatilidad electoral alta; en el sur, donde hay hegemonía demócrata, el gobierno respondió como en México (prefiriendo riesgos bajos); y en los estados muy volátiles y con alfa baja ni hicieron el intento. Aquí los controles fueron el territorio, la población y el ingreso per cápita, y los utilizan para aislar el efecto de la importancia del estado en la elección y la pobreza.


[1] Dixit, Avinash, and John Londregan, “The Determinants of Success of Spatial Interest in Redistributive Politics”, Journal of Politics, Vol. 58, No. 4. (Nov., 1996), pp.1132-1155
[2] Las alfa negativas o cercanas a cero son indivsdores de que en esos estados el incumbent no tiene ningún apoyo.
[3] En beta 1 significa que el estado tiene el mismo nivel de riesgo nacional, un beta pequeño son estados adversos al riesgo y un beta grande son estados con altas tasas de retorno.
[4] A través de controles se sabe que no se ayudo más al sur por ser más pobres.

Sobre el voto duro o flotante en la implementación del New Deal

Lindstädt, René, “Core Supporters or Swing Voters? The Geo-Politics of New Deal Spending, Washington University
Odile Cortés & Lucero García

Un excelente artículo que ilustra empíricamente teorías redistributivas por medio de estadísticas que son magníficamente explicadas en el desarrollo de la teoría. El objetivo del paper es decidir si durante el gobierno de Roosevelt y la implementación del New Deal el presidente enfocó el gasto en el voto duro (core supporters) o el voto flotante (swing voters). En principio el autor asume que el New Deal tuvo un objetivo claramente electoral, además de económico. Pero esta asunción demuestra no ser incorrecta en lo absoluto, probando además que Roosevelt distribuyó los otorgamientos del gobierno federal durante los años del New Deal (1933-1939) enfocándose en el voto duro de su partido y su gobierno.

Utiliza dos teorías para comprobar su hipótesis: la primera es la esbozada por Cox y McCubbins[1] que defiende una posición en la que los políticos son adversos al riesgo y por ello canalizan los fondos hacia sus votantes duros. Por otro lado, la teoría de Dixit y Londregan[2] que se afirma que ésta se distribuirá entre el voto flotante para buscar la reelección. La hipótesis que adopta el autor es que Roosevelt utilizó los fondos del New Deal para asegurar el apoyo necesario para colocar mayores temas en la agenda. Esto lo logró por medio de la distribución del gasto hacia el voto duro.

En resumen, su estudio analítico es jerárquico/multilevel y se basa en condados -2964 exactamente - (que no pueden considerarse iguales debido a cargas ideológicas) pero también en los Estados. La variable dependiente es el bloque de otorgamientos totales per capita medido a nivel condado y agregado para los años 1933-39. Las dos variables independientes claves que maneja son el voto promedio democrático (proporción del voto recibido por los demócratas entre 1896 y 1928) y la desviación estándar del voto democrático (habla sobre la fluctuación del apoyo democrático en cada condado).

El completo estudio estadístico (no usa regresiones) se encuentra explicado paso a paso –altamente interesante- y arroja como conclusión que Roosevelt tuvo como objetivo los votos duros mas que los flotantes para avanzar en su agenda política, como la tesis de Cox & McCubbins afirma. También concluye que los senadores con victorias marginales en elecciones previas recibieron menos dinero; los senadores de estados pequeños tampoco pues era más “barato” comprarlos; los condados más agricultores obtuvieron mayores fondos (el New Deal tenía un sesgo hacia ese sector productivo) y, al contrario que en los estados, los condados más grandes sí recibieron más fondos.

Sorprendentemente el tema racial no fue erradicado dentro del New Deal, pues de haber tomado una postura antirracista entonces, habría alienado a sus votantes demócratas.


