Por lo general, se piensa que la corrupción tiene alguno de estos efectos:
1) Afecta principalmente a los pobres, pues no tienen la capacidad de ejercer corrupción (otorgar sobornos o dádivas a los agentes gubernamentales) para obtener los servicios. Se considera a la corrupción como una fuerza conservadora, ya que impide cambios en el statu quo.
2) Facilita la acción gubernamental, en especial el policy making process. A diferencia de la anterior postura, ésta cree que la corrupción facilita los cambios y hace que sean flexibles en lugar de traumáticos.
3) Simplemente provoca un desperdicio de recursos.
David C. Nice propone en su artículo[1] que ninguna de estas posturas es correcta, e intenta probar que la corrupción no tiene ningún efecto en las políticas públicas.
Para demostrar su hipótesis, el autor utiliza datos de 50 estados de EE.UU. (excluyendo Alaska por ser un outlier). Sus variables independientes son el nivel de políticas públicas en cada estado: seguro de desempleo, nivel del AFDC (el programa de ayuda a familias con hijos dependientes, por sus siglas en inglés) bienestar per capita, número de carreteras, etc. La variable dependiente es la corrupción, medida por el número de agentes de cualquier nivel de gobierno condenados por crímenes relacionados con corrupción.[2] Como variables de control utiliza las características económicas y sociales de cada estado y la competencia interpartidista (que determinan en gran medida el otorgamiento de los beneficios de las políticas públicas).
Si la corrupción fuera mala para los pobres se deberían poder apreciar menores niveles de compensación por desempleo y menores gastos en bienestar en aquellos estados con altos niveles de corrupción. Si se toma la segunda visión (que la corrupción facilita la creación de políticas públicas) se esperarían grandes niveles de gasto y esfuerzos, particularmente en programas con beneficios ampliamente distribuidos. Por otro lado, la tercera opción implicaría un incremento en el costo de todos los programas (y, por lo tanto, un aumento de impuestos).
Ninguna de los casos anteriores es apoyado por la evidencia empírica. Si sólo se incluyen las variables independientes y la dependiente en un análisis de correlación, existe una pequeña relación negativa entre la corrupción y los niveles de políticas públicas. Sin embargo, la relación se vuelve insignificante al incluir las características económicas y sociales de cada estado, y desaparece al agregarle la competencia interpartidista. De esta manera, al utor demuestra que la corrupción no tiene ningún efecto en el nivel de políticas públicas: “La corrupción genera resultados pequeños y de corto alcance, para hacer una diferencia significativa se requieren otras estrategias y tácticas”.[3]
[1] David C. Nice, “The Policy consequences of Political Corruption”, Political behavior, vol. 8, núm. 3 (1986), p. 287-295
[2] Nice reconoce el sesgo de utilizar esta medida (quizá una de las grandes fallas del paper): no todos los crímenes son castigados.
[3] Ibid, p. 293.
miércoles, marzo 22, 2006
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