[1] (1986) “Electoral Politics as a Redistributive Game”, Journal of politics 48(2): 370-89.
[2] (1996) “The determinantes of Success of Special interests in Redistributive Politics”, Journal of Politics 58(4): 1132-55

SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS SUECOS

José Luis Enríquez Chiñas
Valentín Pereda

Mediante este paper[1], Eva Johansson examina el papel que desempeña el interés político en las políticas redistributivas suecas. La autora intenta demostrar, que la manera en que los gobiernos centrales distribuyen el ingreso destinado a subsidios entre los gobiernos locales no está fundada en consideraciones de carácter completamente económico o social; por el contrario, el cálculo del beneficio político por parte de los gobernantes constituye un elemento relevante en la generación de estas políticas.
La teoría que la autora intenta demostrar en éste documento es que los políticos que se encuentran en el gobierno central y desean reelegirse, implementarán políticas públicas que favorezcan sobre todo a los municipios que cuentan con un gran número de votantes inconsistentes (swing voters). Esto se basa en el supuesto de que los votantes inconsistentes van a responder favorablemente a estos incentivos y van a votar a favor de la reelección del gobierno en el poder el día de las elecciones. Por lo tanto, su hipótesis es que mientras mayor incidencia de votantes inconsistentes
Para demostrar su teoría, Eva Johansson adopta el modelo teórico propuesto por Dixit y Londregan ya que facilita la selección de las variables que deben ser incluidas da una idea de los efectos que se deben esperar. Por otra parte, éste modelo clarifica las implicaciones observables de la teoría en cuestión. La evidencia empírica que utiliza es de datos de panel en 255 municipios de Suecia entre 1981 y 1995.
Su variable dependiente es la cantidad de subsidios per capita recibidos en cada municipio. Su variable independiente, sin embrago, es un poco más complicada: desea medir a los votantes inconsistentes, lo que es imposible (no se puede saber si verdaderamente el votante cambió su decisión), por lo que establece dos proxys para esta variable. La primera es midiendo la diferencia de votos entre los conservadores y los socialistas en las elecciones al parlamento central en porcentajes de votación a nivel municipal (llama a esta variable DIFF BLOCS). La segunda es la densidad en el cutpoint (el punto en el que el votante decide cambiar de candidato) donde las distribuciones del sesgo hacia el bloque perdedor se analizan utilizando datos del Swedish Election Studies y los cutpoints están dados por el porcentaje de votos del bloque ganador en la elección (CUTPOINT DENSITY). Sus variables de control son el ingreso, el porcentaje de ancianos y de jóvenes, y la densidad de población.
Los datos que obtiene parecen apoyar su teoría: “los resultados del paper apuntan en la dirección de un sí o un quizá”.[2] Si se toma la medida que ella propone, CUTPOINT DENSITY, ésta es significativa con un coeficiente positivo (a eso se refiere con un sí). Usando DIFF BLOCS no se encuentra un efecto significativo (el quizá de su cita). También descubre que las regiones pobres y con altos niveles de población joven y/o anciana reciben mayores niveles de redistribución.
[1] Eva Johansson, “Intergovernmental Grants as A Tactical Instrument: Some Empirical Evidence from Swedish Municipalities”, Journal of Public Economics, 2003.
[2] Ibid, p. 29.

Los cambios en el congreso y la política redistributiva en India

Rodden, Jonathan y Steven Wilkinson, “The Shifting Political Economy of Redistribution in the Indian Federation”, Preliminary draft of the Annual Meeting of the International Society for New Institutional Economics, sep 2004.
URL: http://web.mit.edu/jrodden/www/materials/rodden.wilkinson.isnie2004.pdf
Esta paper analiza los cambios en la redistribución en India como consecuencia de los cambios en el gobierno. De 1952 a 1989 el Indian Nacional Congress era el partido dominante en el Lok Sabha (House of the People). Después de 1989 el sistema cambió a un gobierno multipartidista. En ambos periodos es posible observar una modificación en la redistribución, el primer periodo estuvo marcado por una redistribución geográfica discrecional, mientras que en el segundo los recursos a distribuir fueron más bien un instrumento para formar coaliciones y mantener el gobierno. Por lo tanto los estados gobernados por el partido dominante debieron haber perdido sus ventajas al comenzar el segundo periodo.
El periodo de estudio comprende de 1957 a 2003 y se analizan todos los estados. La variable dependiente, que es la distribución, está medida por los préstamos reales per capta y concesiones totales per capita. Dichas variables están disponibles para el año fiscal que va del 1ro de marzo al 30 de abril. La variable independiente es el cambio en la composición de la legislatura de partido único a multipartidista.
Las variables de control son: el producto interno per capita y el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas. Las variables dummy son si el estado está bajo la “special category state” (aplicada a estados pequeños o poco importantes por su número de habitantes), si está sujeto al gobierno central en emergencias “president’s rule”, si la afiliación política del ministro estatal es la misma al del gobierno central “congress chief minister”. Una variable independiente muy importante es la denominación del estado, si es “core support” o “swing state”.
Los resultados muestran que durante el periodo en el que the Congress Party fue el partido único, se distribuyeron más transferencias a los estados gobernados por un ministro del mismo partido y a los que estaban divididos entre el partido dominante o cualquier otro opositor que a los gobernados por la oposición. Cuando se introducen las variables “congress chief minister” conjuntamente con la variable “swing state”, se encuentra que los swing states son favorecidos sin importar la afiliación política del gobernador. En el análisis respectivo al periodo de gobierno multipartidista se introducen como variables el número de asientos que pertenecen al partido del gobernador y el número de asientos que están fuera de la coalición en el gobierno pero que pueden apoyar cierta legislación.
En este periodo la variable swing state no tiene significancia. Es decir, no hay asociación entre la distribución y la denominación del estado. Los resultados también muestran que ninguna de las variables políticas tienen significancia. Se encuentra una vez más que cuando el gobernador comparte la afiliación del primer ministro, su estado es favorecido. A pesar que la hipótesis no se cumple del todo, se puede extraer de los resultados que al parecer los estados pivotales son los más beneficiados al igual que aquellos que tienen más legisladores que no pertenecen a la coalición pero la apoyan desde fuera. Esto se puede explicar por que tienen el poder de deshacer la coalición.
De las teorías propuestas por Harms & Fink, ninguna es aplicable en este caso. La teoría de Dixit y Londrengan acerca de la ideología ayuda a explicar este caso. Se puede ver que aquellos estados que prefirieren sacrificar su ideología a cambio de bienes redistributivos son los que acceden a formar parte de la coalición o bien a apoyarla. Aquellos que tienen fuerte preferencia sobre su ideología deciden no sacrificarla y debido a ello son “castigados” con menos beneficios.
Jacaranda María Pérez Martínez.

Regionalismo en China - Luis Becerril - Jimena Castro

Regionalism and Redistribution in South Korea
Yusaku Horiuchi y Seungjoo Lee

Este artículo busca responder la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta el regionalismo la distribución geográfica de recursos públicos en Corea del Sur? La respuesta típica es que dependiendo del lugar de origen de los presidentes, los recursos son destinados a una u otra provincia. Los autores argumentan que los presidentes en el poder, en contra de lo que se podría pensar, destinan mayores montos de gasto público no sólo a los lugares en donde tiene mayor número de partidarios, sino también a los lugares en donde su rival tiene más apoyo y un monto más pequeño a las regiones en donde los votos están divididos de manera similar.
Para demostrar su teoría, se enfocan en los periodos temporales de Kim Young Sam (1993–1997) y Kim Dae Jung (1998-2002). La muestra consiste en 216 observaciones por año fiscal a nivel municipal en aspectos políticos, económicos y demográficos. La variable dependiente es el total de transferencias per cápita del gobierno central al municipal en un año fiscal dado. La independiente principal es la cantidad de votos de un candidato ganador en una municipalidad en la más reciente elección presidencial. Las variables de control son el índice de independencia fiscal, la densidad de población, el cociente de la población sobre 65, los agricultores per cápita y los obreros per cápita. La siguiente ecuación determina la distribución del ingreso:
Después de correr sus regresiones con las variables arriba mencionadas, concluyen que mientras más alto sea el nivel e apoyo para el presidente, mayor será el monto de transferencias intergubernamentales que un presidente racional en el poder distribuye. Por otro lado, mientras menor sea el nivel de apoyo, mayor será el monto. La r² está en un intervalo de .948 a .975. Los coeficientes son estables, casi todos son significativos estadísticamente a pesar de que hay diferencias menores en la magnitudes de los impactos.
Mencionan modelos existentes que no explican el caso de Corea del Sur. El de Dixit dice que el partido en el poder distribuye un monto desproporcionado a distritos con poco voto duro. El modelo de Cox, Snyder y Lee dice que el partido distribuye un monto desproporcionado sus propios partidarios o a los distritos seguros. Un tercer modelo dice que algunos comités legisladores que representan a distritos pequeños tienen la ventaja de asegurar los beneficios para sus distritos. También se apoyan en algunos para definir como el presidente destina los recursos. (Ansolabehere, Gerber and Snyder 2002; Horiuchi and Saito 2003). Esos modelos tienen limitaciones al explicar el caso de Corea del Sur porque: en Corea no hay Distritos (se gana por mayoría simple), los votos no se convierten en asientos.
Ellos creen demostrar que los modelos arriba mencionados no son muy eficientes explicando este caso. En cambio, ayudan a los modelos que hablan sobre la importancia e las instituciones en la determinación de la economía política, como los de Persson and Tabellini (2000, 2003, 2004).

Fiscal federalism and redistributive politics

About Dixit and Londregan (1998)
Fiscal federalism and redistributive politics:
The Essay of Avinash and Londregan treats the redistributive politics between central level of government and local (the level of the states in a federal goverance structure) level. They compared the success of fiscal federalism in unitary and federal systems.
The success of fiscal federalism depends in a federal system of the interaction between the various levels and the outcome of such interaction. If, in a unitary system, there were no local governments to intermediate, the interaction would be between the central political party.
Redistribution politics has an ideological (egilitarian) dimension as well as a tactical one (electoral), but the most important one is the tactical dimension. Governments are either social - welfare maximizers- or reflect the preferences of the median voter and parties bid for the support of swing voters.
The underlying model of redistribution:
Two parties (L and R) competing for the votes of several groups and Ng being the number of people in group g for g = 1, 2,….G. The total number of people is irrelevant, more important is to get the separate groups for its politics. There would be a critical level, called the cutpoint, between the decisions to vote for one of these two parties. So both parties propose a different redistributive policy to the voters who are voting tactically. Groups that have relatively high density at the cutpoint are favored. Voters who have a strong ideological attachment to a party aren’t considered for the party calculus.
The role of economical transfers
In equilibrium, without informational advantages, both parties will promis the same economical transfers to each group of voters. The decision of the individual is a trade – off between its economic advantages (which both parties have promised) and the ideological position of each political party. In a federal system (with a divided government) the role of the economic transfer is less important and there is a better balance on the ideological position issue. The decision to vote for a party depends in a federal system on the ideological position and is less tactically. But the people calculate the consequence of the election in the central level for their local policy.
The model of Dixit and Londregan is a different explanation in comparison with the model of the median voter, which is more fixed about the central level. The model shows the effect of two dimensions, central and local dimension, and the influence of economic transfers in the policy process.
It was interesting to read this essay about redistribution politics and fiscal federalism but it was difficult to get all this stuff (information) in a short essay.
Saludos Torsten

Sobre Dixit y Londregan (1998)

Los modelos de redistribución consideran que en el plano político-económico las motivaciones son puramente egoístas. En la realidad, los ciudadanos y políticos tienen interés en la igualdad de distribución como bien público.
Las teorías de redistribución se han basado en dos modelos: voto por itinerarios de impuestos sobre los ingresos --partidos se preocupan únicamente por su voto y en equilibrio, la utilidad del votante mediano se maximiza-- y las políticas “pork-barrel” --partidos buscan maximizar votos prometiendo transferencias a grupos con gran influencia electoral que son más probables a cambiar su voto como respuesta a estos incentivos de consumo privado.

Modelo
Partidos:
-Dos partidos compiten por votos
-Caracterizados por posición ideológica, programa de impuestos redistributivos y transferencias (que determinan el consumo de los individuos)
-Libertad para cambiar políticas redistributivas y el grupo hacia el que se hace la transferencia de recursos
-Presupuesto limitado
-Ideología (función de bienestar social se deriva de la suma de bienestar de los grupos de derecha e izquierda):
i. Derecha.- individuos tienen derecho a los frutos de su trabajo. Despreocupación por la igualdad.
ii. Izquierda.- donde hay igualdad perfecta no importa que tan bajo sea el nivel de consumo. Despreocupación por la eficiencia económica.
Individuos:
-Interés por cuestión ideológica y consumo privado
-No abstencionismo

La aportación del modelo al teorema del votante mediano y Director’s Law --las clases medias son exitosas en las políticas redistributivas a expensas de los ricos y los pobres-- es la introducción del factor ideológico. Explican que los ricos apoyan la derecha por preocupaciones sobre la eficiencia en la función de bienestar social, mientras que la preocupación de los pobres está en la igualdad, apoyando la izquierda. La clase media se encuentra a la mitad, por lo que el centro pivotal de la política recibe gran influencia de las preferencias ideológicas de dicho grupo. Esto hace que los partidos tiendan a enfocar sus plataformas hacia esta clase y favorecer la tasa de impuesto preferida por estos, convirtiéndolos en los beneficiarios de redistribuciones tipo pork-barrel. En pocas palabras, las plataformas de los partidos reflejan la ideología de la clase media y las políticas de transferencia favorecen estas clases a expensas tanto de los ricos como de los pobres.

Un modelo al simplificar la realidad, deja fuera elementos esenciales para la toma de decisiones, por lo que incluir la ideología me parece un avance importante en la construcción del modelo. Da un paso más al considerar que el criterio de no abstención no se cumple y evaluar su implicación en la ponderación de las votaciones. Es claro al explicar la construcción de la función de bienestar, pero al comentar la semejanza a las conclusiones de los otros modelos, considero que falta un poco más de profundización, dejando atrás la descripción matemática del modelo.

Dixit, Avinash, and John Londregan. Ideology, Tactics, and Efficiency in Redistributive Politics , Quarterly Journal of Economics, Vol. 113, No. 2. (May, 1998), pp. 497-529.

Sobre Dixit y Londregan (1996)

The determinants of success of special interests in redistributive politics

El artículo se enfoca en el tipo de política redistributiva táctica, conocida como pork barrel politics (término acuñado en Estados Unidos que se refiere al gasto gubernamental que beneficia directamente a ciertos individuos a cambio de su apoyo político). Los autores señalan que dentro de la literatura existen un par de enfoques, uno que revisa a los políticos que se encargan de los votantes leales, y otro que se enfoca a los votantes cuyo voto puede cambiar (swing voters); y en el artículo elaboran un modelo que toma en cuenta ambos enfoques. Los supuestos del modelo son los siguientes:

• Dos partidos políticos (L y R) que compiten por el apoyo de los votantes.
• Votantes con afinidades heterogéneas, preocupados por los beneficios particulares que puedan recibir de los partidos, lo que a su vez afecta su lealtad hacía ellos.
• Los partidos cuentan con diferentes habilidades para distribuir dichos beneficios, lo que genera diversos resultados. Se distinguen dos escenarios:

Partidos iguales en sus capacidades de distribución, en donde el resultado depende entonces de los votantes y el grado de utilidad que deriven de la redistribución.

Partidos con capacidades distributivas diferentes y votantes con que tienen las mismas afinidades ideológicas, pero con mucha “disposición” a vender su voto a cambio de beneficios. Aquí, el resultado depende de las habilidades de los partidos para distribuir los beneficios a diversos grupos.

Bajo estos supuestos, los autores crean su modelo que mide la utilidad de los votantes tomando en cuenta las preferencias ideológicas y el consumo, así como el trade-off que experimentan los votantes entre una y otra. Del lado de los partidos, el modelo toma en cuenta la capacidad de distribución de beneficios y la capacidad para imponer impuestos que poseen. Estas políticas son las que tienen efecto sobre el sentido del voto.

Los resultados del modelo establecen que, cuando los partidos tienen la misma habilidad para distribuir beneficios, estos adoptarán estrategias simétricas para la redistribución, en la que ciertos grupos gozarán de cierta ventaja: grupos con una cantidad considerable de “moderados” cuya indiferencia con respecto a la ideología de los partidos puede solucionarse con el ofrecimiento de beneficios; grupos de bajo ingreso que están dispuestos a ceder en el campo de las preferencias políticas para poder obtener una mayor capacidad de consumo. Por otro lado, cuando los partidos tienen habilidades diferentes, estos deberán enfocarse a los “core groups” para hacer uso de dichas habilidades para maximizar el impacto político que puedan tener.

Creo que el artículo presenta un argumento bastante intuitivo y lógico con respecto a los votantes indecisos, que es presentado de manera formal un tanto complicada, pero que sin embargo ayuda a explicar de manera muy concreta la estrategia de las pork barrel politics. Por otro lado, creo que el modelo si deja de lado ciertos aspectos de los votantes, particularmente los indecisos, que podrían afectar su decisión. Por ejemplo, la edad de los votantes puede ser un factor al momento de decidir si aceptar o no los beneficios distributivos. Otro factor que se podría tomar en cuenta es el nivel educativo de los votantes, ya que podría dificultar el que los votantes acepten un beneficio a cambio de su voto. Creo que sería interesante analizar el efecto que podria tener la educación, ya es posible que cambie la estrategia de los partidos para captar el voto de los votantes indecisos

Dixit, Avinash, and John Londregan. The Determinants of Success of Special Interests in Redistributive Politics, Journal of Politics, Vol. 58, No. 4. (Nov., 1996), pp. 1132-1155.

Sobre Dixit y Londregan (1995)

El argumento central de este artículo es que los procesos políticos generalmente compensan a los perdedores del cambio tecnológico y de la competencia internacional de una manera económicamente ineficiente. Esto no se debe a que los políticos sean poco previsores o carezcan de la información y conocimientos necesarios para llevar a cabo políticas de redistribución o compensación económicamente eficientes para los perdedores. Se debe más bien a que la presión del proceso político lleva a los actores políticos a implementar compensaciones económicamente ineficientes, pero políticamente eficientes.
Cuando una empresa o un sector productivo se ve dañado por el cambio tecnológico o por la competencia en el mercado internacional, comienza a rezagarse con respecto sus competidores y a tener pérdidas. Según Dixit y Londregan, la decisión económicamente eficiente sería dar una compensación definitiva o una liquidación a estas empresas que se han vuelto poco competitivas, sobre todo a sus trabajadores, para que puedan costear las transacciones que implica el cambio de empleo, de sector productivo e incluso de localidad. De esta manera, esas empresas poco eficientes cerrarían y cambiarían a un giro más eficiente, así como los trabajadores de estas empresas se moverían a otros sectores y se especializarían en otros ámbitos económicamente más eficientes. A las empresas en declive y a sus trabajadores se les daría una liquidación definitiva que compensara sus gastos de movilización y cambio, así se acabaría con el problema de tener que sostener a empresas ineficientes y el estado no tendría que preocuparse más por ellas.
Sin embargo, la decisión económicamente eficiente que proponen Dixit y Londregan no se lleva a cabo empíricamente porque no es compatible con la decisión políticamente eficiente. Los políticos tienen la presión de la próxima elección, para ganarla necesitan tantos votos como puedan obtener, esto implica que liquidar una empresa o un sector económico ineficiente les podría quitar muchos votos a corto plazo, y ésta es la razón por la que en lugar de retirar del mercado a las empresas improductivas, las subsidian y mantienen. Por otra parte, si los políticos decidieran aplicar la solución económicamente eficiente y en lugar de mantener a sus empresas ineficientes a base de subsidios, simplemente las liquidaran y se deshicieran del problema, entonces nada les aseguraría que a largo plazo las empresas mantuvieran su lealtad partidista o su agradecimiento con el político porque ya no dependerían de él. En cambio, darle subsidios constantes a estas empresas ineficientes significa que los políticos las tienen a su merced, porque éstas dependen de ellos para su funcionamiento.
Creo que la aportación de este artículo es que explica concretamente cuáles son las motivaciones de los actores políticos para implementar políticas económicamente ineficientes y desarrolla tanto matemática como teóricamente el mecanismo causal que lleva a los políticos a tener dichas motivaciones. Por otra parte, el modelo matemático que se desarrolla en este artículo es bastante complicado (al menos para mí) y aunque se supone que sirve para explicar el proceso por el cual los políticos toman decisiones económicamente ineficientes pero políticamente eficientes, no sé si serviría para predecir el momento en que los políticos van a tomar este tipo de decisiones, porque creo que sería imposible medir todas esas variables, o siquiera crear un índice para medir algunas de ellas. Finalmente, creo que una reflexión importante que se puede extraer de este texto es que el sistema de reelección en las democracias puede ser el responsable de la pérdida económica de eficiencia.